Agresiones sexuales

La 'ley sí es sí' avanza pese a la pugna PSOE-Podemos por la prostitución

La norma cosecha un amplio apoyo pero el consenso puede romperse cuando en unas semanas se tome en consideración la ley abolicionista del PSOE

La ley de libertad sexual pone el consentimiento en el centro y acaba con la distinción entre abuso y violación

Protesta en Madrid, en 2019, a raíz de la primera sentencia de la violación de los San Fermines de 2016

Protesta en Madrid, en 2019, a raíz de la primera sentencia de la violación de los San Fermines de 2016 / David Castro

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Patricia Martín
Patricia Martín

Periodista

Especialista en sanidad, igualdad, violencia machista, infancia, consumo

Escribe desde Madrid

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“Hoy las instituciones decimos a una que ‘solo sí es sí’, ‘hermana yo sí te creo’”. Con esta frase ha resumido la ministra de Igualdad, Irene Montero, lo que significa la aprobación este jueves, por parte del Congreso, de la ley de garantía de la libertad sexual, más conocida como ley del ‘solo sí es sí’ por llevar a la legislación los gritos feministas contra las agresiones sexuales.

La norma ha obtenido un un amplio apoyo (solo han votado en contra PP y Vox), pero el debate en el pleno ha puesto de manifiesto que el consenso durará poco y que en unas semanas, cuando se tome en consideración la proposición de ley impulsada por el PSOE y destinada a abolir la prostitución, las posturas serán, previsiblemente, más irreconciliables. Y es que la portavoz socialista, Laura Berja, ha centrado su intervención en señalar que la ley ‘sí es sí’ es “buena” pero se “queda corta porque deja fuera a las víctimas de la prostitución”.

Berja ha recordado que su partido intentó introducir en la ley una enmienda que endurece las penas contra los proxenetas pero que tuvo que ser retirada porque el resto de grupos de la izquierda y los nacionalistas “amenazaron con votar en contra” de toda la ley. Y es que, según estos partidos, la redacción ponía en riesgo a las mujeres que se prostituyen voluntariamente y su entorno. En aras del consenso y antes del debate en la Comisión de Igualdad, se decidió suprimir del texto todo lo referente a la persecución de la prostitución forzada, pero al día siguiente el PSOE presentó una proposición de ley, que se debatirá, previsiblemente, en las próximas semanas y que obligará, de nuevo, a que los partidos fijen posición.

El reproche

La actitud del PSOE ha dejado mal sabor de boca en la izquierda y los nacionalistas. “Nos van a presentar algo sin el informe del Consejo de Estado, para que lo discutamos en cuatro días y en base a blancos y negros y en eso se ponen en una posición ideológica calcada a la derecha”, reprochó a los socialistas la republicana Pilar Vallugera, quien reconoció que la “defensa de las prostitutas” durante el debate de la ley ‘sí es sí’ les ha generado “tensión interna”.

Otros grupos se han referido también a la prostitución y a que esta norma no es el marco adecuado para tratar algo que genera tanta división entre abolicionistas y regulacionistas. Lo único que ha quedado en la norma es un precepto que declara ilícitos los anuncios que supongan “promoción de la prostitución”.

Las medidas

Más allá de este aspecto, la ley ‘solo sí es sí’, que pasará ahora a debatirse en el Senado y si no se demora podría ver la luz a finales de junio, busca un cambio de paradigma hacia las agresiones sexuales similar al que logró la ley contra la violencia de género.  Para ello, modifica los delitos sexuales en el Código Penal e incluye un conjunto de medidas destinadas a prevenir los ataques y atender y reparar a las víctimas, ante la evidencia de que es un delito que muchas mujeres no denuncian por el estigma y la vergüenza que aún acarrea y el miedo a no ser creídas.

En la reforma del Código Penal, introduce el consentimiento expreso como elemento clave a la hora de juzgar los delitos, considerando agresión todo acto sexual no consentido. Además, acaba con la distinción entre abuso y agresión, haciéndose eco de las protestas contra la primera sentencia de 'la Manada' de los Sanfermines, que castigó a sus cinco integrantes por abuso y no por violación, un fallo que posteriormente corrigió el Supremo.

Centros de crisis

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En la parte de reparación, crea los centros de crisis 24 horas para la atención a las víctimas de violencias recientes o pasadas. Y prevé que la educación sexual esté presente en todas las etapas educativas y que los agresores menores de edad tengan como condena accesoria la obligación de someterse a programas formativos. Además, los agresores sexuales de menores perderán la patria potestad de sus hijos.

La nota más discordante en el debate la ha puesto, como es habitual, Vox, cuando la diputada Carla Toscano ha asegurado que la ley no “frenará las manadas de inmigrantes ilegales que agreden a las mujeres” y “equipara los piropos a una violación”, cuando a ella “le da pena no escuchar cosas por la calle como ‘eso es un cuerpo y no el de la Guardia Civil’”.