Políticas medioambientales
Catalunya crea una Asamblea Ciudadana por el Clima
El organismo, formado por entre 100 y 150 personas, planteará propuestas de acción al Govern
ACN
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El Govern de Pere Aragonès ha aprobado la creación de la Asamblea Ciudadana por el Clima de Catalunya, un ente en el que se debatirán los retos a los que se enfrenta Catalunya por la crisis climática y se formularán propuestas para afrontarlos. Una asamblea similar a nivel de Barcelona ha iniciado su singladura este mes de septiembre.
Una vez aprobada la creación de este organismo, se iniciarán los trabajos previos y la elección de los integrantes, con la intención de poder llevar a cabo la primera reunión de la Asamblea durante el primer semestre de 2023. Según las bases, el organismo lo conformarán entre 100 y 150 personas, que se seleccionarán de forma que constituyan una muestra representativa de la población catalana. La elección será aleatoria.
Un grupo motor asistirá la Asamblea para velar por que el diseño, la implementación y el desarrollo de los trabajos que realice se hagan de acuerdo con criterios internacionalmente aceptados, tenga una representación equilibrada de acuerdo con la realidad social de la ciudadanía catalana y se desarrolle de forma imparcial e independiente que evite posibles sesgos que puedan adulterar su resultado final.
El grupo motor estará integrado por personas de diversas procedencias, perspectivas y experiencias en el ámbito del cambio climático, el medio ambiente, los sectores económicos y la participación ciudadana, con un máximo de entre 8 y 12 miembros.
Las propuestas finalmente acordadas se tendrán que detallar en un informe de recomendaciones que se elevará al Govern, que lo enviará al Parlament para que lo haga llegar a los grupos parlamentarios, para que tengan en cuenta las propuestas y valoren su integración en las iniciativas que corresponda. Las propuestas de la Asamblea se pondrán a disposición del público a través del portal de participación de la Generalitat.
Por su parte, el Govern estudiará y evaluará las propuestas y determinará cómo se incorporarán a las iniciativas de gobierno correspondientes. De este análisis dará cuenta a la Asamblea y al Parlamento, así como de los criterios seguidos en la evaluación de las propuestas. Además, en caso de no aceptación, deberá motivarse su exclusión.
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