El Gobierno ultima un acuerdo sobre el nuevo modelo de residencias de ancianos que creará 34.000 empleos

El Ministerio de Derechos Sociales confía en crear 34.294 empleos nuevos en residencias y centros de día de aquí a finales de 2029 si se aprueba el nuevo modelo de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema de dependencia, que incrementa el ratio de profesionales por cada residente.

El rechazo de ocho comunidades al nuevo modelo, incluidas dos gobernadas por los socialistas (Castilla-La Mancha y Extremadura), impidió aprobar el acuerdo a finales de mayo, pero el Ministerio tiene intención de convocar otro Consejo Interterritorial para finales de este mes.

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Fuentes de Derechos Sociales destacan el impacto que tendrá en el empleo el nuevo modelo, que establece que en diciembre de 2019 en las residencias de mayores tendrá que haber un profesional por cada dos residentes y en los centros de personas con discapacidad, cuatro por cada siete residentes.

Según sus cálculos, el pacto supondrá crear 34.000 empleos en atención directa de primer nivel (personal gerocultor, cuidadores, educadores) y de segundo nivel (personal de psicología, fisioterapia, enfermería, trabajo social, etc.): 21.071 en residencias, de forma progresiva hasta finales de 2029, y 13.223 en centros de día hasta diciembre de 2023.

Los nuevos ratios, según el acuerdo, deberán cumplirse en todas las residencias publicas y concertadas, pero también en las privadas en las que viven residentes que aportan el denominado "cheque residencia".

Además del número de profesionales, la estrategia diseñada por Derechos Sociales plantea impulsar la teleasistencia y la atención a domicilio y exige que las residencias se reorganicen en "unidades de convivencia" de un máximo de 15 personas, con un espacio común que permita preparar comidas y disponer de comedor y sala de estar.

Los nuevos centros que se construyan a partir del acuerdo tendrán además otros requisitos: un máximo de 120 plazas en zonas urbanas de alta densidad y de 50 si es un centro de personas con discapacidad; y al menos un 65 % de habitaciones individuales.

Ante el rechazo de varias autonomías y de la patronal de las residencias por las dudas sobre la financiación del sistema, destaca Derechos Sociales que la aportación del Estado al sistema de dependencia ha pasado de los 1.528 millones de euros de 2020 a los 3.086 presupuestados este año.

Y recuerda el compromiso de mantener esa tendencia alcista en los presupuestos para 2023 e incrementar la partida con al menos otros 600 millones.