Violencia de género

El crimen de Pakistán evidencia las lagunas del plan catalán contra las bodas forzosas

  • Un equipo de expertos de la UAB lleva dos años formando a trabajadores de la administración en este tema pero señala que hay que aplicar más recursos en el acompañamiento y recuperación de las víctimas

El crimen de Pakistán evidencia las lagunas del plan catalán contra las bodas forzosas
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Elisenda Colell
Elisenda Colell

Redactora

Especialista en pobreza, migraciones, dependencia, infancia vulnerable, feminismos y LGTBI

Escribe desde Barcelona

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Cada año, los Mossos d'Esquadra detectan alrededor de una decena de casos de matrimonios forzosos. Pero el doble crimen de las dos hermanas de Terrassa asesinadas en Pakistán, al igual que los datos que barajan las entidades sociales, demuestra que bajo la superficie hay decenas de mujeres que no quieren denunciar o que ni se atreven a verbalizarlo. Hace dos años, la Generalitat diseñó el primer protocolo en toda España para afrontar esta realidad invisible. "A pesar de la pandemia hemos ido implementando la primera fase del protocolo, pero hace falta mucho más, sobre todo insistir en la fase del acompañamiento y la recuperación de las mujeres", sostiene Sonia Parella, socióloga y miembro del Centre d'Estudis i Recerca en Migracions de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que participó en la redacción de este plan.

El 2 de marzo de 2020, dos semanas antes que estallara la pandemia del coronavirus, la Generalitat presentó el primer protocolo para abordar y detectar los matrimonios forzados en Catalunya. La idea era usar la red existente que trabaja contra la ablación de las niñas para incluir también los matrimonios forzosos, y ampliarla en otros municipios. "Tienen cosas en común, pero en la mutilación genital femenina trabajamos con edades muy concretas, los matrimonios forzosos son mucho más complejos: nos podemos encontrar desde a adolescentes nacidas aquí hasta mujeres adultas y con hijos que son casadas en sus países pero cuando son reagrupadas en Catalunya siguen con este maltrato porque el matrimonio no es consentido", explica Parella.

Desde aquella presentación, Parella y su equipo han hecho más de 40 formaciones a diferentes trabajadores de la administración. Cursos en todas las comarcas catalanas en los que han participado trabajadores de los servicios sociales, escuelas, médicos o técnicos de juventud, entre otros. "Es muy importante tener pequeños radares que puedan detectar los casos: saber en qué consiste, signos de alarma...", prosigue. "Lo que pasa es que no es suficiente, se tiene que trabajar con las distintas comunidades de migrantes y conseguir recursos y financiación", avisa Parella.

Muchas tareas pendientes

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En este sentido, insiste en la necesidad de ampliar esta formación y sensibilización entre todas las comunidades de migrantes, especialmente entre aquellas en cuyos países los matrimonios a la fuerza siguen estando plenamente normalizados. "No se trata de estigmatizar, en España hace relativamente poco esto también ocurría. Pero es necesario ir rompiendo falsos mitos y creencias para que sean las propias comunidades las que detengan estas prácticas y puedan activar también las alarmas. Y solo lo haremos si vamos hasta ellos", señala.

Dos años después de la puesta en marcha del programa, la experta pide aplicar la segunda y tercera fase del protocolo. Entre ellas, destaca el acompañamiento a las víctimas y el trabajo para su recuperación. "Las chicas que quieren detener estas prácticas están en una situación muy complicada: deben romper con su familia, con sus vínculos, con su comunidad. En definitiva, pierden su identidad y necesitan estar acompañadas en este proceso". Y aquí es donde se hace más que evidente la falta de fondos. "El protocolo puede estar muy bien pero si no se financia.. se quedará en un papel mojado", dice. A la vez, Parella apunta que la falta de medios para las chicas que sufren matrimonios forzosos también es aplicable a las víctimas de la violencia machista: la falta de viviendas para su reinserción, las largas colas de espera para acceder a las casas de acogida o las dificultades que tienen las entidades para conseguir vivienda.