JUICIO EN BARCELONA
El fiscal reclama 13 años de cárcel para un acusado de dejar morir a su esposa
La mujer llegó al hospital con larvas en el pelo, úlceras infectadas, carne podrida y huesos a la vista, al no haber sido supuestamente atendida por su marido cuando vivía postrada en la cama

MIQUEL DE POBES; ALTHAIAA1-152117915.JPGMANRESA . ALTHAIA COVID CORONAVIRUS EPIDEMIA COVID-19 HOSPITAL
¿Homicidio o imprudencia? Este interrogante es el que deberá resolver en la Audiencia de Barcelona un jurado a partir del próximo 9 de septiembre. Ante el tribunal popular se sentará L. F. C., de 67 años, acusado de dejar morir a su esposa enferma por no atenderla durante meses cuando no podía levantarse de la cama. El fiscal reclama para él 13 años de prisión y la libertad vigilada durante cinco años por un delito de homicidio, aunque, alternativamente, solicita una pena de multa de 1.800 euros y cinco años de cárcel por omisión del deber de socorro y homicidio por imprudencia grave. Como en la película de Henry Fonda 'Doce hombres sin piedad', el jurado (en España son nueve y dos suplentes) deberá decidir sobre la culpabilidad o inocencia de este vecino de Manresa (Bages).
El escrito de acusación del fiscal relata que el acusado y su esposa se casaron en noviembre de 2008 y no tuvieron descendencia. A los 10 años de convivencia, el 15 de diciembre de 2018, la mujer, que tenía 57 años, falleció en el Hospital de Manresa. Ingresó a causa de un 'shock' séptico causado por las múltiples úlceras infectadas que presentaba por todo el cuerpo. Cuando acudió al centro sanitario presentaba, además, pérdida de tejidos, con visualización del hueso, larvas en el cabello y restos de heces secas y de ropa incrustada por no haber sido lavada a tiempo.
Desde hacía más de tres meses, la mujer vivía prostrada en la cama por los problemas respiratorios y de circulación que padecía y su marido, según detalla la acusación, "la tenía totalmente desatendida, sin prestarle la ayuda que tal situación requería". El acusado, incide el fiscal, a pesar de ser conocedor de las patologías de su esposa, "de presenciar a diario su progresivo deterioro físico" y de darse cuenta de que su persistencia en aquella desatención e "incuria" comprometía su vida, obvió "durante meses el deber de cuidado y la obligación de velar" por ella. Y no solo "por el vínculo matrimonial" que les unía, sino por "la propia convivencia".
Rechazó las ayudas
El imputado "nada hizo por evitar que la situación se fuera agravando progresivamente", aceptando "como inevitablemente unida a dicha desatención la muerte de su esposa y asumiendo completamente el riesgo que para la propia supervivencia" de la mujer "implicaba su inacción", argumenta el escrito de acusación. Subraya, en cambio, que L. F. C. podría haber atendido tanto las necesidades médicas como de higiene de su cónyuge bien por sí mismo o a través de los servicios sociales de Manresa, donde residía. Pero, salvo en una ocasión en que contactó con estos últimos, el imputado rechazó las medidas que desde la Administración le proponían y que "habrían mejorado" el estado de la mujer.
El fiscal va más allá y sostiene que a L. F. C, a pesar de la "grave" situación en que se encontraba su esposa, continuó haciendo su vida normal, saliendo de su domicilio para hacer la compra o relacionarse con otras personas. Recalca que el piso en que vivía el matrimonio también presentaba "un estado de total dejadez y abandono" por falta de higiene y de limpieza, "llegando a alcanzar el mal olor" a los vecinos colindantes.
La acusación pública apunta que ante "la evidencia" de que el fallecimiento de su esposa era inminente, el 14 de diciembre de 2018, el acusado hizo una llamada a los servicios de emergencias que, una vez en el domicilio y "apercibiéndose" de la gravedad de la situación, trasladó a la mujer al hospital. A su entender, la "magnitud de las heridas era tal (ulceras infectadas, agujeros en las piernas con carne podrida y huesos a la vista)" que la muerte de la víctima se produjo a las pocas horas de ingresar en el centro sanitario, a 0las 1.45 horas del 15 de diciembre. La fiscalía deja la puerta abierta a que pudiera existir una imprudencia y, por lo tanto, presenta una alternativa a la petición de pena principal.
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