Sí definitivo a la ley del 'solo sí es sí'

Fin del abuso sexual

Tras la indignación que generó la sentencia contra 'La Manada' de la Audiencia de Navarra, dado que condenó a los cinco acusados por abuso sexual y no por violación, la norma elimina el delito de abuso sexual y considera agresión cualquier acto sexual no consentido, con distintas horquillas de pena en función de la gravedad y los agravantes. Haciéndose eco de las peticiones feministas, la ley introduce el consentimiento en el Código Penal y cambia un sistema que exige demostrar que la víctima se negó y se resistió a la relación sexual por un modelo de consentimiento positivo implantado ya en países como Suecia o Gran Bretaña. Se entenderá que hay consentimiento "cuando se haya manifestado libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Sumisión química

La ley introduce dos agravantes a las penas por agresión sexual. El primero, cuando la víctima haya sido pareja o expareja del agresor, para acabar con la impunidad en este ámbito. Y, el segundo, cuando el agresor "haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto", dado que las denuncias por violaciones con sumisión química van a más.

Centros de crisis

La ley fija que en cada provincia haya un <strong>centro de crisis</strong> para la atención integral a víctimas de violaciones recientes o pasadas o a sus familiares y que esté abierto las 24 horas del día. El Gobierno ya ha adelantado fondos a las comunidades autónomas para que este servicio se despliegue por toda España antes de que finalice 2023. Asimismo, la norma crea centros de atención a víctimas menores de edad, que serán atendidos por profesionales multidisciplinares basados en el modelo sueco Barnahus (en español, 'casa de niños').

Fin de los anuncios de prostitución

Durante la tramitación parlamentaria, se produjo un enfrentamiento de alta intensidad entre el PSOE, que presentó una enmienda destinada abolir la prostitución y los socios parlamentarios del Gobierno, que desde el principio reclamaron al Ejecutivo que retirara de la ley los artículos referidos a la prostitución y la llamada tercería locativa, que penaliza al que alquile locales y viviendas para lucrarse de quien ejerza la actividad, aún con su consentimiento. Grupos como ERC, Junts o la Cup consideraban que dichos artículos podían "agravar" la situación de muchas mujeres que se prostituyen voluntariamente y perpetuar "su vulnerabilidad".

La ley estuvo incluso a punto embarrancar en el Congreso pero finalmente continuó adelante porque el PSOE retiró su enmienda -que ha presentado en forma de propuesta legal y será debatida a la vuelta del verano- y Unidas Podemos aceptó una enmienda de supresión de todos los preceptos referidos a la prostitución, aunque suponía recortar una de las normas estrella del Ministerio de Igualdad capitaneado por Irene Montero. Solo ha quedado en pie un artículo que prohíbe los anuncios de prostitución.

Castigo a la difusión de imágenes

La ley amplía el concepto de violencia sexual, que englobará, cuando entre en vigor la norma, además de las agresiones sexuales, el acoso, el exhibicionismo, la provocación, la explotación sexual, la corrupción de menores, la mutilación genital femenina, el feminicidio sexual, el matrimonio forzado y la trata con fines de explotación sexual. Además, en el ámbito digital, se penalizará la grabación y difusión de imágenes de contenido sexual, denigrante o vejatorio para las mujeres, tomadas con o sin el consentimiento de esta.

Y añade la pena de multa de uno a tres meses a quien habiendo recibido las imágenes o grabaciones que menoscaben gravemente la intimidad de una persona, las difunda, revele o ceda a terceros sin el consentimiento de la afectada.

Violencia económica y vicaria

A través de decenas de enmiendas, se ha introducido en la ley otras materias que no tienen que ver exclusivamente con violencia sexual. Por ejemplo, las madres de menores asesinados debido a la llamada violencia vicaria serán reconocidas como víctimas de maltrato y la la ley integral contra la violencia de género incluirá el concepto de violencia económica. Además, la ley blinda la financiación de las medidas incluidas en el pacto de Estado contra la violencia de género.

Y, como el fin último es prevenir los delitos violentos contra las mujeres, la ley sí es sí prevé que se imparta educación sexual en todas las etapas educativas -al igual que la 'ley celáa- y que los agresores menores de edad tengan como condena accesoria la obligación de someterse a programas formativos.