Por una cultura del buen trato hacia la infancia

Hace escasos días, una niña de cuatro meses sufrió malos tratos presuntamente a manos de su padre y su madre. Se encuentra ingresada en estado grave en el Hospital Infantil de Zaragoza. Por desgracia, no es un caso más, sino el último de una larga lista que muestra cómo la violencia hacia la infancia y la adolescencia es un problema que se ha normalizado y al que nunca se le da la prioridad que merece. 

Este hecho, sumado a la conmemoración el pasado día 25 de abril del Día Internacional para la Lucha contra el Maltrato Infantil, nos lleva a fijar la atención en una realidad sobre la que seguramente solo estamos viendo la punta del iceberg.  

Según los últimos datos existentes, en 2020 se registraron en España 37.778 denuncias por actos violentos contra niños y niñas. De ellas, 5.841 fueron denuncias por malos tratos en el ámbito familiar y 5.685 denuncias por violencia sexual, según datos del Ministerio del Interior. 

El maltrato se manifiesta en diversas magnitudes. El que una bebé acabe ingresada en la UCI por una agresión no deja dudas sobre que se ha cometido un acto violento, pero, ¿y si esa violencia no requiere de una atención médica? ¿También sería maltrato? ¿Una bofetada o un cachete se puede considerar maltrato?

Sabemos que la violencia no es la solución a ningún conflicto, sin embargo, cuando el foco es la infancia y la adolescencia, los actos de violencia física son considerados insignificantes o incluso son justificados como parte de la educación para calmar a un niño o una niña ante una rabieta. Sin embargo, quién pierde los nervios ante esta situación no es el menor, sino la persona adulta que considera legítimo el uso de la violencia para la resolución de un momento tenso.  

Al igual que se impulsan campañas institucionales para sensibilizar contra la violencia de género, hacen falta más acciones por parte de las administraciones públicas para atajar la violencia hacia la infancia. Desde el pasado año, contamos con una potente herramienta en el ordenamiento jurídico para ello: la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). 

Si queremos acabar con el maltrato infantil, necesitamos que esa ley se ponga en práctica ya. Sin ella no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia contra nuestros niños y niñas, ni garantizar que crezcan en entornos seguros. Han pasado nueve meses desde su entrada en vigor, pero todavía se han de implementar muchas de las medidas que contempla. Entre ellas, los programas de formación a familias para la resolución de conflictos, la atención médica y psicológica perinatal a las madres o el acompañamiento a las familias por parte de Servicios Sociales, especialmente con planes de intervención en aquellos casos de situaciones de riesgo.  

Además, se deben impulsar investigaciones sobre el maltrato infantil, registros de información y, por último, formación de profesionales de todos los ámbitos que trabajan con infancia y familias, tanto para prevenir como para atender los casos de violencia, especialmente en los ámbitos educativos, judicial, servicios sociales y de protección, sanitario y de fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Se requiere, en definitiva, un cambio de paradigma que nos lleve a focalizarnos en el buen trato, transcendiendo a la familia y poniendo el acento en el conjunto de la sociedad y en cómo esta entiende la infancia y a la adolescencia.