Ceuta: ¿Qué hemos aprendido un año después de la repatriación ilegal de 55 menores a Marruecos?

Los aniversarios siempre ofrecen la oportunidad de mirar atrás y hacer un balance de lo conseguido en ese tiempo. Aun cuando se recuerdan fechas que preferiríamos olvidar. Uno de esos días es el 13 de agosto de 2021, cuando una vez más se vulneraron los derechos de los niños, niñas y adolescentes que unos meses antes habían llegado a Ceuta desde Marruecos. 

¿Pero qué hemos aprendido desde aquel nefasto día en que vimos a 55 niños y adolescentes tutelados por España entregados a las autoridades marroquíes sin ningún tipo de garantía?

Por un lado, hemos entendido que los procedimientos de repatriación de la infancia no acompañada necesitan contar con todas las garantías. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos lo ha recordado y ha blindado los pasos que se deben seguir para asegurar los derechos de niños y niñas durante el proceso migratorio. 

En estos últimos 12 meses, se ha conseguido que prevalezca el interés superior del menor en la normativa y en las actuaciones que conciernen a la infancia de origen migrante. 

Otra lección aprendida es que no existe excepcionalidad que excuse a las administraciones de la protección de los derechos humanos, como han concluido los fallos contra las actuaciones de Ceuta. Es una premisa especialmente relevante en este verano en el que hemos vivido lo sucedido en la frontera de Melilla y Nador, con más de 30 muertos y un centenar de heridos y, todavía, sin ninguna aclaración de los hechos. 

Además, hemos aprendido, como lo han dejado claro las diferentes sentencias judiciales, que es necesaria la reparación del daño sufrido por los niños migrantes cuando sus derechos son vulnerados, y que en el caso de los niños repatriados ilegalmente se prevé la adopción de las medidas necesarias para su retorno a España.

Antes de soplar la vela por el aniversario de esa repatriación ilegal, celebremos un último aprendizaje: la infancia y adolescencia que llega a nuestro país sin referentes familiares y en búsqueda de oportunidades dignas de vida no está sola, sino está acompañada y cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad civil y de la administración pública y judicial.