Las universidades ofrecerán microformaciones

Microformaciones

La Losu incorporará una nueva figura con la que se está experimentando en las principales facultades europeas: la microformación. Se trata de cursos de corta duración (entre 4 y 30 créditos) a los que podrán acceder alumnos que sean poseedores de un título previo o bien personas que tengan experiencia profesional acreditada. Todo dependerá del tipo de materias que se impartan y de las reglas que pongan las universidades, entidades con autonomía. Dada su complejidad y novedad, los cursos de corta duración -incorporados también este año en la nueva ley de Formación Profesional- no estarán disponibles una vez que la ley entre en vigor sino que habrá un periodo de transición para que las universidades los puedan incorporar.

Formación a lo largo de la vida

El objetivo es doble: que las facultades están dirigidas a todas las edades y que tengan la función de ofrecer formación a lo largo de la vida. "Necesitamos una universidad más flexible y adaptada a lo que demanda la ciudadanía y que sea para todas las edades", ha destacado el ministro. Subirats ha recalcado que, efectivamente, las microformaciones están ligadas con la filosofía de la formación a lo largo de la vida. “El título del grado no puede ser el fin de la vida universitaria. Necesitamos una universidad más flexible en la que poder encontrar procesos de actualización de las carreras", ha concluido el ministro tras insistir en que los universitarios deben empezar a superar la idea de que una vez que consiguen el título se van a dedicar profesionalmente a ese sector toda su vida. 

Acabar con la temporalidad

La ley "dignifica" las condiciones laborales del profesorado asociado convirtiendo sus plazas temporales en indefinidas, medida de la que se beneficiarán más de 25.000 profesores y profesoras asociados y que supondrá una reducción de la temporalidad del sistema universitario, pasando del 40% que fija la actual ley al 8%. La norma recupera el valor original de la figura del docente asociado, que dará clases en asignaturas donde su experiencia resulte "relevante". Su docencia se limitará a un máximo de 120 horas lectivas.

Se incorpora, además, la figura del profesor sustituto, cuya finalidad exclusiva es la de sustituir a un docente de plantilla que suspenda su actividad temporalmente. De esa manera se evita que las facultades se vean obligadas a recurrir a otras figuras, como los asociados.

La carrera docente tendrá varios pasos: acceso, estabilización y promoción. Una vez realizada la tesis, la incorporación se realizará con la figura del ayudante doctor, con un contrato de seis años (la actual ley impone cinco). Pasados esos seis años se podrá alcanzar la estabilización a través de las figuras de titular de universidad o permanente laboral, mediante la acreditación pertinente y concurso público. Es decir, la estabilización de los docentes llegará tras un periodo de diez años. La promoción vendrá a través de la figura del catedrático.

En el caso de los ayudantes doctores, en el primer año de contrato deberán asistir a un curso de pedagogía. De esta manera, las universidades dejarán de ser el único sector educativo donde no se exige una formación docente al profesorado para ejercer su profesión. El contenido y duración del nuevo curso está todavía por determinar aunque se realizará en equilibro con las tres autoridades competentes en los campus: ministerio, comunidades autónomas y universidades.

El objetivo de atajar la temporalidad de los docentes es reducir la edad media de los profesores permanentes dado que el envejecimiento de las plantillas (hay 120.000 profesores en las 50 universidades públicas) es un serio problema en las aulas. De hecho, más de la mitad (52%) se jubilarán en los próximos ocho años. La norma especifica la figura del profesor distinguido, que podrá trabajar en la facultad sin acreditación y con la duración contractual que decrete la universidad, frente a los docentes visitantes, cuyos contratos serán -como máximo- de dos años. Todas las plazas de docente (menos asociado, distinguido y visitante) se realizarán tras un concurso público.

Los profesores serán sometidos a evaluaciones tanto cuantitativas como cualitativas: publicaciones, investigaciones, experiencia, pluralidad lingüística...

Rectores y rectoras

La Losu permitirá las pasarelas entre los profesores permanentes y los profesores funcionarios. Habrá que ser funcionario para aspirar al cargo de rector o rectora. Durará seis años (ni uno más) y no será renovable. Al contrario de lo que se especificaba en el borrador elaborado por el departamento del exministro Manuel Castells (que se retiró del cargo el pasado diciembre por motivos de salud), el actual texto no incorpora todos los requisitos de docencia e investigación que un profesor debe tener para acceder al cargo de rector. Según el nuevo redactado, serán las facultades las que lo determinen. La futura ley quiere luchar también contra la histórica endogamia de la universidad española, de modo que en todos los concursos públicos la universidad convocante estará en minoría y los miembros serán escogidos por sorteo.

Derecho a la huelga

La futura ley establecerá por ley el derecho al paro académico de los estudiantes, una práctica completamente normalizada en la vida universitaria (técnicamente no se llama huelga porque no son trabajadores) pero que algunas facultades no la tenían recogida expresamente. “Es un derecho y un arma de los estudiantes”, ha recalcado Subirats. En todo caso, si los paros coinciden con exámenes, los que quieran continuar con su actividad lectiva lo podrán hacer (evidentemente) y los que acudan a la huelga "asumirán las consecuencias". Otro derecho de los universitarios será la evaluación de la calidad de la docencia, una práctica que se realiza habitualmente pero que queda un simple papel mojado. El objetivo es que la opinión de los estudiantes tenga mucha más fuerza, tanta como para ser tenida en cuenta a la hora de conceder incentivos económicos a los profesores por su excelencia docente. Otro de los derechos de los estudiantes, será su participación vinculante en los planes de estudio y guías docentes, algo que ya se hace pero que se refuerza en la nueva norma.

Gobernanza

Seguirá como hasta ahora, con el claustro, consejo de gobierno, el consejo de estudiantes y el consejo social. Lo que cambia es que en el claustro habrá un mínimo del 25% de representación de los estudiantes (hasta ahora no estaba especificado) mientras que el personal docente e investigador funcionario y los permanentes laborales supondrá el 51%. Los estudiantes tendrán también un 25% de representación en el claustro, así como en los consejos de facultad o departamento. Los estudiantes, además, tendrán garantizada su "plena y efectiva participación" en la elaboración, seguimiento y actualización de los planes de estudio y sus efectos en las guías docentes.

Igualdad y lucha contra el acoso

Las facultades deberán tener planes de igualdad (las unidades de igualdad serán obligatorias), protocolos contra el acoso y enfoque de género. Habrá acciones de discriminación positiva cuando el departamento tenga una minoría (bien de hombres o bien de mujeres).