Persecución penal

Incendios forestales: pocas condenas para tantas llamas

 Urbanización River Park del Pont de Vilomara muy afectada por el incendio forestal que empezó el pasado domingo en el Pont de Vilomara (Bages) En la foto, Jordi Vilalta, se le ha quemado toda la casa y se ha quedado en la calle con sus cuatro perros. Un amigo le ha regalado una caravana, dónde pasará las noches con los animales.

Urbanización River Park del Pont de Vilomara muy afectada por el incendio forestal que empezó el pasado domingo en el Pont de Vilomara (Bages) En la foto, Jordi Vilalta, se le ha quemado toda la casa y se ha quedado en la calle con sus cuatro perros. Un amigo le ha regalado una caravana, dónde pasará las noches con los animales. / FERRAN NADEU

  • Agentes forestales, colectivos ecologistas y representantes políticos claman contra la "impunidad" de los delitos de fuego provocado

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Juan Ruiz Sierra
Juan Ruiz Sierra

Periodista

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Los agentes forestales tenían fundadas sospechas de quién estaba quemando un espacio protegido en Tudela (Navarra), pero hasta ese momento no lo habían podido probar, así que decidieron seguirlo de cerca. Una noche de hace un par de años, en plena pandemia, el presunto incendiario se subió a su coche y se fue al monte. Una pareja de agentes lo siguió. El hombre, un ganadero, se bajó del vehículo, dejó las luces encendidas y fue caminando hasta un pequeño barranco. Todo empezó a arder en pocos segundos. Los forestales no suelen llevar a cabo detenciones, y lo prioritario en ese momento era atajar las llamas, cosa que hicieron. Pero cuando todo terminó redactaron un atestado, que formó parte de un juicio. El desenlace del caso parecía cantado. El incendiario había sido pillando en plena faena. Y sin embargo, el juez lo absolvió, al considerar que aquello no era suficiente prueba para concluir qué él había provocado el fuego. 

“Es dificilísimo pillar a los autores dando el ‘mecherazo’, pero aquí lo vimos perfectamente. Este tipo de casos son muy frustrantes. Es demoledor para nosotros”, explica Perico Pérez-Nievas, uno de los investigadores, mientras conduce por la misma zona donde tuvo lugar el incendio. Dos años después de aquello, continúa teñida de marrón. “Esto tiene que empezar a girar. Lo sociedad está reclamando condenas ejemplares para quienes causan los incendios, que tengan un efecto disuasorio. Pero no las hay”, explica Pérez-Nievas, vocal de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA). 

Casi todo lo que rodea a los incendios desprende un fuerte aroma a 'déjà vu'. Ocurre lo mismo cada verano. Los fuegos se reproducen, ocupan grandes espacios en los medios y los dirigentes políticos anuncian medidas que pocas veces se concretan, hasta que llega el otoño y todo esto acaba en un segundo plano, salvo para los habitantes de las zonas afectadas. Este año, a lomos de las olas de calor, ha sido especialmente cruento, con más de 200.000 hectáreas quemadas en toda España, el peor registro en todo el siglo XXI. Una parte de estos fuegos han tenido su origen en un accidente (natural o relacionado con la actividad humana) y otra en imprudencias, pero también hay un volumen importante de fuegos que han sido provocados, como los del valle del Jerte (Cáceres) y la sierra de Mijas (Málaga). 

La inmensa mayoría de estos delitos no se esclarecen jamás. Según los datos de la Fiscalía General del Estado, en 2019, año en el que hubo 3.782 incendios, intencionados o no, se incoaron 567 diligencias, pero se dictaron 136 condenas. En 2020 (2.671 incendios), hubo 409 diligencias y 63 condenas. 

Aplicar, no endurecer

Colectivos ecologistas, agentes forestales y representantes parlamentarios llevan tiempo clamando contra esta "impunidad". Todos ellos insisten en que no es necesario endurecer el Código Penal, que desde 2015 castiga la provocación de incendios forestales con entre 10 y 20 años de cárcel cuando el fuego ha puesto en peligro la vida o integridad física y con entre uno y cinco años en caso contrario. No se trata de elevar unas penas que ya son de por sí contundentes, argumentan, sino de aplicar la ley. 

Este tipo de delitos son en sí mismos muy complicados de resolver. “No se puede poner a un agente detrás de cada árbol”, explica Theo Oberhuber, coordinador de proyectos de Ecologistas en Acción. Resulta difícil encontrar a los responsables: son muchas hectáreas de campo, poca vigilancia, mucho movimiento de vehículos en la zona y no siempre está claro dónde se ha originado exactamente el fuego. Pero la impunidad en estos delitos, continúa Oberhuber, obedece “sobre todo a que no se dedican suficientes medios a la investigación”. 

Pérez-Nievas, de la asociación de agentes forestales, tiene la misma impresión. “Faltan muchos medios”, insiste. Aun así, distingue entre autonomías. Poco tiene que ver, señala, la situación en Catalunya, Madrid o Andalucía, porque allí las investigaciones disponen de ciertos recursos, con la de Navarra, por ejemplo, donde ocurre lo contrario. 

En la Fiscalía, mientras tanto, niegan que los delitos de incendio forestal se caractericen por su impunidad, informa Ángeles Vázquez. La proporción entre diligencias y condenas, señalan fuentes del ministerio público, es aquí similar a la de los casos de siniestralidad laboral, por ejemplo. Puede ocurrir que las primeras tengan que ser archivadas al concluir que el fuego ha tenido un origen fortuito o por falta de autor conocido. 

Ausencia de voluntad

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La diferente percepción entre ecologistas y fiscales sobre la persecución penal de estos delitos viene de lejos. Poco después de la ola de incendios que asoló Galicia en 2006, varios representantes de Greenpeace mantuvieron un encuentro con Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, entonces fiscal delegado de Medioambiente. Los ecologistas le dijeron que había muy pocas condenas por incendios forestales. García Ortiz, recuerda Miguel Ángel Soto, director de campañas de Bosques en la oenegé, les contestó que en el resto de delitos ocurría algo similar. “Pero lo cierto es que faltan recursos –continúa Soto-. Recursos para prevenir y luchas contra el fuego, claro, pero también recursos para que los peritos sean capaces de recuperar pruebas incriminatorias. Ante una situación como la de las últimas semanas, con tantísimos fuegos por toda España, no se puede investigar todo. Y el medio rural suele ser muy impenetrable”. Por eso, concuerda Pérez-Nievas, resulta tan importante “tomar las declaraciones justo en el momento”, cuando ha tenido lugar el incendio.

El problema aquí, argumenta Juan López de Uralde, coordinador del partido Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos, va más allá de los incendios. “En España se castigan pocos delitos ambientales”, dice. Recuerda casos como el vertido del ‘Prestige’ frente a las costas gallegas o el de la presa de Aznalcóllar (Sevilla), donde sus responsables “se fueron de rositas”. “Tiene que haber voluntad por parte del poder judicial y el político –concluye-. Y muchas veces no la hay”.