"En la residencia de Premià trataron a mi padre peor que a un animal"

"Tu padre se está ahogando, está sufriendo. Tú decides, o sigue sufriendo o le inyectamos paliativos para aliviarle el dolor". Esta fue la primera noticia que Ramiro Berrocal recibió el 17 de abril de 2020, cuando los profesionales del CAP de Mataró intervinieron el geriátrico donde vivía su padre. A partir de los informes posteriores de los sanitarios, Berrocal ha descubierto que su padre estuvo varias semanas sufriendo, atado a una silla y con evidentes síntomas de deshidratación y desnutrición. "Lo dejaron sufrir durante semanas y de forma cruel, eso no se le hace ni a un animal", se queja el hijo. Ahora, celebra que la fiscalía denuncie a los responsables del geriátrico Ca n'Amell de Premià de Mar, gestionado por la empresa Domus Vi. "Sabemos que somos David contra Goliat pero vamos a por todas, vamos a llevar a esta empresa a los juzgados por la memoria de mi padre y por que nadie vuelva a sufrir de esta manera", sentencia el hijo.

Padre e hijo tienen el mismo nombre y apellidos. El padre tenía 84 años cuando entró en el geriátrico, tres meses antes de que estallara la pandemia del coronavirus. "Tenía alzhéimer avanzado y ni mi madre ni yo le podíamos cuidar como merecía", cuenta Berrocal . El padre estaba en lista de espera para acceder a una plaza en una residencia de Barcelona, pero mientras tanto le asignaron una plaza subvencionada en este geriátrico del Maresme.

Las mentiras del centro

En cuanto estalló la pandemia, dice el hijo, el geriátrico empezó a mentirles. "Decían que estaba todo controlado, que iban tomando la temperatura a nuestros familiares e iban aislándose. Luego nos enteramos de que no querían dar información al alcalde, y que el ayuntamiento se ofreció a dejar EPIS y trajes de protección pero ellos se negaron", afirma el hijo. Más adelante, el teléfono de la residencia se desconectó. "No nos lo cogían, era imposible saber nada", explica Berrocal.

No fue hasta cuando la Conselleria de Salut intervino la residencia, ese 17 de abril, cuando Berrocal descubrió que su padre había contraído el covid. "Nos llamó una enfermera de la nueva gestora y me dijo que mi padre llevaba días ahogándose. Estaba saturando casi al 50%. Y me dijeron que ya no podían hacer nada, que como mucho le ahorrábamos el sufrimiento inyectándole paliativos", asiente el hombre. "No le pudimos decir nada, no nos pudimos despedir ni acompañarle en estos momentos...", se queja. Meses más tarde, Berrocal consiguió el certificado de defunción de su padre así como los informes de los técnicos de Salut que intervinieron el centro. "Allí ponía que se encontraron a mi padre atado a una silla, con signos de deshidratación y malnutrición: no le daban ni de comer ni de beber... Ni un triste suero. Fue un maltrato y un abandono absoluto", dice.

Sin poderse despedir

El dolor que ha sufrido esta familia, dice, es enorme. Quien peor lo ha llevado, su madre y mujer del difunto. "No se pudo despedir de él, no ha podido hacer el duelo. Ha sido terrible", asegura. Las cenizas del padre ahora descansan en Olivenza (Extremadura). Pero la lucha del hijo para conseguir justicia sigue intacta. Como él, una decena de familiares del geriátrico se han unido en una plataforma, y esperaban conocer la decisión de la fiscalía para personarse en la causa. "Esto que ocurrió aquí no puede volver a repetirse. Y estas empresas, por muy poderosas que sean, tienen que pagar por lo que han hecho", insiste.

El geriátrico está ahora siendo investigado por la justicia. La fiscalía de Mataró le atribuye delitos de homicidio por imprudencia profesional grave, lesiones y trato degradante. En este centro, gestionado por la empresa internacional Domus Vi, murieron 87 de los casi 200 ancianos ingresados. Uno de ellos, el padre de Berrocal. El escalofriante relato de la fiscalía explica que faltaba material tan esencial como pañales, que no se daba de comer ni beber a los ancianos, y que los timbres de alerta estaban inutilizados. Una investigación abierta a raíz de que la Generalitat multó a los dos directivos del centro con 20.000 euros, les inhabilitó por cuatro años y traspasó la gestión del geriátrico a otra empresa, l'Onada.

Suscríbete para seguir leyendo