Caso Serveis Socials: los sobresueldos y las contrataciones a dedo llegan a la fiscalía

Las irregularidades entre los años 2014 y 2019 detectadas en el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, la entidad que gestiona la atención a las personas más necesitadas en la capital catalana y que está participada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, han llegado a la fiscalía de la mano del sindicato CGT, que ha presentado este miércoles una denuncia penal por el pago de sobresueldos que ascienden a un millón de euros en solo tres años y la contratación a dedo de jefes de servicios, entre ellos dos vinculados a ERC. La Sindicatura de Comptes y la Intervenció General hallaron más anomalías, como malas prácticas en el encargo de servicios por 22 millones de euros sin concurso público, según desveló EL PERIÓDICO a finales de 2021, pero este extremo no ha sido denunciado porque, según el sindicato, ya no sería punible y habría prescrito. La mayoría de anomalías se produjeron cuando esta entidad estaba en manos de CiU.

La denuncia por presunto tráfico de influencias, prevaricación y malversación recoge la existencia de retribuciones de "carácter extraordinario", es decir, "sobresueldos", sin "ninguna base legal", por un valor de un millón de euros. Estas retribuciones estaban por encima de convenio y sin habilitación legal se habrían producido en 2015, 2017 y 2019, según los informes de la Intervenció General de la Generalitat desvelados por este diario. Así, en 2015, el organismo desembolsó una retribución extra de 352.379 euros; en el 2017, 328.726; y en el 2019, 256.000. Estos sobresueldos se concretan con dos conceptos retributivos ("mejora voluntaria" y "a cuenta del convenio"), que ni constan en las tablas salariales, ni están avalados por la Direcció General de Pressupostos ni la Direcció General de la Funció Pública. Los auditores no pudieron ni concretar la fecha en que se aprobaron estos complementos. En los dictámenes se hace constar que estos sobresueldos son "nulos" e incumplen la ley.

CGT sostiene que se han podido pagar cantidades similares desde la misma creación de la entidad, por lo que la cantidad podría superar los tres millones. Estos complementos se regularizaron en mayo de 2020, cuando los sueldos de los empleados pasaron a regirse por el convenio único del personal de la Generalitat. Estos sobresueldos iban dirigidos, según exponen las mismas auditorías, a algunos trabajadores de oficinas y despachos.

Posible enchufismo

La denuncia también recoge la presunta contratación laboral "a dedo" de cinco jefes de servicios y técnicos con fijeza laboral desde el primer día sin pasar por una oposición ni concurso público. El escrito hace referencia a la contratación como jefe de la asesoría jurídica de la entidad de Imma Pérez Rovira, que había ocupado antes la Secretaria d’Infancia y Adolescencia de la Generalitat y la dirección de la DGAIA. La CGT relata que no tiene conocimiento de la fecha exacta ni el procedimiento de selección o promoción seguido. La información facilitada por el consorcio, argumenta, es que había accedido al cargo en el 2009 mediante un procedimiento de mérito y capacidad, aunque en su currículo figura 2011.

En el listado aparece Georgina Oliva Peña, que fue contratada como técnica de infancia. Antes había sido diputada en el Congreso por ERC (noviembre de 2006 hasta septiembre del 2008) y, con posterioridad, en septiembre de 2017, fue nombrada da responsable de la DGAIA y en octubre del 2018 secretaria de Infància. En la actualidad es secretaria general de la Conselleria de Igualtat i Feminisme. En la estructura del consorcio, según CGT, consta como técnica desde noviembre de 2008. La denuncia expone que aunque haya ocupado “cargos de tipo político”, la adjudicación de la plaza con carácter fijo le permite volver a ella. El sindicato, además, ha denunciado que se ha producido contrataciones supuestamente irregulares en otras tres jefaturas de servicios.

En estos cinco casos, según el sindicato, "no hay constancia que se haya producido ningún tipo de proceso selectivo" en los términos establecidos en el reglamento de selección de personal de la Generalitat. "Por una parte, no consta en ningún boletín ni diario oficial la convocatoria pública", y, por otra, el consorcio respondió al sindicato que la selección de personal realizados antes del 2009 se fundamentaron en el concurso de méritos y entrevistas personales, a la vez que admitía que en los archivos no se dispone de las valoraciones. Por lo tanto, no hay rastro documental. La Oficina Antifrau, que también tramitó una denuncia de CGT, pidió explicaciones a la Generalitat sobre las medidas tomadas para evitar anomalías y procedió a su archivo provisional.

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