Acuerdo territorial

Luz verde al nuevo modelo de cuidados, que acaba con las macroresidencias y las sujeciones

  • El Gobierno ha logrado un ajustado apoyo autonómico al acuerdo de acreditación de centros, que impone espacios de convivencia más parecidos a hogares, con más personal y más habitaciones individuales

Una mujer mayor, en una residencia.

Una mujer mayor, en una residencia. / CARLOS MONTAÑÉS

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Patricia Martín
Patricia Martín

Periodista

Especialista en sanidad, igualdad, violencia machista, infancia, consumo

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El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades han aprobado este martes el nuevo modelo de cuidados, que aboga por la atención domiciliaria y pone fin a las macroresidencias, al proponer espacios más hogareños, con grupos de convivencia de 15 personas, más personal y más habitaciones individuales. Asimismo, acaba con las polémicas sujeciones, ya sean físicas, mecánicas o farmacológicas.

Se trata de la segunda vez que el Ministerio liderado por Ione Belarra propone a los gobiernos territoriales renovar el acuerdo de acreditación de los centros y entidades que prestan cuidados en el sistema de dependencia y que data de 2008. La primera vez fue a finales de mayo y, después de meses de intensas negociaciones, un buen grupo de autonomías se pronunció en contra porque considera que el Gobierno no pone suficiente dinero encima de la mesa, una revolución que protagonizó el presidente de Castilla La-Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que se alineó con varias comunidades del PP.

No obstante, en esta ocasión el acuerdo ha salido adelante en una ajustada votación y será, por tanto, de obligado cumplimiento. En un plazo máximo de nueve meses se deben aprobar las disposiciones necesarias. Han votado a favor 10 autonomías (incluyendo Melilla) y en contra nueve, todas las gobernadas por el PP más Castilla La-Mancha, Ceuta, y Catalunya y Euskadi, por motivos competenciales.

La ardua negociación

"El modelo de residencias ha mostrado todos sus límites en la pandemia, pese a los enormes esfuerzos de los trabajadores. Por eso, me siento especialmente satisfecha de que hayamos logrado uno de los acuerdos más importantes de la legislatura. Un acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y de todo el sistema de dependencia", ha señalado tras la reunión Ione Belarra, quien ha reconocido que han sido necesario "mucho tiempo de negociación".

El proceso arrancó el pasado mes de julio y en la mesa de diálogo se han sentado la patronal y los sindicatos, así como asociaciones y expertos del sector. Buena parte de esos especialistas y entidades sociales apoyan el acuerdo pero la patronal se ha desmarcado, al considerarlo "inviable sin restructurar la financiación", dado que incrementará los costes por usuario.

La financiación

Por el contrario, Derechos Sociales sostiene que durante el primer año de la legislatura se revertieron los recortes en dependencia, el segundo se duplicó el presupuesto y a lo largo legislatura se incorporarán 5.000 millones adicionales. A su juicio, si los sucesivos Gobiernos mantienen el esfuerzo inversor, el nuevo modelo podrá sufragarse.

Además, para facilitar el acuerdo, se ha ofrecido un plazo hasta 2030 para cumplir con todas las exigencias y se ha eximido a las residencias ya construidas de cumplir con todos los requisitos, salvo la reestructuración en unidades de convivencia de 15 personas, dotadas de un comedor y una sala de estar (al menos el 80% de las plazas), y las ratios de personal.

Por su parte, los geriátricos y centros para dependientes de nueva construcción tendrán un máximo de 120 plazas en zonas urbanas y 75 en áreas rurales y deberán disponer de, al menos, un 65% de habitaciones individuales. En cuanto al personal, se elevan las ratios de forma que al finalizar 2029 habrá un profesional por cada dos residentes y un mínimo del 80% serán contratos indefinidos. Con esta medida, se prevé la creación de más de 34.000 empleos tanto en residencias como centros de día públicos, concertados o que cobren los cheques por servicio.

Atención domiciliaria

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El nuevo modelo busca acabar con la atención enlatada e igual para todos por otra más flexible y respetuosa con los deseos de la persona, que tendrá un plan personal de atención que recoja sus preferencias sobre cómo desea vivir. Precisamente, teniendo en cuenta que la mayoría de dependientes prefiere vivir en sus casas, el plan mejora los servicios de atención domicilia y la calidad en el empleo.

Y, cuando no sea posible la atención en casa, se propugnan residencias más parecidas a hogares y que deberán prescindir de las sujeciones, físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas, en un plazo de tres años.