Caso Serveis Socials: la fiscalía investiga los sobresueldos

La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación para aclarar los sobresueldos y el posible enchufismo en el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, una entidad participada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona que gestiona la atención a las personas más necesitadas en la capital catalana, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes del ministerio público. Las pesquisas se han iniciado a raíz de la denuncia presentada por el sindicato CGT sobre las irregularidades en la entidad social que fueron destapadas por es diario en base a informes de la Sindicatura de Comptes y la Intervención General de la Generalitat.

La denuncia de CGT se centraba en dos de estas supuestas anomalías que, al entender del sindicato, podrían ser constitutivas de delito de presunto tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos. Una de ellas es el pago de sobresueldos que ascienden a un millón de euros en solo tres años y la otra la contratación a dedo de jefes de servicios, entre ellos dos vinculados a ERC. Las auditorías oficiales hallaron más irregularidades, como malas prácticas en el encargo de servicios por 22 millones de euros sin concurso público, pero este extremo no ha sido denunciado porque, según la organización sindical, ya no sería punible y habría prescrito. Los hechos que se investigan se remontan, sobre todo, cuando el consorcio estaba en manos de CiU.

Retribuciones extra

Los sobresueldos que ahora se investigan estaban por encima de convenio, no contaban con habilitación legal y se habrían desembolsado en 2015, 2017 y 2019, según los informes de la Intervenció General de la Generalitat. En 2015, el organismo destinó a estas retribuciones extras 352.379 euros; en el 2017, 328.726; y en el 2019, 256.000. Estos pagos se concretaban con dos conceptos retributivos ("mejora voluntaria" y "a cuenta del convenio"), que ni constan en las tablas salariales, ni están avalados por la Direcció General de Pressupostos ni la Direcció General de la Funció Pública. Los auditores no pudieron ni concretar la fecha en que se aprobaron esos complementos. Los dictámenes indican que estos sobresueldos son "nulos" e incumplen la ley. CGT sostiene que se han podido pagar cantidades similares desde la creación de la entidad, por lo que la cantidad podría superar los tres millones.

La denuncia del sindicato también recogía la presunta contratación laboral "a dedo" de cinco jefes de servicios y técnicos con fijeza laboral desde el primer día sin pasar por una oposición ni concurso público. El escrito hace referencia a la contratación como jefe de la asesoría jurídica de la entidad de Imma Pérez Rovira, que había ocupado antes la Secretaria d’Infancia y Adolescencia de la Generalitat y la dirección de la DGAIA, de la exdiputada de ERC Georgina Oliva, en la actualidad es secretaria general de la Conselleria de Igualtat i Feminisme, y de otras tres jefaturas de areas.