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La Audiencia Nacional investiga la denuncia por la línea de alta tensión de Totana

La plataforma de vecinos acusa al exsecretario de Estado de Medio Ambiente Federico Ramos de haber impedido en 2015 que los afectados pudieran conocer el proyecto

La Audiencia Nacional investiga la denuncia por la línea de alta tensión de Totana

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María José Gil

La Audiencia Nacional va a investigar la denuncia de los vecinos de Totana que exigen el soterramiento de la línea de alta tensión construida para alimentar el trazado del AVE a Almería a su paso por el municipio. La Plataforma vecinal asegura que la declaración de impacto ambiental del tendido eléctrico incumplió la normativa europea sobre protección del medio ambiente al no permitir que los afectados recibieran información sobre el proyecto y pudieran se escuchados, aunque sostiene que genera «campos electromagnéticos que ponen en peligro la salud de la población». El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias al considerar que los hechos denunciados «hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», según se indica en un auto del 1 de julio de la magistrada María Tardón.

Sostiene que el tendido destinado al AVE genera campos electromagnéticos que ponen en peligro la salud

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La denuncia penal por los presuntos delitos contra el medio ambiente y de prevaricación fue presentada por el abogado murciano Diego de Ramón en nombre de la Plataforma de la Línea de Alta Tensión de Adif de Totana, que reclama la construcción de un corredor energético soterrado para evitar el impacto electromagnético del tendido eléctrico. Responsabiliza al ex secretario de Estado de Medio Ambiente Federico Ramos y apunta que en febrero de 2015 pudo «haberse vulnerado el procedimiento legalmente establecido en la declaración de impacto ambiental para la instalación de una línea de acometida de 400 KV desde la subestación de Totana REE a la subesasción de tracción de Totana, a su paso por el AVE».

El Juzgado Central número 3 ha abierto diligencias al considerar que puede haberse producido un delito

Los denunciantes sostienen que se produjo una omisión de información a los ciudadanos «en el trámite de audiencia a los afectados, ya que transcurre en un tramo de 12 kilómetros en el que genera posibles radiaciones eléctricas en campos electromagnéticos» que podrían afectar a las personas, así como «a los cultivos y al ganado, por su prolongada exposición». Consideran que se ha incumplido la Directiva 2008/99/CE sobre la protección del medio ambiente y el Convenio de Aarhus establecido por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Además de los informes técnicos que respaldan su reclamación, aportan imágenes en la que afirman que se aprecia cómo se encienden los tubos fluorescentes en el campo sin estar conectados a ningún cable.