investigación

Antifrau concluye que el ICS adelantó 35 millones para mascarillas sin cobertura legal

La oficina insta a la Conselleria de Economía y Hacienda y al ICS a que los efectos de la aplicación de la normativa tributaria

Una imagen de archivo de varias mascarillas.

Una imagen de archivo de varias mascarillas. / Marta Fernandez Jara

EP

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Una investigación de la Oficina Antifrau de CAtalunya ha concluido que cuando el Institut Català de la Salut (ICS) adelantó 35 millones de euros a la empresa Basic Devices SL en contratos de suministros y EPI "no había cobertura legal para hacerlo". En un comunicado este lunes, Antifrau explica que en caso de adelantar fondos que se tendrán que justificar, esta justificación debe hacerse un mes después del encargo, lo que "en el caso investigado no se produjo".

Además, la normativa especial en ese momento no preveía la posibilidad de pagos anticipado, tampoco el decreto de medidas urgentes por la pandemia.

Antifrau señala que en el momento de la contratación la empresa no cumplía con el requisito legal de estar inscrita como licitadora en la Seguridad Social, ante lo que recomienda que en estos casos consulte al órgano de la Generalitat dedicado a la contratación pública.

El informe final de la investigación recuerda que faltó información sobre el origen y los contratos preliminares, y que estas carencias "desactivaron cualquier mecanismo de prevención, detección y solución de conflictos de interés o de lucha contra la corrupción".

Por todo, Antifrau insta a la Conselleria de Economía y Hacienda y al ICS a que "valoren y verifiquen el abasto, la repercusión y los efectos de la aplicación de la normativa tributaria y duanera" en la operación con Basic Devices.

Agencia Tributaria

El organismo ve "riesgo tributario" en el caso, por lo que lo ha comunicado a la Agencia Tributaria por si esta considera que debe tomar acciones.

Esta investigación empezó a iniciativa propia de Antifrau ante "el incremento de riesgo de corrupción que comportaba la situación de estado de alarma sanitaria conjuntamente con la generalización de la tramitación de emergencia de compras" de las administraciones públicas.