Juzgados

'Okupas' en la casa cuartel: agentes jubilados con piso oficial a los que no echa ni la Guardia Civil

Los guardias civiles pueden acceder a viviendas oficiales gratuitas durante sus años de servicio

Deben abandonarlas al jubilarse, pero algunos no tienen dónde ir y se quedan de 'okupas'

En esos casos, la Guardia Civil debe denunciarles y esperar a que un juez ordene su desalojo

Algunos guardias civiles se quedan de 'okupas' en las viviendas del cuerpo al jubilarse.

Algunos guardias civiles se quedan de 'okupas' en las viviendas del cuerpo al jubilarse.

Analía Plaza, Nacho García

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Cuando un guardia civil pasa a reserva o retiro cesa su derecho a usar el pabellón. En lenguaje ordinario, eso significa que cuando un guardia civil se jubila tiene que marcharse de la vivienda oficial en la que está. Así lo establece la Orden General número 5 de 2005, publicada en el boletín oficial del cuerpo. Y, sin embargo, no siempre ocurre.

"Llega un momento en el que tienen que desalojar la vivienda y no lo hacen. Es muy común", dice Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). "Pasa en todos los rangos. Van destinados a un sitio, se piensan que estarán tres o cuatro años y al final pasa el tiempo, hacen vida, forman una familia, sus hijos se hacen mayores y cuando llega la jubilación no tienen una vivienda adquirida o sitio al que mudarse para dejar el pabellón. Se acomodan porque no tienen que pagar nada: ahora mismo, en los pabellones solo se pagan los gastos de mantenimiento, la luz y el gas. No se cobra un alquiler. Entras y te acostumbras a no tener ese gasto".

"En la empresa privada te dejan el ordenador, el móvil o el coche, por poner ejemplos. Y cuando te vayas tendrás que entregarlos: es lógico, lo sabes desde el minuto uno. Pues en la Guardia Civil con los pabellones es igual", añade Agustín Leal, portavoz de la asociación de guardias JUCIL. "No es tan habitual, pero al fin y al cabo los guardias civiles somos un reflejo de la sociedad. Si no lo abandonas se procede en los juzgados como un desalojo normal".

La Guardia Civil dispone de 36.329 viviendas repartidas por todo el territorio, según los últimos datos facilitados por transparencia y publicados en El Independiente. Y hay 76.642 guardias civiles en España, algo más del doble que pabellones.

Vivir en un pabellón es prácticamente gratis, si bien no todos los consultados lo consideran un privilegio porque implica residir en el lugar de trabajo, con todo lo que eso conlleva.

"Yo llevo 35 años en la Guardia Civil y nunca he tenido pabellón", continúa Leal. "Te los dan según la antigüedad, el número de hijos o el cargo. Si eres el comandante de puesto quieren que vivas en el cuartel, porque estarás disponible las 24 horas. El titular del pabellón es el agente mientras está en activo". Su aceptación es, en cualquier caso, voluntaria.

"La Guardia Civil comienza su andadura con la pretensión de situarse en todo el país. La idea del acuartelamiento era fantástica para atraer gente: te ofrezco vivienda para ti y tu familia a cambio de máxima disponibilidad y de que te pueda mandar a cualquier punto, al pueblo más perdido", explica Daniel Pinzón Ayala, arquitecto, autor de una tesis doctoral sobre las casas cuartel y de una cuenta de Twitter que divulga sobre ellas.

"Fue una apuesta de convivencia novedosa a mediados del S.XIX. En el decreto fundacional ya se recoge la idea de que convivan los guardias con sus familias. Cohabitan dos grupos sociales: gente que se rige por la jerarquía militar y gente que se rige por la civil. Y los guardias no dejan de ser usuarios de un bien público mientras tienen una vinculación laboral. Por eso no es extraño que surjan estas disfunciones".

Los 'okupas'

Las disfuncionalidades a las que se refiere Pinzón son las que aparecen cuando el guardia o su familia tiene que abandonar la vivienda pública que se le ha cedido y no quiere.

Al haber más guardias que pabellones, hay trabajadores esperando 'su turno' que se ven perjudicados.

En estos casos, tal y como establece la orden general de pabellones, se procede a la ejecución forzosa por la vía administrativa: esto es, la Dirección General de la Guardia Civil denuncia al ocupante y se inicia un proceso judicial que puede terminar con su desahucio.

Paradójicamente, son las propias Fuerzas de Seguridad del Estado —en este caso, las policías locales— las competentes para ejecutar lanzamientos.

Fuentes de la Guardia Civil aseguran que no disponen de datos sobre cuántos procedimientos judiciales por ocupación ilegal de pabellones existen, ni aclaran cómo de frecuentes son. Pero todos los guardias civiles consultados, tanto pertenecientes a asociaciones como no, reconocen estar al tanto de casos así.

No todos son jubilados: hay también hijos de guardias fallecidos que no se marchan, divorcios en los que se adjudica la vivienda a la pareja y se destina al o a la guardia a otro sitio e incluso guardias sancionados a los que se revoca el derecho a pabellón pero pretenden seguir viviendo en él.

En la base de datos del Consejo General del Poder Judicial aparecen diversas sentencias sobre desalojos de pabellones.

Una de ellas es la de Horacio (nombre ficticio), un sargento destinado en Cantabria que fue suspendido de empleo y sueldo seis meses con pérdida de destino y consecuente desalojo del pabellón. Horacio recurrió la resolución alegando, entre otras cosas, su "derecho al uso de una vivienda digna para él y su familia". El recurso fue desestimado, confirmando la orden de desalojo.

Otra, la de Severiano (nombre ficticio), guardia civil en situación de retiro (jubilado con más de 65 años) que solicitaba prorrogar su estancia en el pabellón por la "dependencia de su cónyuge". Le fue denegada y se confirmó el desalojo porque había 150 guardias esperando vivienda oficial.

"El caso de los jubilados y el del fallecimiento es muy común", dice Carmona, de la AUGC. "A veces el padre fallece o se jubila y el hijo se queda ahí viviendo y no se quiere ir. Si es mayor de edad, lo que tarde el juzgado en echarlo. Si hay hijos menores y no tienen donde vivir, no les echa".

Blanca (nombre ficticio) estuvo casada con un agente y tiene a su cargo una hija con discapacidad. Vivían en una vivienda del Colegio de Guardias Jóvenes, en Valdemoro (Madrid), hasta que a él le destinaron a Tenerife y a ella le dijeron que se tenía que marchar.

Lo confirmó una sentencia, que Blanca recurrió alegando que en el divorcio el juez le concedió la vivienda a ella y que sobre la orden general que regula los pabellones "debe prevalecer el artículo de la Constitución que reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna".

Argumentó, además, que la Guardia Civil dispone de viviendas vacías. "La Administración prefiere tener pabellones sin utilización, dejando a familias en la calle con cierto derecho a ocuparlas", decía su apelación.

Su recurso fue desestimado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó que tenía que dejar la vivienda, entendiendo que el derecho de su exmarido a ocuparla iba asociado al destino. Y que, en el momento en que se fuera a Tenerife, lo perdía. Además, había 23 guardias en lista de espera.

"Si dejas de ser guardia, si te expulsan del cuerpo o si te dan otro destino, pierdes el derecho a ocupar el pabellón", explica la abogada especializada en derecho inmobiliario María José Hermoso, del despacho Urbaniuris, que revisó varias resoluciones sobre este tema. "El derecho civil no tiene competencia para modificar un régimen de uso especial. Pongamos una familia en la que él es el guardia y es titular de un pabellón. Se divorcian y el juez atribuye la custodia a la madre, que no es titular del pabellón. Si luego su ex-marido es expulsado de la carrera, o cambia de destino, ella puede ser perfectamente expulsada de ese domicilio. Ya no tiene su derecho de uso. No le vale esgrimir que tiene una sentencia del juez de familia. Y tiene lógica: no puede ser que tenga más derecho a un pabellón la ex-mujer y los niños de un Guardia Civil que la mujer y los niños de un Guardia Civil [que estén esperando un pabellón]. Sería discriminatorio".

Hermoso ve normal que haya material suficiente en las bases de datos jurídicas, que los guardias que no abandonan su pabellón cuando les toca recurran las sentencias de desalojo. "Son muy guerreros. Precisamente por su condición de miembros de un cuerpo de seguridad se creen con derecho a llevar las cosas al límite", opina. "El que cumple las normas, cumple, pero el que no lo hace lo quiere estirar todo".

"Yo he visto guardias a los que les ha pasado eso. Se tiran 30 o 40 años y cuando se jubilan dicen: ¿ahora dónde voy?", añade Pinzón, que además de arquitecto es hijo del cuerpo y se crió en una casa cuartel. "También es cierto que vivir en una casa cuartel está bien a veces, otras es duro. Se pierde cierta privacidad. Ahora ha cambiado, pero yo recuerdo aquello como una gran familia para lo bueno y para lo malo. Hay gente que a la primera oportunidad de salir lo hacía encantado".

Como una vivienda social

Sabiendo que tienen que dejar la vivienda oficial al jubilarse, lo normal es que los agentes compren otra para mudarse llegado el momento. La orden general no dice que sea incompatible ser propietario con disfrutar de pabellón gratuito. También hay quien prefiere marcharse antes y hacer su vida fuera de la comunidad.

"Por un tema constitucional ya no es obligatorio vivir en la casa cuartel. Hay libertad de residencia y además uno puede ir a un destino en el que tenga un vínculo familiar. Históricamente lo tenían vetado: se ponía en duda la profesionalidad de los guardias si tenían vínculos con la población", continúa el arquitecto Pinzón.

"Al final, cuando consiguen el destino en el que piensan quedarse ya empiezan a pensar en su vivienda privada y abandonan la casa cuartel. Yo me voy fijando y los cuarteles cada vez se hacen con menos pabellones. Al Estado le viene bien no tener alojado a todo el mundo y usar los pabellones para la población flotante que va de destino en destino", añade.

La mayoría de los cuarteles son antiguos, de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Tras su fundación en 1844, la prioridad de la Guardia Civil fue expandirse "a pesar de no tener el acuartelamiento resuelto, ni arquitectónica ni económicamente", dice Pinzón.

"Al principio ocupaban cualquier edificio susceptible de reconvertirse: antiguos cuarteles militares, palacios y hasta un granero. Hay ayuntamientos, diputaciones, organismos estatales y empresas privadas que han construido cuarteles. No es hasta la Segunda República cuando se toman medidas para revertir esta situación", continúa. "Después, en el franquismo y gracias al apoyo del Instituto Nacional de Vivienda que los financiaba, la Guardia Civil consigue construir muchos cuarteles".

Como en la vivienda social de la época, los arquitectos trabajaban con presupuestos ajustados y materiales muy precarios. No será hasta los 80 cuando un cuartel —el ubicado dentro del Castillo de Maqueda, en Toledo, actualmente en venta— adquiera cierta relevancia arquitectónica internacional. Más recientemente, el de Oropesa en Castellón también ha aparecido en revistas por la particularidad de la construcción.

Además de las casas cuarteles existen las comandancias, más grandes y ubicadas en las capitales de provincia. "Son el programa más completo. He visto proyectos con colegios, centro sanitario, gimnasios, piscina, economato...", dice Pinzón. "Aspiraban a ser autosuficientes, a que no necesitaras nada fuera del cuartel. Es una idea muy ambiciosa pero habla de la endogamia de la Guardia Civil".

La antigüedad y la falta de mantenimiento han provocado que, a día de hoy, haya 2.228 pabellones inhabitables, el 6% del parque total. Es una crítica habitual entre las asociaciones de guardias.

"Hay pabellones ruinosos. Y qué casualidad que son siempre los de la escala de cabos y guardias, que tienen que costear de su bolsillo cualquier reparación, mientras que para los pabellones de los oficiales sí existe presupuesto. Es una queja muy asidua entre los agentes del cuerpo, que sufren esta discriminación y ven que se da preferencia a los pabellones de altos mandos, que tienen mejores condiciones de habitabilidad", critica el portavoz de la AUGC.

"Los cuarteles entran en fase decadente y sus arreglos, ya sabemos cómo es la burocracia, van a empujones. Pero yo monté el perfil de Twitter porque veía muchas críticas y quería fueran conscientes de que el problemón de los acuartelamientos no es de ahora, sino que ha existido siempre", añade Pinzón.

Los guardias civiles no son los únicos funcionarios que pueden disponer de vivienda oficial —organismos como Patrimonio Nacional o el Ministerio para la Transición Ecológica también las ofrecen—, pero sus casas cuarteles sí son uno de los pocos ejemplos de vivienda colectiva para trabajadores, como la que se hacía para obreros, ferroviarios, maestros o carteros, que sobreviven.

Un debate del que pocos quieren hablar en público es si los guardias deberían pagar alquiler, equiparando sus pabellones a una vivienda social. Una de las fuentes consultadas sostiene que, de este modo, podrían cubrirse las rehabilitaciones necesarias.

En el pasado, las viviendas en la casa cuartel se ofrecían también como pago en especie. Pero entonces los guardias cobraban muy poco. "Eran la policía peor pagada. Se trataba de facilitarles la vida", dice esta misma fuente.

"Al final es una casa de vecinos organizada militarmente. Creo que sería muy interesante un estudio sociológico de qué supone residir en un cuartel, qué atractivo tiene, cómo lo viven los hijos y las parejas de los guardias, qué demandas tienen", concluye el arquitecto. "Haciendo la tesis encontré uno de la gendarmería francesa y pensé que aquí, si no está hecho, alguien tiene que hacerlo".