Ocupaciones delincuenciales

El alcalde de Caldes de Malavella, tras la ocupación en masa: "Sólo sirve la mano dura"

  • Según Salvador Balliu, la mitad de las ocupaciones que existen en el municipio son de traficantes de marihuana

El alcalde de Caldes de Malavella, tras la ocupación en masa: "Sólo sirve la mano dura"

David Aparicio

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Guillem Sánchez
Guillem Sánchez

Redactor

Especialista en Sucesos, tribunales, asuntos policiales y de cuerpos de emergencias

Escribe desde Barcelona

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Caldes de Malavella, o las vecinas Vidreres o Maçanet de la Selva, son municipios de la comarca de La Selva por cuyos territorios se esparcen gigantescas urbanizaciones que escapan al control de las minúsculas policías locales. Muchas de esas casas, abandonadas por sus propietarios tras la crisis económica de la pasada década, han sido pasto de ocupaciones que, a menudo, se efectúan con el objetivo de esconder marihuana en su interior

Salvador Balliu (Junts xCat), que fue noticia el pasado mes de abril por levantar un hacha contra unos ocupas que habían entrado en una casa de su propiedad, un episodio por el que la oposición reclamó su dimisión y por el que deberá responder judicialmente tras ser denunciado por amenazas, cree que faltan herramientas para actuar contra el fenómeno. Y que solo sirve "la mano dura". El pasado jueves, Caldes de Malavella fue escenario de una ocupación simultánea de 22 viviendas ubicadas en el centro del municipio.

Más de treinta ocupas

"Estaba en el Consell Comarcal y sonó el teléfono", relata Balliu durante un encuentro con EL PERIÓDICO. "Han ocupado los pisos de la calle Girona", le informaron. Esos pisos forman parte de una promoción inacabada, que no disponen cédula de habitabilidad y que llevan años deteriorándose. "¿Cuántos pisos han ocupado?", preguntó el alcalde. "Todos", “¿Todos?", le aclararon. "¿Los 22? ¿Pero cuántos ocupas han venido?", repreguntó Balliu. "Son más de treinta”, le confirmaron.

"Me disculpé, abandoné la reunión de alcaldes y regresé a Caldes. Por el camino, llamé a los Mossos d'Esquadra y me dijeron que ya habían mandado un par de patrullas y que en breve enviarían algunas más", recuerda. Cuando Balliu llegó se encontró con varios policías rodeando la entrada principal y frente a los agentes, a escasos metros, vio a tres ocupas, hombres adultos, asomados a uno de los ventanales. "Les pedí que se marcharan pero respondieron que la ley los amparaba", dice.

"Llamé al comisario –el responsable de la región policial de Girona de los Mossos, Josep Milán–, después llamé al director Jordi Martinoy –responsable de los servicios territoriales de Interior– y, por último, a la delegada de la provincia, Laia Cañigueral. Ninguno me dio una solución", asegura. . Y los policías, que entonces ya eran más de una decena, al ser instados por el alcalde a sacar por la fuerza a los ocupantes respondieron que ellos no eran "jueces" para dirimir aquel conflicto, subraya Balliu. "Por último, contacté con el juzgado de guardia –Caldes de Malavella pertenece al partido judicial de Santa Coloma de Farners–. Pero allí me respondieron que el juez había salido y que no podían ayudarme".

El alcalde, que considera que la situación del pasado jueves muestra la soledad de los municipios ante el fenómeno, subraya que mientras hacía esas gestiones con las autoridades que resultaron infructuosas, varios ocupas salieron para hacer la compra y regresaron con bolsas del súper. Y que otros, frente a sus narices y las del propietario de los pisos, se dedicaron a estudiar desde uno de los balcones los circuitos eléctricos para pinchar la luz.

Ronda de identificaciones

Lo que sí hicieron los policías finalmente fue entrar en el edificio e identificar a los más de 30 ocupantes. "Entraron todos juntos", explica Balliu levantándose de su silla durante la entrevista para emular el ritmo de desfile que guió el paso de los policías. "Fue absurdo porque al entrar los policías, los ocupas se pusieron a correr en todas direcciones, como si jugaran al 'joc de les cadires', repartiéndose los domicilios para que hubiera alguien en cada espacio. Y mientras hacían eso, ocupas y policías se cruzaban sin que ocurriera nada", se queja.

La ronda de identificaciones finalizó y reportó que varios de ellos tenían antecedentes policiales. Se trataba de un grupo familiar que huía de Llagostera, un municipio muy cercano, después de verse inmerso en una reyerta "con cuchillos", exclama Balliu, al tiempo que señala que los pisos están junto a la entrada del pabellón infantil de la escuela pública Sant Esteve de Caldes.

Cuando ya parecía inevitable que la ocupación se consolidara, uno de los mandamases del grupo gritó: "¡Nos vamos!". "Subieron en las furgoneta y se marcharon", repite encogiéndose de hombros. "Ha habido muchos que me han felicitado por lograr echar a estas personas conflictivas, pero lo cierto es que no logramos echarlos, tuvimos suerte", admite.

El acoso de la marihuana

Balliu cree que faltan herramientas para afrontar este tipo de ocupaciones conflictivas o con finalidades delincuenciales. El municipio de Caldes tiene unos 8.200 habitantes que se reparten entre los 4.000 que residen en el pueblo y los 4.200 que habitan en siete urbanizaciones y dos núcleos –Santa Seclina y Franciac– que se distribuyen por 85 kilómetros cuadrados. A pesar de lo ocurrido el pasado jueves, Balliu afirma que no ha hay ocupaciones en el centro del pueblo. Las 25 que existen están en urbanizaciones. Sobre todo, en la de Aigües Bones. La mitad de estos allanamientos esconden plantaciones de marihuana.

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"Hace poco había 80 ocupaciones y más de la mitad eran de marihuana", asegura. El alcalde cree que el trabajo de la policía local, que dispone de 12 agentes y tiene instrucciones de usar "mano dura" es lo único que "entienden" estos ocupas. "Compramos radares de matrículas que costaron 240.000 euros y eso nos permite detectar cada vehículo que entra. Y si son ocupas, los presionamos para ver si disponen de carnet de conducir, seguro del coche… y así logras muchas veces que se vayan a otro lugar", defiende. "Los juzgados y los Mossos están saturados y, nosotros, que sabemos dónde están todas la plantaciones, no podemos echarlos".

Precisamente este miércoles, el Govern ha anunciado que impulsará modificaciones legislativas, en concreto del Código Civil de Catalunya y la ley que regula la vivienda, para dar potestad a los ayuntamientos y a las comunidades de vecinos para que insten, en el caso de que los propietarios no lo hagan, el desalojo de las ocupaciones ilegales de viviendas por parte de personas que comenten delitos, como pueden ser los narcopisos, o las naves utilizadas por ladrones para esconder botines, y provocan incidentes graves en el vecindario, en muchas ocasiones haciendo uso de la violencia.