La Generalitat pagó casi 8 millones a las residencias por camas covid que no se usaron

En aquel momento, la segunda y tercera ola de la pandemia quitaron la vida a 2.007 residentes. Del total de plazas que contrataron por vía de emergencia, solo se ocuparon un 18,8%, lo que supuso un gasto 2,7 millones de euros. Uno de los geriátricos que ofreció este servicio, ahora investigado por maltrato a los residentes, no recibió ni un solo paciente, aunque cobró casi 84.000 euros de las arcas públicas.

En abril de 2020, cuando las residencias de la tercera edad registraban muertes y centenares de infectados por la pandemia del coronavirus, el 'president' Quim Torra decidió traspasar las competencias de los geriátricos a la Conselleria de Salut. Entonces se ideó el plan 'buffer', que consistía en trasladar pacientes leves infectados del covid a otros geriátricos de referencia que tuvieran plazas disponibles para acoger a los ancianos enfermos. De este modo, los centros 'buffer' facilitaban que los geriátricos más pequeños, con mayor dificultad de aislamiento y contención del virus, pudieran permanecer libres del virus y seguir con sus tareas asistenciales con los residentes que no estaban contagiados.

En un primer momento, se habilitaron clínicas privadas o residencias aún no inauguradas. Posteriormente, se ampliaron estos servicios hasta una treintena de residencias de la tercera edad, según los datos en poder de EL PERIÓDICO. Algunas asociaciones de familiares se quejaron ante esta decisión y lamentaron que esto provocaba la extensión de brotes en pacientes sanos.

A dedo por la emergencia

Los centros 'buffer' fueron adjudicados a través de una resolución de emergencia apoyada por el decreto de estado de alarma, y por tanto, a dedo y sin pasar un concurso público. La excepcionalidad de la situación así lo obligaba y permitía acortar los tiempos de espera para poner en marcha estos servicios.

En muchos de estos recintos, el Govern instaló respiradores y bombonas de oxígeno para los enfermos. Los delegados territoriales de Salut Pública, los profesionales de la atención primaria o los equipos especializados en residencias que se crearon a posteriori decidían los traslados a los centros 'buffer'.

Los geriátricos que recibían los ancianos enfermos debían emplear a personal para hacerse cargo de ellos, tal y como se dictaba en los contratos de adjudicación, a razón de 16 horas diarias de un auxiliar de geriatría por cada ocho pacientes, 16 horas diarias de una enfermera por cada 32 pacientes, dos horas semanales de médico por cada ocho pacientes y tres horas a la semana de un trabajador social por cada ocho pacientes. Son las mismas ratios exigidas en los geriátricos sin medicalizar, pero prescindiendo de enfermería nocturna. La Generalitat no tiene forma de confirmar si realmente se acabó contratando toda esta plantilla, según fuentes de la Administración.

Cada plaza reservada costaba 85,62 euros al día, aunque en algunos geriátricos el coste fue menor (71 euros diarios) o mayor (119 euros). El gasto de personal y la reserva de las camas se pagaba a los geriátricos de dos formas distintas. En 2020, la Generalitat se hacía cargo de la mitad de las camas reservadas, estuvieran o no utilizadas. Si estas superaban el 38% del total de plazas, se abonaba el 100% del servicio. Es decir, si una residencia reservaba 10 plazas para pacientes infectados del virus, la Generalitat pagaba las 5 plazas, y si se llegaba a más de tres pacientes ingresados, el Govern financiaba el total de las 10 plazas reservadas como si estuvieran llenas, aunque no fuera así. En 2021, el método cambió. Las plazas vacías se remuneraban al 80% del coste estipulado y las ocupadas, al 100%.

Este diario ha tenido acceso a los contratos desde abril de 2020 hasta septiembre de 2021. Un total de 33 residencias y dos clínicas privadas ofrecieron más de mil camas, que multiplicado por el tiempo que estuvieron disponibles para los traslados suman 141.641 estancias posibles. A lo largo de todos estos meses solo se ocuparon 26.625 plazas con 1.315 pacientes. Es decir, se llenó el 18,8% del total de camas. El 81,2% permaneció en desuso. De los 10,6 millones que la Generaltat pagó por todo el servicio, 7,8 millones se destinaron a camas no ocupadas, según la estimación calculada por este diario. Esta infrautilización de plazas ocurría durante la primera y segunda ola de la pandemia, cuando los geriátricos catalanes registraban un aumento de contagios y también de defunciones.

83.000 euros y ni un ingreso

Por residencia, destaca el geriátrico El Palau, ubicado en Palau Solità i Plegamans, que desde noviembre de 2020 hasta febrero del 2021 no recibió ni un solo paciente, pero percibió 83.825 euros por un servicio inexistente. Esta residencia está siendo investigada por un juzgado de Sabadell por presunta negligencia en el cuidado de los ancianos. Destaca también el caso del Mas de l'Avi en Reus (Baix Camp). La Fundació Privada Onada percibió 462.471,43 euros por gestionar este espacio aunque su ocupación fue del 19%. El equipamiento de Reus tiene uno de los precios por plaza más elevados, al asistir a personas con discapacidad. En la resolución de adjudicación figuran costes fijos que no constan en ningún otro contrato de estas características como son la pintura del techo, la adquisición de ordenador, tableta y teléfono móvil, obras para el cambiar las puertas o la compra de material pedagógico y de entretenimiento. Estos costes elevan la puesta a punto del servicio a 33.577,50 euros de más.

Hay otros geriátricos, Centre Geriàtric Pirineu en La Pobla de Segur (Pallars Jussà), Lepant Residencial (Barcelona) que no llegaron al 5% de ocupación y cobraron, respectivamente, 131.583,36 euros y 184.174,02 euros euros de fondos públicos. Teniendo en cuenta sus ocupaciones y el coste de las plazas, percibieron aproximadamente 120.000 euros y 170.000 euros por el mismo orden, por un servicio no prestado. Quien más dinero público percibió del plan 'buffer' fue el grupo L'Onada, que ofreció dos residencias para pacientes con coronavirus: L'Onada Tortosa (Baix Ebre) y Villa Clavelina en Premià de Mar (Maresme). En total el grupo cobró 1,3 millones de euros aunque las ocupaciones de estos centros fueron del 5,3 y del 21,5% respectivamente.

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La residencia Prytanis, en L'Hospitalet de Llobregat, se embolsó 1,2 millones de euros. Fue 'buffer' desde noviembre de 2020 hasta junio de 2021. Sin embargo, no llegaron a ocupar ni el 25% de las plazas contratadas. También llega al millón de euros la facturación de la empresa SUMAR S.L., cuyo director general es el actual teniente de alcaldía de Olot de JxC, Estanis Vayreda. Esta empresa usó una residencia vacía en Girona, Orpea, para alojar pacientes covid trasladados desde otros geriátricos desde abril de 2020 hasta marzo de 2021. Según los datos obtenidos, su ocupación tampoco llegó al 20%. La residencia Matacàs, en Sant Adrià de Besós, con más de 40 fallecimientos durante la primera ola del coronavirus, cobró medio millón de euros por ser centro de referencia y atender enfermos leves desde noviembre de 2020 a marzo de 2021.

Espacios liberados

Desde septiembre de 2021 hasta la actualidad, la Conselleria de Drets Socials ha seguido manteniendo estos servicios, que nacieron antes de que el nuevo equipo de Violant Cervera (JxCat) entrara en el Govern. Preguntado por esta cuestión, el Govern no explica cómo se estipularon los precios de las reservas, ni por qué eran tan elevados. "Hemos reducido el número de plazas 'buffer', pero las que mantuvimos nos fueron muy útiles durante la sexta ola", dicen fuentes de la 'conselleria'. "Necesitábamos liberar espacios y mantener plazas vacías para evitar contagios, también ante futuras olas y la incertidumbre de nuevas variantes", justifican estas mismas fuentes. Sostienen, además, que esta fue una medida solicitada por las autoridades sanitarias y aprobadas por el decreto 29/2020. Los centros 'buffer' se rescindirán esta primavera por el estancamiento de la situación pandémica, la relajación de las restricciones y, además, porque la Generalitat ya no puede hacer contratos de emergencia.