Prostitución

Multar a los puteros, ¿una medida eficaz?

El PSOE quiere modificar el Código Penal para sancionar a los hombres que paguen por sexo

Multar a los puteros, ¿una medida eficaz?
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Violeta Molina Gallardo
Violeta Molina Gallardo

Periodista

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El PSOE quiere abolir la prostitución y estima que el camino para conseguirlo es modificar el Código Penal para castigar el proxenetismo y multar a los hombres que pagan a cambio de tener sexo con mujeres prostituidas. La fórmula de sancionar al putero es una medida que despierta diferencias: algunas expertas defienden que sólo desincentivando la demanda se acabará con la prostitución y otras consideran que las multas a los hombres se terminan volviendo en contra de las mujeres que se quiere proteger.

En España, la ley de seguridad ciudadana ya permite establecer sanciones a los puteros (y también a las mujeres prostituidas), pero el PSOE aspira a que sea el Código Penal quien castigue a estos varones. Para ello, ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que establece sanciones de 12 a 24 meses a estas personas, y prisión de 1 a 3 años y multas de 24 a 48 meses en caso de que la persona prostituida sea menor o esté en situación de vulnerabilidad.

La reforma planteada aclara que "en ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución".

"Las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos. Estas personas representan la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución. Por tanto, esta iniciativa contempla el reproche penal de este tipo de conductas", señalan los socialistas en la exposición de motivos de su proposición de ley.

Como todo en el debate sobre la prostitución, esta medida suscita respuestas muy diversas, desde defensas férreas -como la del PSOE- a críticas contundentes. El propio Ministerio de Igualdad ha reiterado en distintas ocasiones que penalizar el consumo de la prostitución es una medida poco eficaz.

Sin demanda no hay oferta

"Los países que tienen legislaciones abolicionistas sancionan a los puteros. (...) Hay que sancionar a los puteros porque sobre ellos recae la totalidad de la prostitución, si no hubiera demanda no habría oferta, si existe es porque hay varones que piensan que pueden acceder al cuerpo de las mujeres y a precios cada vez más irrisorios", señala la profesora de Sociología del Género de la Universidad de la Coruña Rosa Cobo.

"Si no hay sanción a los puteros, ¿cómo va a recibir la sociedad la idea de que no está bien la prostitución, cómo van a recibir los chicos jóvenes la idea de que eso no se puede hacer?, se pregunta la socióloga.

Precisa, sin embargo, que para abolir la prostitución, además de multar a los puteros hay que perseguir el proxenetismo en todas sus formas, hacer políticas públicas que presten ayuda a las mujeres prostituidas -apoyo psicológico, alternativas habitacionales, recursos laborales...- y hacer que el sistema educativo permita la socialización de niños y niñas en la idea de la igualdad, de que "los individuos nunca podemos ser un medio para otros, para proporcionar el placer del poder para los otros".

Desde Médicos del Mundo, que trabaja con mujeres muy vulnerables en situación de prostitución, consideran también que condenar al prostituidor es una medida necesaria, pero no de forma aislada.

Desalentar la demanda, sí, pero siempre y cuando vaya acompañada de la condena del proxenetismo y de todas las iniciativas necesarias para permitir a las mujeres prostituidas dejar la prostitución porque tienen alternativas reales y dignas, medidas para reparar desde el punto de vista económico, de la salud mental, sexual y física, y acceso a formación para incorporarse al mercado de trabajo y poder acceder a una vivienda digna.

Josefina Barandiarán, vocal del grupo de voluntariado de prostitución de Médicos del Mundo, incide en la urgencia de incorporar la educación sexual tanto a los espacios educativos reglados como a los informales, de manera que los más jóvenes entiendan lo que significan ciertas prácticas sexuales y que la prostitución es una manera de reproducir modelos machistas y estereotipos patriarcales. También estima necesarias campañas de sensibilización de la sociedad.

Barandiarán subraya que los puteros cada vez son más jóvenes, que trivializan y normalizan la prostitución y que por la influencia de la pornografía demandan prácticas violentas, denigrantes y degradantes: "El buscar a mujeres embarazadas, mujeres menores, mujeres con discapacidad es algo increíble".

"Hoy sabemos que el perfil del prostituidor es el de un hombre de todo tipo de clases sociales, de todos los estratos económicos, niveles de formación y culturales y de todas las edades. (...) Es el segundo negocio mundial", enfatiza.

Barandiarán aclara que abolición y prohibición de la prostitución no son la misma cosa: pues mientras las primeras consistiría en una sociedad en la que las mujeres no se tuvieran que ver obligadas a ser prostituidas para poder sobrevivir, la segunda sería "considerar que la prostitución es un delito, por lo que las mujeres quedarían criminalizadas".

El ejemplo de Albal

El municipio valenciano de Albal, de unos 16.000 habitantes, ha cambiado recientemente su política sobre prostitución. Durante años, se estuvo multando tanto a los puteros como a las mujeres prostituidas con sanciones de 60 o 100 euros, pero un hecho trágico hizo que el ayuntamiento diera un importante viraje.

En el 2021 asesinaron allí a Florina, una chica prostituida de 19 años. En 2004 habían asesinado a Ivana, de 21.

"Dedujimos que todo lo que estábamos haciendo no servía para nada y en una ordenanza optamos por endurecer las multas y considerar a las mujeres prostituidas como víctimas", explica a este diario el alcalde de Albal, el socialista Ramón Marí, que está trabajando para que el resto de municipios de la comarca de Huerta Sud sigan su iniciativa.

Desde hace tres meses, se han impuesto en Albal multas de 800 euros a 25 puteros. Los servicios sociales del ayuntamiento también trabajan con las mujeres para que puedan acceder a ayudas que les abran vías para salir de esa situación. Sin embargo, Marí reconoce que son reticentes, que esta parte está costando porque "tienen miedo".

Marí espera que la ley planteada por el PSOE para sancionar a puteros y castigar a proxenetas se apruebe: "No es una cuestión de ideología, sino de conciencia. Todos tenemos que estar luchando para que la prostitución se acabe o al menos llegue a su mínima expresión, para que los proxenetas no circulen con plena impunidad", afirma.

Criminalizar a las mujeres

La profesora de Filosofía del Derecho de la Universitat de Barcelona e investigadora del Grupo Antígona Paula Arce no lo ve tan claro, pues pone el acento en que este tipo de medidas encaminadas "a criminalizar al consumidor son propuestas que criminalizan la actividad y tienen efectos muy negativos en las condiciones en que las mujeres ejercen la prostitución".

"Se produce una clandestinización de la actividad, se tienen que esconder para realizar la oferta de los servicios sexuales, pierden sus entorno de seguridad, tienen menos tiempo para poder negociar las condiciones en que se ejerce ese servicio. También se estigmatiza, se genera una mayor desconfianza hacia la policía y las fuerzas de seguridad. (...) A pesar de que no sea la finalidad de la medida, está criminalizando la actividad y de alguna manera también a ellas y se deterioran mucho las condiciones en que estas mujeres están en la prostitución", afirma Arce.

"Abocan a una situación todavía peor a un colectivo de mujeres muy discriminado y con una gran vulnerabilidad", continúa la experta.

Arce destaca que la modificación del Código Penal no va a crear el cambio que pretende realizar, "no va a eliminar la prostitución ni a hacer que los hombres no quieran contratar a una mujer para un servicio sexual".

También ella insiste en el despliegue de la educación sexual y afectiva desde infantil como medida necesaria y en ofrecer a estas mujeres mejores alternativas laborales para que puedan dejar la prostitución. Para aquellas que no quieran, prosigue, "se debería facilitar la autoorganización de las trabajadoras sexuales" y que dispongan de espacios seguros para que no tengan que esconderse.

Grupo vulnerable e invisible

La Fundación Cruz Blanca trabaja con mujeres prostituidas. Se declara abolicionista, sin embargo, su posicionamiento es de cautela ante las propuestas de penalización de los hombres que pagan por sexo.

"Este tipo de medidas deben plantearse con sumo cuidado, puesto que pueden generar más daño hacia las personas que se intenta proteger, es decir, las mujeres. Cuando los clientes se ven presionados por este tipo de sanciones, su respuesta no va a dejar de ser dejar de consumir prostitución, sino buscarla en lugares donde no puedan ser detectados, más ocultos", explicita la Fundación.

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Desde esta organización alertan de que la prostitución se traslada cada vez más a pisos particulares donde las mujeres prostituidas están más aisladas y expuestas tanto al control de sus explotadores como a cualquier abuso o agresión por parte de los clientes. Esto también dificulta que tanto las organizaciones que trabajan con las víctimas de explotación sexual como la policía contacten con ellas para ayudarlas.

Aunque la Fundación Cruz Blanca aclara que "el peso de la ley debe caer con contundencia sobre quien se aprovecha de la situación de desigualdad o vulnerabilidad de otro ser humano", rechaza de plano que se castigue a las mujeres que se encuentran completamente indefensas. Además, reitera que los hombres que quieren acceder al cuerpo de las mujeres a cabio de dinero están necesitados de información y formación sobre el sexo, el respeto, la dignidad, las relaciones y la sexualidad.