La Fundación Bofill urge a exigir más responsabilidad a las escuelas concertadas

Catalunya es el séptimo sistema educativo de la OCDE, por detrás de Países Bajos, Reino Unido, Bélgica o Chile, con un mayor peso de la educación concertada. Esta representa el 31,5% del total de las matrículas, porcentaje que es más elevado en Barcelona (54,4%). 

Estudios internacionales relacionan este modelo de educación privada subvencionada con el aumento de la segregación y las desigualdades. El informe 'La concertada a debat', elaborado por Clara Fontdevila, Antoni Verger y Adrián Zancajo y presentado este jueves por la Fundación Bofill, pone el foco en este asunto y urge al Departament d’Educació a revisar los conciertos educativos -el actual decreto es de 1993- para regularlos de forma más estricta, de modo que estas escuelas asuman más responsabilidad en la lucha por la equidad. 

El nuevo modelo debe "dejar las reglas de juego claras y ser transparente", resumió Ismael Palacín, director de la fundación. "No se trata de entrar en el debate político concertada sí o no. Sabemos que será el modelo que tendremos los próximos 10 o 20 años. De lo que se trata es de cómo ese modelo, en el que hay inversión pública, se gestiona con mayor responsabilidad", ha expuesto Palacín, que ha admitido que en el sector de la concertada hay mucha diversidad. 

Subvención frente a contrato

La idea base que defiende el informe es que "el concierto no es una subvención. Es un contrato entre un centro y la Administración para prestar un servicio público. Los actores han de responder a ese contrato", ha defendido Zancajo. Fontdevila ha insistido en que "en un modelo eficaz, la Administración (el Departament d’Educació en este caso) ha de tener un papel protagonista en la oferta". 

El informe señala al actual decreto de conciertos como el elemento que "impide la planificación conjunta de la oferta educativa" y que "genera situaciones de sobreoferta y segregación escolar". Aunque en esta preinscripción, Educació ya ha dado un primer paso para planificar esa oferta con el decreto de admisiones, sí es cierto que el decreto actual le impide incidir de manera más profunda. "En el actual contexto de descenso demográfico en que habrá que cerrar grupos, la corresponsabilidad en la distribución equilibrada del alumnado ha de ser un criterio prevalente en la toma de decisiones", apunta el informe.

El informe señala que el sector concertado escolariza de media porcentajes muy inferiores de alumnado vulnerable. Cita que en educación infantil y en primaria, la escuela pública matricula 2,1 veces más inmigrantes, 1,6 veces más alumnado con necesidades especiales y 4,2 veces más alumnado de bajo nivel económico.  

"Entre 2000 y 2010, con la llegada de inmigración, la escuela que creció fue la pública, con nuevos centros en barrios económicamente más desfavorecidos. Obviamente esa población se escolarizó en la escuela pública porque a la concertada no se la dejó crecer", rebate Oriol Blancher, presidente de la patronal concertada Agrupació Escolar Catalana (AEC).

Hacia la gratuidad

El trabajo también hace hincapié en las cuotas que pagan las familias de la concertada catalana, "muy superior al resto de autonomías", y aboga por la gratuidad. "Algunas escuelas cobran cuotas de entre 500 y 930 euros", señala el documento basándose en un informe de 2021 de GarlicB2B. En dicho informe, se detalla que solo hay una escuela que cobra 930 euros al mes, que la media se sitúa en 202 euros, que el 64% cobra más de 150 euros y que el 36% cobra menos de 200. 

La mayor regulación que reclaman los autores del estudio no supone ningún problema para la concertada si va acompañado de una mejor financiación, subraya Meritxell Ruiz, de la patronal Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya (FECC). "La segregación se reduciría si toda la escuela fuera gratuita", añade, antes de subrayar el "esfuerzo enorme" que hacen muchas concertadas. En el mismo sentido, Blancher ve bien que "a una mayor financiación haya mayor corresponsabilidad" y recuerda que el Pacto contra la Segregación ya incorporaba el compromiso de la concertada a una mayor inclusión, pero también el compromiso de Educació, "que no se ha cumplido", a una mayor financiación.

Las condiciones

"No es posible avanzar hacia objetivos de equidad y calidad del sistema educativo sin una regulación adecuada del sector concertado", señala el informe. A juicio de Fontdevila, Verger y Zancajo esa regulación deberá garantizar, en primer lugar, que la financiación pública va vinculada a la corresponsabilidad de los centros concertados en la lucha contra la segregación escolar y a la progresiva eliminación de cuotas a las familias.

Otra condición que plantean es requerir más transparencia a la hora de rendir cuentas. "No pueden destinarse más recursos a la escuela concertada sin instrumentos de control y concertación reales", señalan.

La planificación conjunta de la oferta de plazas públicas y concentradas es otro requisito que, según el informe, permitirá avanzar hacia "mayores niveles de equivalencia" y "reducir la segregación escolar y evitar situaciones de sobreoferta". Asimismo, la renovación o extinción de conciertos debería ir ligado a las necesidades de escolarización de cada zona y al cumplimiento de los criterios de corresponsabilidad y gratuidad por parte de los centros.

Ligado a estos dos puntos, el informe pide un mecanismo centralizado de priorización de solicitud y asignación de plazas con el objetivo de "eliminar las prácticas informales de selección de los alumnos por parte de los centros" y de "garantizar una distribución equilibrada". Así como una mejora "significativa" en los sistemas de recogida y seguimiento de datos de la población escolar, "actualmente muy deficitarios e insuficientes" para una gestión efectiva.