Directores de colegios esperan instrucciones para aplicar el 25% de castellano

Las direcciones de los centros educativos catalanes están a la espera de recibir las instrucciones de la Conselleria de Educació para cumplir antes del próximo miércoles, 1 de junio, el plazo que les dio el TSJC para que impartan el 25% de las materias en lengua castellana.

"Necesitan la instrucción de la Conselleria de Educación, que es el superior jerárquico de quien dependen, con los detalles de cómo aplicar la medida", ha dicho el secretario general Profesores de Secundaria (ASPEPC-SPS) y catedrático de instituto, Xavier Massó.

Massó también ha indicado que una de las condiciones para dar el 25% de materias en castellano pasa por modificar el plan lingüístico de cada centro educativo, lo que "implica un esfuerzo organizativo por parte de la dirección", para el que "casi no habrá tiempo", dado que la instrucciones "aún no han llegado".

La presidenta de la Asociación de Directivos de la Educación Pública de Catalunya (AXIA), Núria Prunés, también ha reconocido que "la preocupación entre la dirección de los centros es máxima porque no tenemos las instrucciones y el plazo se agota".

Plazo de 15 días

En un auto, el TSJC notificó el pasado 11 de mayo a la Generalitat que el 25 % de las clases de todas las escuelas e institutos debían impartirse en lengua castellana y le dio 15 días hábiles para empezar a aplicar la medida.

El próximo martes expira el plazo dado por el TSJC, por lo que el miércoles 1 de junio todos los colegios deberán empezar a impartir como mínimo el 25% de clases en castellano.

El Govern "está trabajando" para aprobar antes del martes un decreto que indique cómo se deben usar el catalán y el castellano en las escuelas, texto del que se derivarán las instrucciones que recibirán los centros para cumplir con la sentencia que obliga a impartir un 25% de las clases en lengua castellana, según explicó este sábado al canal 3/24 el secretario de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila.

Vila aseveró que "se está trabajando intensamente para llegar en el momento adecuado" con el decreto aprobado "y con todas las escuelas sabiendo lo que tienen que hacer, protegidas ante la sentencia". "Básicamente", afirmó, ese decreto no fijará porcentajes y lo que hará es "explicar cómo se hace el proyecto lingüístico" en un marco "en el que el catalán es el centro de gravedad del sistema educativo", su "columna vertebral".

Acuerdo entre partidos

El día siguiente a la recepción del auto del TSJC, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, se reunieron en el Palau de la Generalitat con la Junta Permanente de Direcciones de Centros Educativos.

En aquel cónclave, Cambray dijo a los representantes de los directores que la Generalitat haría lo que "fuese necesario" para "proteger a las direcciones", una protección que "muy probablemente" pasaría por que la consellería "envíe a los centros las instrucciones de aplicación de la medida", aunque no concretó en qué términos.

Supeditar la redacción de las instrucciones a la aprobación de la "Proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria" acordado por PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem en el Parlament, puede haber atrasado su entrega a las direcciones.

El acuerdo contempla reafirmar el catalán como "lengua vehicular" en las escuelas y, a la vez, reconoce el castellano como lengua de "uso curricular", sin fijar porcentajes y dejando margen de decisión a los centros educativos.

Reclamación de Vox, Ciudadanos y PP

Estaba previsto que el pleno del Parlament del pasado viernes aprobase en lectura única la proposición de ley, pero la solicitud de un dictamen ante el Consejo de Garantías Estatutarias presentado por Vox, Ciudadanos y PP ha aplazado la aprobación de la propuesta de la nueva ley.

En el escrito remitido al Consejo de Garantías Estatutarias, Vox, PP y Ciudadanos alegan que "la proposición de ley es inconstitucional y contraria a los dictados de los tribunales por no recoger el castellano como lengua vehicular y no garantizar en modo alguno que todos los alumnos van a recibir de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular del castellano, en porcentaje no inferior al 25 %".

El Consejo de Garantías Estatutarias dispone de siete días hábiles desde el pasado viernes para dictaminar si se ajusta al Estatut y la Constitución, por lo que solo si emite su informe con inusual rapidez será posible celebrar el pleno de aprobación de la ley el lunes o el martes de la semana que viene, para presentarla ante el TSJC junto a un decreto ley que prevé aprobar en paralelo el Govern de Pere Aragonès.