Catalunya impone 57 sanciones a grandes tenedores de viviendas por no ofrecer alquiler social

La Agencia Catalana de Consumo ha abierto 141 expedientes sancionadores a grandes tenedores de viviendas, de los que 57 han sido resoluciones confirmadas, por no ofrecer alquiler social a personas vulnerables que se iban a desahuciar, como recoge la ley catalana.

Estos datos han sido facilitados este lunes por el 'conseller' de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y el director de la Agencia Catalana de Consumo, Francesc Sutrias, en la presentación de un plan para reforzar esta entidad con 19 profesionales más y que tendrá una vigencia de dos años.

Estos 19 profesionales de la Agencia Catalana de Consumo se dedicarán exclusivamente a "reforzar la protección de las familias en riesgo de exclusión residencial", con más inspecciones. Sutrias ha estimado que la Agencia podrá abrir, a partir de ahora, un centenar de expedientes cada mes a grandes tenedores de viviendas que no cumplan la obligatoriedad de hacer un alquiler social a familias vulnerables antes de desahuciarlas.

Infracciones graves

Los 57 expedientes que ya se han resuelto desde 2019 con sanciones han sido por infracción grave y por un importe de 30.000 euros cada uno, aunque la ley contempla que la horquilla de la sanción puede llegar hasta los 100.000 euros como máximo. El director de la Agencia Catalana de Consumo ha explicado que se ha optado por la sanción más baja, 30.000 euros, con un criterio de "prudencia y seguridad jurídica", pero que no les "temblará la mano" a la hora de sancionar con un importe mayor, ha asegurado.

Las citadas 57 sanciones son de grandes tenedores de toda Catalunya, excepto de la ciudad de Barcelona, cuyo ayuntamiento ejerce esta potestad, y la población con más sanciones es Terrassa (10), seguida de L'Hospitalet de Llobregat (6), Castelldefels (4) y Badalona (3).

Campaña de concienciación

Torrent, por su parte, ha argumentado que existe un "marco legal desde el año 2015 (para sancionar)" y que "la determinación es aplicarlo y concienciar a la ciudadanía de sus derechos".

Para ello, a finales del próximo mes de octubre se iniciará una campaña en televisión, radio, medios digitales, redes sociales y carteles repartidos en toda Catalunya sobre los derechos de los ciudadanos en este tema.

La ley catalana para afrontar los desahucios y la pobreza energética obliga a los grandes tenedores de viviendas como bancos y fondos de inversión a ofrecer un alquiler social a aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad antes de desahuciarlas.

Denuncias públicas

Las organizaciones del movimiento por la vivienda, como la PAH o el Sindicat d'Inquilines, llevan meses denunciando que los grandes tenedores incumplen esta norma y han impulsado diversas acciones reivindicativas, incluida una, en junio pasado, ante la Agencia Catalana de Consumo. En aquella ocasión, 150 activistas de la PAH entregaron más de un centenar de denuncias contra grandes tenedores que, consideraron, incumplían la citada ley.

La contratación de las 19 personas para vigilar el cumplimiento de las leyes supondrá una inversión de 1.740.000 euros más otros 240.000 euros que se dedicarán a la campaña informativa, han informado Torrent y Sutrias.

Por su parte, la PAH ha valorado que el anuncio de más inspectores de la Generalitat "es un primer paso positivo, pero faltan muchos más" para "proteger el derecho a la vivienda, como actuar para evitar los desahucios, multar, realojar y aumentar el parque de vivienda de emergencia y el público protegido", entre otras.

También han denunciado que en los últimos días se han producido diversas ejecuciones de desahucios "con actuaciones desproporcionadas e indignantes" de los Mossos d'Esquadra en Granollers, el barrio de la Sagrera de Barcelona y en otras poblaciones.