Colectivos vulnerables

El 12% de los geriátricos catalanes han sido sancionados en los últimos 4 años

  • La mayoría de las infracciones, muy graves, tienen que ver con la nula higiene, la falta de personal, el deficiente control alimentario o las inmovilizaciones de ancianos sin prescripción médica

Una mujer mayor, en una residencia.

Una mujer mayor, en una residencia. / CARLOS MONTAÑÉS

8
Se lee en minutos
Elisenda Colell
Elisenda Colell

Redactora

Especialista en pobreza, migraciones, dependencia, infancia vulnerable, feminismos y LGTBI

Escribe desde Barcelona

ver +

En los últimos cuatro años, el 11,7% de las residencias de ancianos en Catalunya han sido multadas por la Generalitat. Los procedimientos sancionadores se triplicaron a partir de 2020, año de la pandemia del coronavirus, cuando las denuncias de los familiares se dispararon y el elevado número de fallecimientos aumentó la presión de la fiscalía sobre estos centros. De las 1.073 residencias que funcionan en Catalunya, 126 han sido objeto de un expediente sancionador entre comienzos de 2019 y hasta abril de 2022, según los datos revelados por el portal de transparencia a EL PERIÓDICO. El 71% de las infracciones cometidas se consideran muy graves, entre ellas no permitir el acceso sanitario, cometer faltas importantes de higiene a los residentes, inmovilizarlos sin prescripción médica o no disponer de personal cualificado. En este período se han cerrado o suspendido 17 centros y se han impuesto multas por valor de 1,7 millones de euros. Más de la mitad, el 55%, aún no han sido abonadas.

Cada año, el cuerpo de inspectores de servicios sociales del Govern visita uno por uno todos los equipamientos de la Generalitat. "Sin avisar y a cualquier hora: de día o de noche", insisten fuentes de este organismo supervisor. Unas visitas que se pueden alargar varias horas, y en las que hablan con los residentes, con los trabajadores y analizan al detalle la vida del centro, incluso comen en él. Además de estas inspecciones ordinarias, también se efectúan inspecciones por denuncias, la práctica mayoría motivadas por los familiares de los centros y, evidentemente, sin avisar.

En 2019, la Generalitat sancionó a 16 centros, fueran públicos, privados o concertados. Las multas impuestas van desde los 4.600 a los 49.000 euros. Los centros sancionados cometieron un total de 39 infracciones, de las cuales el 74% eran casos muy graves. Destaca el cao de un centro en el que consta un incumplimiento flagrante de la normativa: se detectaron tres situaciones en las que se incumplían las normas de higiene, las pautas de medicación y el acceso a servicios sanitarios, no había personal para cuidar a los residentes, los alimentos eran insuficientes y no cumplían con las condiciones higiénicas ni nutritivas básicas y no existía ninguna programación de las dietas. Este establecimiento se llevó la multa más elevada de ese año pero han recurrido la sanción. En 2019, otrs dos centros presentaron recursos de este tipo, por lo que aún quedan 56.200 euros sin abonar.

El año del covid se triplican las sanciones

En 2020, la cifra de residencias sancionadas y las infracciones detectadas se triplicó respecto al año anterior: fueron 46 procedimientos abiertos y 138 infracciones cometidas. El 72% corresponden a situaciones muy graves. También se incrementó el número de sanciones. En total, la suma impuesta superó el medio millón de euros, aunque solo se han abonado 204.100 euros. Las sanciones van desde los 4.600 a los 57.000 euros. La multa más alta se impuso a un centro al que también le exigieron el cierre. Los inspectores ratificaron que no estaba adaptado, no permitía los movimientos ni el contacto con el exterior de los residentes. Se incumplían hasta en dos ocasiones las normas materiales del centro, poniendo en riesgo la seguridad de los residentes. No tenían libros de registros, protocolos ni planes individualizados por cada anciano. Los alimentos que se servían no cumplían las mínimas condiciones sanitarias y además la empresa falseó documentación a los inspectores de trabajo. Cabe destacar que se trata de un caso motivado en 2019, pero la multa se impuso en 2020.

Como este, más de la mitad de los expedientes de 2020 se arrastraban desde el año anterior. Es decir, que eran casos de mala praxis que se habían detectado con anterioridad. "En 2020 tuvimos un parón de algunas semanas porque Salut asumió las competencias de los centros, pero a la vez los familiares dejaron de poder entrar, las muertes se multiplicaron y la gente estaba angustiada, por lo que había muchísimas denuncias que atender", explican a este diario inspectores del Govern que se enfundaron en los trajes EPI y se pusieron a revisar la normativa. Formalmente, y en vista a los expedientes definitivos, la Generalitat cerró dos geriátricos en 2020. De hecho, las infracciones detectadas en 2020 son 33, aunque la mayoría de multas se han impuesto en 2021 y en 2022.

Las grandes empresas: "Pago y punto"

En 2021, siguió la misma tendencia. Continuaron al alza las sanciones, con un total de 42 y se cometieron 197 infracciones, de las cuales el 73% fueron muy graves. Aquí ya se nota el impacto de la pandemia, solo dos expedientes se arrastraron desde 2019. Ese año se decretó el cierre de ocho centros y la suspensión de actividad de tres más. Es decir, que un total de 11 empresas debieron dejar de prestar sus servicios. La multa más elevada fue de 46.700 euros, para un centro en el que se detectaron 12 infracciones, la mitad de ellas muy graves: se practicaban inmovilizaciones mecánicas o farmacológicas sin prescripción médica, había faltas importantes de higiene, no se cumplían las ratios de personal, no se prestaba atención personalizada y los responsables no se presentaban cuando la administración les requería documentación.

Este geriátrico sigue funcionando a día de hoy. No se ordenó su cierre y la sanción ya está pagada. Una realidad que preocupa a algunos inspectores. "El problema más grave lo tenemos con las grandes empresas que gestionan geriátricos y tú, a la que vas viendo la situación, les vas diciendo: '¿Te das cuenta de que esto es una infracción? ¿Que aquello no está bien?' Y ellos te responden con toda la desfachatez: 'Pero pago y punto'".

El expediente de Tremp

En 2021 también consta el expediente de la residencia Fiella de Tremp, donde murieron 61 ancianos de coronavirus. El procedimiento sancionador detecta 12 infracciones, de las cuales nueve son muy graves. No facilitaron el acceso sanitario de los residentes, se inmovilizaba (mecánica o farmacológicamente) a los residentes sin prescripción médica, se trataba a los ancianos de forma discriminatoria con un trato irrespetuoso, se incumplían ratios de personal cualificado y el edificio no estaba adaptado al grado de discapacidad de los usuarios. Además, hay dos residencias que se cerraron en marzo y septiembre de 2021, que ese año obstaculizaron las tareas de los inspectores, hasta el punto de no dejarles hacer la visita.

Noticias relacionadas

Este 2022, las sanciones de la inspección en las residencias siguen in crescendo. En los primeros cuatro meses del año, ya se ha multado a 26 centros que cometieron 105 infracciones, el 66% de ellas muy graves. Seis expedientes se arrastran desde 2019, siete se abrieron en 2020 y 12 en 2021. La suma total de las multas llega hasta los 389.280 euros, la más alta es de 38.500 euros. El motivo, falta de higiene y acceso a medicación, inmovilizaciones sin prescripción y falta de personal, entre otros. Este geriátrico tampoco se cerró. Sí se ha clausurado otro centro, que acumulaba hasta ocho infracciones y se ha suspendido a la empresa gestora en tres casos más.

"Nos faltan manos"

Los inspectores consultados por este diario denuncian una falta importante de personal para poder cumplir con sus tareas. "Nos faltan manos, no damos abasto", lamentan. Y se da la doble situación de que las personas que se están jubilando en este servicio no son reemplazadas. "Salen plazas vacantes y nadie se presenta, la gente le ha cogido mucho miedo", se quejan. Vista esta situación, y dado el aumento de las denuncias, no les queda otra que aumentar sus jornadas, o posponer las visitas a los centros residenciales. En los últimos ocho años, han sido los únicos que han podido entrar, y comprobar in situ, las carencias del 12% de ellos.

¿Cuáles son?

Es imposible saber qué residencias son las que han cometido las infracciones. Ni siquiera en qué municipio se ubican. En febrero de 2020, una periodista pidió, a través del portal de la transparencia, las sanciones interpuestas desde 2014 hasta 2018 a las residencias de la tercera edad catalana. La Generalitat lo estimó, pero el 23 de julio de 2020 varias empresas impusieron recursos contra esta decisión. Fueron Saraibra SL (que gestionaba un geriátrico en Barcelona), Planiger SA (una filial del grupo Amavir, que tiene cinco residencias en Catalunya), Residencia Barcelona SL (que gestiona un geriátrico en Sant Andreu), Fundació Privada Bell Repòs de Súria (dueña de una residencia en el Bages), Residencia Valle Hebron SL (que gestiona otro geriátrico en Barcelona) y Residencia Castrillon SL (propietaria de un geriátrico en Lleida).

Los jueces no solo aceptaron estas medidas cautelares, sino que en varias sentencias publicadas en marzo y abril de este 2022, han ratificado estas decisiones. A partir de entonces, cualquier petición de transparencia en relación a las infracciones a los geriátricos catalanes debe evitar mencionar de qué geriátrico se trata, dónde se ubica y quién lo gestiona. Los jueces consideran que, al informar sobre ello, se "menoscaban los intereses reputacionales y por ende económicos de dichas residencias".

Esta decisión va radicalmente en contra de algunas peticiones de las asociaciones de familiares y los expertos. El presidente de la asociación española de gerontología, en una entrevista en El Periódico, consideraba "una vergüenza" que los ciudadanos no tuvieran acceso a las valoraciones de las inspecciones realizadas en los geriátricos, como se hace en Estados Unidos. No solo porque algunas de ellas son un servicio público que brinda la administración, sino porque en otras se trata de un servicio privado con un coste que oscila entre los 2.000 y los 4.000 euros al mes.