La norma catalana que restringe los VTC entra en vigor este sábado

La norma autonómica que restringe la actividad urbana de los VTC (vehículos de alquiler con conductor) en Catalunya entra en vigor este sábado con el aplauso mayoritario del taxi y el rechazo de las empresas del sector, que amenazan con un alud de reclamaciones judiciales para frenar sus efectos. El decreto del Govern, acordado con el PSC y avalado en el Parlament también por la CUP y los 'comuns', solo permite operar a vehículos de más de 4,9 metros y con una autorización domiciliada en Catalunya y un coche adscrito desde hace más de un año, entre otras restricciones.

El texto dificulta que plataformas como Cabify, Uber y Bolt ofrezcan sus servicios en Barcelona, pues se suma a limitaciones ya vigentes hasta la fecha para los VTC en Catalunya, como la prohibición de aparcar en la vía pública o de recoger a clientes directamente de la calle, así como los 15 minutos de espera obligatorios para quienes soliciten uno de estos coches o la prohibición de usar geolocalización antes del servicio. Nada tiene que ver la norma catalana con la existente en Madrid, mucho más permisiva con los VTC y muy criticada de hecho por el sector del taxi.

Aplauso del taxi

El portavoz de la asociación Élite Taxi, mayoritaria en Barcelona, Tito Álvarez, ha defendido que la validación del decreto ha cerrado "una etapa de conflicto muy fuerte" y "blinda" al sector del taxi. Por contra, desde las patronales Feneval y Unauto han denunciado que el nuevo decreto "pone la soga al cuello" a las empresas del sector y han augurado que se presentarán recursos judiciales contra la norma. Son los propietarios de las licencias -y no las plataformas- quienes, si les son denegadas las nuevas autorizaciones, podrían presentar recurso, señalan fuentes del sector.

Además, están legitimados para interponer un recurso de inconstitucionalidad ante esta y cualquier otra ley autonómica el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados y cincuenta Senadores.

Fin del decreto Ábalos

El decreto autonómico catalán sustituye al real-decreto ley conocido como el decreto Ábalos (por el exministro de Fomento, entonces en el cargo), que tenía como fecha de caducidad el 30 de septiembre de este año. De no haberse aprobado la norma catalana, de hecho, los VTC no podrían operar en ningún caso en ámbito urbano.

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Tiene solo dos años de vigencia, prorrogables durante otros dos, porque el Govern prevé que en este periodo de tiempo varias resoluciones judiciales aclaren diversas dudas sobre las licencias de VTC, en concreto sobre si se pueden establecer ratios y sobre si es legal obligar a precontratar estos servicios.

La intención es que una vez que se hayan despejado todas las dudas jurídicas el Parlament apruebe una norma más amplia que regule aspectos que no pueden fijarse vía decreto, un tipo de norma pensado para circunstancias de cierta urgencia.