Paso adelante de Mollet por la escuela de educación especial de Can Vila

La escuela de educación especial Can Vila de Mollet del Vallès atiende a unos 160 alumnos con trastornos severos de aprendizaje, muchos de ellos con autismo y problemas graves de movilidad, procedentes de 24 municipios de la comarca. El pasado marzo un informe elaborado por técnicos del Ayuntamiento de Mollet y del Departament d'Educació constató importantes daños estructurales en dos de los edificios del complejo escolar. El consistorio asumió entonces una actuación de urgencia para poder acabar el curso a la espera de que la 'conselleria' plantease una solución al problema, puesto que los 70 alumnos que estudiaban en estos dos edificios no podrían continuar en los mismos el próximo curso. Desde entonces, las familias de estos niños y niñas han vivido con angustia. El tira y afloja entre administraciones también les ha tenido "mareados". Hasta este martes que la alcaldesa, Mireia Dionisio, del PSC; tras una reunión con alcaldes de municipios afectados como Lliçà d'Amunt, Montornès o Parets , les ha garantizado que los 70 alumnos podrán empezar el curso 22-23 en el recinto.

El Ayuntamiento de Mollet ha decidido actuar de forma subsidiaria y por la vía de "imperiosa urgencia" para adquirir e instalar dos nuevos módulos en el mismo recinto de Can Vila que acogerán a estos 70 alumnos. Lo hace "después de constatar que el Departament d’Educació no quiere invertir". "Nuestra prioridad es que los niños y niñas empiecen el curso con normalidad. Y por eso ya hemos iniciado los trámites de adquisición de los módulos", ha explicado Dionisio. "Teníamos que actuar", ha añadido ante la "inactividad" del Departament.

Este paso adelante del consistorio va paralelo a un proceso judicial ya que el ayuntamiento considera que es la 'conselleria' la que tiene las competencias educativas y quien debería asumir las actuaciones para solucionar el problema estructural de dos edificios del complejo. Así en próximos días se presentará un contencioso administrativo --al que se podrían acabar sumando más ayuntamientos-- para que sea un juez el que fije medidas cautelares y decida de quién son las competencias y a quién corresponden las inversiones. Dionisio reclamará el importe de los módulos a Educació si el juez determina que es el Departament a quien le correspondería actuar.

Alumnado metódico y de rutinas

Las familias y la dirección de Can Vila han acogido la decisión de Mollet con entusiasmo. Se ha acabado la angustia a dos meses vista del inicio del curso. "Hemos parado el golpe", valoraba el portavoz de las familias, Amador Rincón. Advertía, sin embargo, de que esta es una "solución provisional". "Hemos de seguir batallando para que Can Vila tenga edificios dignos. Lo que ha pasado es una oportunidad para arreglarlo todo", señalaba.

Desde finales de junio, en que los informes técnicos determinaron que 70 alumnos no podrían continuar en Can Vila, las familias han vivido angustiadas. "Son alumnos vulnerables y muy dependientes. Muchos de ellos con autismo severo, habituados a rutinas. Cualquier cambio les altera. Fíjate que tan solo con que venga un autocar diferente a recogerlos pueden alterarse y negarse a subir al autobús y estar ya mal todo el día. Son muy metódicos", describía Rincón. Es por ello que desde el principio se han negado a sacar a sus hijos de ese entorno rutinario y seguro.

Rifirrafe entre administraciones

El rifirrafe competencial entre administraciones les ha tenido estos días "mareados" hasta que ayer la alcaldesa decidió tomar las riendas. Para situarnos, la escuela está en unos terrenos propiedad del Incasol (Generalitat) y es de gestión municipal en virtud de un convenio de cesión de uso. Este convenio, sin embargo, está pendiente de renovación desde hace años. Los sueldos de los trabajadores los paga el Departament, que es quien tiene las competencias educativas en Catalunya. Por eso cuando se sentaban a buscar soluciones, Educació decía que los terrenos no eran suyos y que el equipamiento es municipal, mientras que el ayuntamiento sostenía que las competencias son de Educació y que el centro no acoge solo a alumnos de Mollet, sino de otra veintena de municipios. La 'conselleria' reclamaba al ayuntamiento el convenio firmado con Incasol y el ayuntamiento consideraba que eso era una "excusa" del Departament para no asumir su responsabilidad. A las familias, todo esto les daba igual. Lo que querían eran soluciones para sus hijos. Y es lo que ahora, por fin, tienen.

En el camino quedan reproches entre ayuntamiento y Departament. El concejal de Educación, Raúl Broto, afeaba a Educació el "silencio total" de los últimos meses, cuando el problema de las grietas de los edificios se hizo acuciante, y se preguntaba "por qué en 2002 y 2015 Educació intervino construyendo los edificios e instalando módulos y ahora no lo puede hacer ante esta urgencia". El director general de Centros Públicos, Jean-Marc Segarra, replicaba que esas intervenciones fueron un tanto irregulares: "en 2002 se hizo una intervención rápida fruto de un acuerdo verbal entre administraciones y la del 2015 se hizo sin permisos ni licencias porque se consideró necesaria en aquel momento. Hoy las normativas son más estrictas y esto, que se hizo por lealtad institucional, ya no se puede hacer", explica. "Por haber hecho las cosas mal, ahora todo se ha liado más", concluía.

Parado el golpe, como decía Rincón, quedará sobre la mesa de ambas administraciones trazar una solución más definitiva para Can Vila, que permita solventar el embrollo administrativo. Sobre la mesa está la integración de Can Vila en la red de centros de Educació, algo que Segarra ve viable y una "buena solución definitiva", pero que "no se puede hacer en dos días y debe tener el acuerdo del Consell Escolar".