Personas con discapacidad denuncian que la Administración les discrimina en Catalunya

Tiene ocho años y apenas sabe escribir. Parloteando palabras que solo su madre puede comprender, trata de unir las letras pegadas con imanes en el frigorífico. Primero la jota, luego la efe, después la ese y finalmente la e. Y un aplauso inmenso. Es evidente que José Fabio Campos tiene un elevado nivel de discapacidad, tal y como sus padres demuestran en un informe médico que, con fecha de 2017, recoge que tiene autismo. Este diagnóstico firma un médico guatemalteco, el país de procedencia de la familia, que tras dos años viviendo en España de forma irregular aún no ha accedido a ninguna ayuda pública que asegure la atención del niño. La Conselleria de Drets Socials achaca este caso a un error burocrático: la dirección de la familia estaba mal escrita en su expediente. Este caso demuestra lo que denuncia un informe de la federación Ecom: la mayoría de casos de discriminación de las personas con discapacidad los genera la propia Administración y en muy pocos casos se plantean denunciarlo.

"Nuestra vida pegó un vuelco cuando nos dijeron que nuestro hijo tiene autismo", cuenta la madre, Fabiola Álvarez. Decidieron viajar a España en 2020, por el bien de su hijo, porque pensaron en que aquí tendría más oportunidades que en Guatemala. Ella era secretaria; él, instructor de kárate. "No estamos aquí para ganar dinero ni tener mejores empleos. Lo hicimos porque allí no podíamos pagar las atenciones que necesitaba mi hijo", dice ella. En el país centroamericano, las pruebas médicas del niño ya costaban 2.000 quetzales (cerca de 260 euros), la escolarización adaptada para él costaba otros 3.000 quetzales al mes (386 euros), pero el salario de la familia no superaba los 2.000. "Nos dijeron que en España había ayudas para los niños, allí la situación es dramática", sigue la madre.

"El peor momento de mi vida"

La familia llegó en enero 2020. Estuvieron casi un año malviviendo en una habitación realquilada, donde también había otras personas. "Fue horrible, el peor momento de mi vida", sigue Fabiola. "Sentía que mi hijo parecía más un animalillo que una persona. Él llevaba fatal tener que estar encerrado en un cuarto, y recuerdo que salíamos de la habitación medio escondidos por miedo al resto de inquilinos", dice la madre. Como el niño no tenía la discapacidad reconocida, no podía salir de casa como sí hacían otros niños con su misma patología. Desde que llegaron a España, la madre trabaja limpiando casas y escaleras a particulares y sin contrato. El padre, de lo que haga falta: en la construcción, de carpintero, vendiendo periódicos... Ninguno de los dos tiene permiso de residencia legal en España. Tampoco el pequeño.

Fabiola empezó a respirar cuando, en septiembre de 2021, la familia contactó con la asociación Adimir. Se trata de una entidad de Montcada i Reixach (Vallès Occidental) que les ayudó a encontrar un piso en mejores condiciones. "Tenemos un enorme problema con los niños sin papeles: la Administración no les reconoce el derecho a que les valoren la discapacidad y por lo tanto quedan excluidas en todos las ayudas sociales", explica la presidenta de Adimir, Carolina Ibáñez. Sin embargo, la ley orgánica 4/2000 estipula que los niños extranjeros sin papeles tienen derecho a las mismas prestaciones que el resto (no así en el caso de los adultos). "Las familias están desesperadas: les ayudamos en la compra, en las becas comedor... En lo que podemos", sigue Ibáñez. A José Fabio, por ejemplo, le becaron dos horas semanales de terapia en el centro para tratar de ayudarle a mejorar sus capacidades de aprendizaje y empujaron a la familia a la ardua batalla para pedir una beca comedor.

Un niño normal

En la escuela, Jose Fabio, que apenas habla, "es tratado como un niño normal", en palabras de la madre. Cuenta con el apoyo del servicio de Suport Intensiu a l'Escolarització Inclusiva (SIEI), que se dedica a llevar al menor a un aula especial cuando no se encuentra a gusto en el aula ordinaria. "No sé si se ríen de él, si está bien en el aula... La escuela hace todo lo que puede, pero yo pienso que estamos perdiendo unos años muy importantes para que pueda desarrollar todo su potencial", sigue la madre. También debería tener acceso a ayudas sociales, rebajas de transporte público o compra farmacéutica. No ocurre. Con dificultades logran llenar la nevera. La ropa del menor, así como sus juguetes, son prestados. "Cuando estamos en el médico, en el supermercado, en la calle, el niño muchas veces se agobia y yo no puedo sacar ningún carnet ni decir nada. A ojos de todo el mundo mi hijo no tiene nada", explica la madre.

Error en la dirección

Contactado por este diario, el departamento de Drets Socials tiene una versión muy distinta de los hechos. Explican que el menor tiene reconocida una discapacidad del 66% desde septiembre de 2021 y válida hasta 2027. Sin embargo, la familia no tenía conocimiento de esto, ni tan siquiera ha recibido la tarjeta que lo acredita. Resulta que la dirección que constaba en su domicilio era incorrecta. "A nosotros nos dijeron que, como no teníamos papeles, nuestro hijo no podía ser valorado", insiste la madre.

"La Generalitat hace valoraciones de discapacidad a todos los menores de edad, estén o no en situación irregular, hemos hecho varias instrucciones sobre este tema, la última de 2018, que especifica que los menores de edad extranjeros deben valorarse", explican desde el Govern. Otra cosa ocurre con las ayudas a la dependencia. "Requiere de cinco años de residencia, con excepción de los menores con una discapacidad mayor del 33%". José Fabio cumple todos los criterios, pero la familia jamás ha recibido una prestación social.

Discriminación normalizada

Este es solo uno de las más de 318 vulneraciones de derechos a personas con discapacidad que la federación Ecom cuantificó en 2021. Son casi 200 más que el año anterior. El 64% de los casos afectan a la Administración. "El derecho a una vivienda social adaptada, los recursos para aplicar la inclusión escolar, las prestaciones sociales... son derechos que no son efectivos, por trabas burocráticas, lentitud, rigidez, total incomprensión o falta de presupuesto. No se implementan y afectan a las personas con discapacidad", explica Inma Gómez, responsable del área de defensa de derechos de la federación. Según este informe, más del 50% de los casos jamás se denuncian oficialmente. "El problema es que lo tenemos normalizado, tenemos la discriminación integrada", concluye Gómez.

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