Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal

La Iglesia aviva los ataques al Gobierno y defiende su discutido modelo ante los abusos

  • Omella acusa a los poderes públicos de “no querer abordar” la pederastia en su conjunto y tacha la regulación de la objeción de conciencia en aborto y eutanasia de iniciativa “totalitaria”

Omella compara los abusos sexuales con una nueva esclavitud que no se quiere abordar. / EFE / RODRIGO JIMÉNEZ / VÍDEO: EFE

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Juan Ruiz Sierra
Juan Ruiz Sierra

Periodista

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Elegido hace un par de años presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella suele ser considerado un miembro del sector aperturista de la Iglesia, afín al actual papa Francisco. Este lunes, sin embargo, pronunció un discurso que recuerda a épocas anteriores, cuando Antonio María Rouco Varela se encontraba al frente del episcopado y la beligerancia con el Gobierno socialista marcaba la agenda. 

Durante su intervención inaugural de la Asamblea Plenaria de la CEE, que esta semana reúne en Madrid a los prelados de todas las diócesis españolas, Omella acusó al Ejecutivo de “no querer abordar” los abusos sexuales a menores en su conjunto, más allá de los cometidos por el clero, y también de albergar intenciones “totalitarias” por las regulaciones, anunciadas o en vigor, de la objeción de conciencia.

El también arzobispo de Barcelona se refería aquí, sin citarlos, a dos ámbitos distintos: el aborto, con el anuncio del Ministerio de Igualdad de crear un registro de médicos objetores para garantizar el derecho a interrumpir el embarazo en los hospitales públicos, y la eutanasia, cuya ley, aprobada en marzo del pasado año, señala que el “acceso” a esta intervención no puede verse “menoscabado” por la objeción. 

“La objeción de conciencia es un derecho necesario en la vida democrática, es una garantía de verdadera convivencia, ya que permite un espacio seguro para todos frente a cualquier tentativa de abuso del poder o de imposición de la opinión mayoritaria. Es una inquietante paradoja que mientras nuestra cultura exalta una libertad sin vínculos, se pretenda reducir el ejercicio concreto y real de la libertad. Reducir la protección jurídica de la objeción de conciencia degradaría nuestra convivencia y nos acercaría a los usos propios de los estados totalitarios”, reaccionó Omella ante todos los obispos.

El despacho de abogados

El cardenal se extendió mucho más sobre los abusos sexuales, en un momento en el que la Iglesia española, tras décadas minimizando el problema, ha cambiado de actitud, al encargar una auditoría independiente que recoja testimonios de víctimas al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo. A esta iniciativa, muy discutida por los propios damnificados, se le unirá la comisión independiente creada por el Congreso y que dirigirá el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo. Los obispos aún no han aclarado si participarán como miembros en este último organismo. 

En cualquier caso, Omella, tras volver a pedir “perdón” a las víctimas, algo que hace cada vez que aborda este espinoso asunto, argumentó que los abusos en el seno de la Iglesia católica solo representan una mínima parte del total, y que mientras el clero está abordando estos delitos para que no se vuelvan a repetir, los poderes públicos no están haciendo lo mismo. 

“La Iglesia tiene la oportunidad de trabajar para que dichos abusos no se repitan y para destapar esta nueva forma de esclavitud mundial que no se quiere abordar. Es una nueva esclavitud que afecta a toda la sociedad, de la que estamos tomando conciencia y en la que lamentablemente algunos miembros de la Iglesia también han participado”, señaló el cardenal, que defendió el controvertido modelo de investigación que ha impulsado la CEE. A su juicio, la iniciativa del despacho de abogados “añade transparencia, rigor técnico y consistencia jurídica a la hora de abordar un drama que para la Iglesia es lacerante”. 

La desconfianza de las víctimas 

Pero la auditoría encargada al bufete ha comenzado con muy mal pie. Casi todas las asociaciones de víctimas han dejado claro que rechazan de plano esta iniciativa, en gran parte debido a que quien la dirige, el abogado Javier Cremades, es miembro del Opus Dei, una organización católica que no se ha destacado, más bien al contrario, por investigar la pederastia en sus colegios. 

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“La mayoría de víctimas no están asociadas”, señaló a ‘Abc’ a principios de este mes el secretario y portavoz de la CEE, Luis Argüello. Pero los damnificados por los abusos sexuales tampoco están respondiendo a la llamada del bufete de abogados. Según los datos proporcionados por el propio Cremades el pasado 6 de abril, el número de denuncias recibidas hasta ese momento, durante su primer mes y medio de trabajo, se reducía a algo menos de 50. Se trata de una cifra muy baja. En Portugal, por ejemplo, una comisión similar, también creada por los obispos, recopiló en sus 30 días iniciales 214 de estos testimonios, pese a que el país vecino cuenta con 10,31 millones de habitantes, frente a los 47,35 de España. 

Precisamente este lunes, coincidiendo con el inicio de la Asamblea Plenaria, varios colectivos del cristianismo de base, como Alandar, Redes Cristianas y Movimiento Celibato Opcional, han entregado en la sede del episcopado una carta que denuncia la actitud “defensiva” de la Iglesia española, a diferencia de la de otros países. “La falta de investigación sobre estos abusos y su negación o minimización por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica española, especialmente por parte de la Conferencia Episcopal Española, es una vergüenza absoluta, una ofensa al Evangelio y un gravísimo pecado de omisión. Constituye además, en muchos casos, un delito de encubrimiento”, señala la misiva.  

La comisión de investigación de Gabilondo se retrasa varias semanas

Casi dos meses después de que el Congreso la aprobara con los únicos votos en contra de Vox, todavía no se sabe casi nada de la comisión de investigación sobre los abusos en el seno de la Iglesia católica que dirigirá el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo. Se desconoce su metodología de trabajo, sus miembros y también si los obispos participarán como miembros en el organismo. Todo va con mucho retraso respecto a los planes iniciales. 

“Me gustaría llegar a Semana Santa con una comisión, pero no les puedo asegurar eso sin más porque depende de muchas instancias y representantes con los que hay que hablar detenidamente. No les puedo prometer una fecha, pero les puedo prometer que estamos en esto con toda nuestra capacidad”, dijo Gabilondo a mediados de marzo en el Congreso. Pero el horizonte temporal ya se ha rebasado ampliamente y nada hace pensar que en los próximos días vaya a formarse el organismo, que estará integrado por víctimas, psicólogos, sociólogos, fiscales, criminólogos y por miembros de la Iglesia, si es que esta decide finalmente participar. 

“Se está trabajando en la composición de la Comisión. Esperamos poder tenerla cerrada en las próximas semanas. No es una tarea fácil acertar con los nombres y perfiles”, explican los colaboradores del defensor del pueblo.