La educación en Catalunya

El TSJC obliga a repartir los exámenes de Selectividad en catalán y castellano

  • El tribunal declara nulas las instrucciones de las PAU de 2021 sobre la lengua por vulnerar derechos constitucionales

  • El Departament d'Universitats asegura que "siempre" ha garantizado el derecho a elegir el idioma y no descarta recurrir

Pruebas de selectividad el pasado 8 de junio en la facultad de Economia i Empresa de la UB.

Pruebas de selectividad el pasado 8 de junio en la facultad de Economia i Empresa de la UB. / Ferran Nadeu (EPC)

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Montse Baraza
Montse Baraza

Periodista

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado parcialmente las instrucciones del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) respecto a las pruebas de selectividad de 2021 por vulneración de los derechos fundamentales de los estudiantes. En una sentencia hecha pública este miércoles, el tribunal considera considera contraria a derecho la preferencia por la lengua catalana en el reparto de los ejercicios en perjuicio de la lengua castellana y de la aranesa. En la pasada edición de junio la selectividad, el TSJC, atendiendo una demanda de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya (AEB), ya dictó medidas cautelares para obligar a la Generalitat a ofrecer los exámenes tanto en catalán como en castellano y aranés. Y en septiembre, fue más allá y prohibió identificar a los alumnos que eligieran la prueba en castellano.

Ahora, el TSJC estima el recurso contencioso-administrativo que interpuso la AEB contra las citadas instrucciones y declara nulo el párrafo tercero del apartado 1.2.2. de las instrucciones del CIC que obligaba a los miembros de los tribunales de las PAAU a repartir primero los enunciados del examen en catalán, y sólo hacerlo en la versión castellana si alguno de los alumnos lo reclama expresamente. La sentencia confirma pues que los exámenes se deben repartir en catalán, castellano y aranés. Los efectos de este fallo afectarán ya a las próximas convocatorias de las pruebas de acceso de la universidad, la primera de las cuales en en junio (días 14, 15 y 16).

Nada más conocer el contenido de la sentencia, el Departament d'Universitats ha señalado que no descarta presentar recurso y que, en todo caso, organizará las PAU "con los estudiantes en el centro, como siempre". En un comunicado, la 'conselleria' que dirige Gemma Geis asegura que "siempre" han garantizado el derecho de los estudiantes a elegir la lengua en que quieren hacer el examen. "Pueden elegir enunciado y pueden elegir en qué lengua responden los exámenes", recuerdan. Y señala que "queda acreditado que nunca se ha pedido a un alumno que se identifique". Añade que el catalán es la lengua mayoritariamente elegida por los alumnos, con porcentajes del 95%.

Los alumnos por encima de la Administración

La sentencia declara que se han de priorizar los derechos de los alumnos ("son superiores") a los intereses organizativos de la Administración educativa. Considera que los alumnos no tienen por qué expresar en público su opción lingüística en un contexto como es el de la realización de un ejercicio (las pruebas de acceso a la universidad) que condiciona su futuro académico, profesional y vital. Asimismo, el tribunal censura al CIC que haya olvidado en las instrucciones la posibilidad de ofrecer los ejercicios en lengua aranesa.

Contra las cautelares del TSJC se personaron para apoyar las tesis del CIC la Plataforma per la Llengua y las Universidades de Barcelona, Girona y Politècnica de Catalunya.

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La AEB ha subrayado que la sentencia "favorece el ejercicio de los derechos lingüísticos de todos los alumnos catalanes sin discriminación por razón de lengua" y espera que tanto las autoridades universitarias como el Departament d'Universitats "dicten instrucciones favorables a la convivencia lingüística que no vulneren los derechos fundamentales de los alumnos" en la próxima edición de la Selectividad.

Legitimación de la AEB

La presidenta de la AEB, Ana Losada, ha expresado su satisfacción no solo por la sentencia, que les da la razón, sino porque la Sala ha "reconocido expresamente legitimación activa a la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña dado que considera que la regulación de las PAAU afecta al ámbito de intereses de la recurrente y sería un formalismo excesivo y contrario a la Constitución no admitir la legitimación de esta Asociación como representante de los intereses colectivos de sus miembros como son la defensa de los usuarios del sistema educativo público". Losada subraya que ese reconocimiento de la legitimidad de la entidad es "un espaldarazo" en la otra batalla que han abierto al pedir, como "persona afectada", al TSJC la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a los centros educativos catalanes a impartir un 25% de clases en castellano. La AEB se ha personado también como “persona afectada” en defensa del modelo de conjunción lingüística en la ejecución de la sentencia que reconoce el derecho a la educación de al menos el 25% de la enseñanza como lengua vehicular en castellano y en catalán.