Asociaciones de discapacidad piden a García-Gallardo que rectifique su "menosprecio"

Entidades del tercer sector que trabajan con personas con discapacidad como CERMI, ASPAYM o CONCEMFE han criticado la respuesta del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), este martes en el pleno de las Cortes, a la procuradora socialista Noelia Frutos, que tiene una discapacidad, y le han pedido que rectifique en "su enfoque de menosprecio".

García-Gallardo, ante la pregunta de Frutos sobre el tratamiento a las mujeres con discapacidad en Castilla y León, sostuvo que no le trataría con "condescendencia" sino "como si fuera una persona como todas las demás".

"En CERMI somos una plataforma de derechos y estamos para velar por los intereses y la dignidad de las personas con discapacidad y no podemos permitirnos que se menoscaben sus derechos", ha explicado este miércoles en un comunicado el presidente de CERMI Castilla y León, que engloba a trece entidades, como la ONCE, PREDIF, Plena Inclusión o ASPACE, Juan Pérez.

CERMI Castilla y León ha pedido una "rectificación" ante "el enfoque de menosprecio" del vicepresidente de la Junta y ha reiterado "a todas las administraciones públicas y a la sociedad la necesidad de trabajar en clave e igualdad y de derechos".

En la misma línea, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCEMFE, ha rechazado "frontalmente el trato discriminatorio e irrespetuoso" de García-Gallardo a la procuradora Noelia de Frutos al decir que la respondería "como si fuera una persona como todas las demás"".

Su presidente, Anxo Queiruga, ha rechazado en un comunicado "la condescendencia" del vicepresidente de la Junta y ha sostenido que "es intolerable la falta de respeto, el trato vejatorio y la discriminación de un representante público hacia este grupo social."

COCEMFE ha exigido "una rectificación y medidas adecuadas para que este ataque contra la dignidad no vuelva a ocurrir en ningún sector de la sociedad, pero especialmente en los/as representantes políticos".

Y desde ASPAYM, su presidenta, Mayte Gallego, ha sostenido que esa clase "de expresiones, con independencia de la voluntad expresa de infravalorar o discriminar, siguen considerando a las personas con discapacidad como ciudadanía de segunda categoría".

"Y es que el lenguaje es importante para configurar el pensamiento de la sociedad", y para ello "urge para ello esa sensibilización en la sociedad, también en el lenguaje", ha demandado Gallego.

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En esa línea, ha dicho que el ejemplo "debe empezar por los representantes políticos en general", y no quedarse ahí, ya que ASPAYM pide "medidas específicas como la reforma del artículo 49 de la Constitución" que utiliza la palabra "disminuidos" para referirse a las personas con discapacidad.

ASPAYM ha incidido en que "reeducar a la sociedad desde su más importante documento jurídico prevendrá nuevos casos de expresiones hirientes, se hagan o no con voluntad de discriminar" y ha confiado en que el "episodio en Castilla y León anime a los partidos opuestos a esa modificación constitucional a que comprendan, al fin, su pertinencia".