La entidad vecinal Airenet se persona en la causa contra la incineradora de Sant Adrià

La coordinadora vecinal metropolitana Airenet ha anunciado que se persona en la causa abierta por presuntas prácticas contra la normativa ambiental por parte de la incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), de la empresa pública Tersa, que preside el concejal de Emergencia Climática de Barcelona, Eloi Badia. El juzgado de instrucción número 5 de Badalona (Barcelona) ha abierto diligencias previas de investigación a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona, por un delito contra los recurso naturales y el medio ambiente, dirigida contra Badia y contra el jefe de explotación de Tersa.

Estas presuntas irregularidades las venía denunciando desde hace años la coordinadora vecinal Airenet, hasta que en abril de 2018 acudió a la fiscalía, que confirmó los indicios de que Tersa, al quemar residuos, no estaría realizando el control de la temperatura según lo que establece la normativa -con sondas, para garantizar los 850 grados- y esto comportaría la emisión de compuestos contaminantes potencialmente cancerígenos.

La presidenta de Airenet, Silvina Frucella, ha criticado este martes la pasividad del Ayuntamiento de Barcelona y en concreto de quienes han presidido Tersa -ahora Badia y antes Janet Sanz-, a los que ha acusado de escudarse en un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, encargado por la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), que a su juicio no es completo porque solo contempla un año (2018). "Tersa es una empresa tramposa, solo se porta bien cuando la fiscalizan", ha alertado Frucella, que ha explicado que para la causa aportan datos que apuntan que en 2019 Tersa volvió a bajar la temperatura de incineración y empleó otras prácticas que presuntamente incumplen con la normativa medioambiental.

Cumplir la normativa

Si bien las propietarias de la planta son Barcelona Serveis Municipals (BSM) y Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Frucellla ha explicado que la Generalitat, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, es la encargada de fiscalizar que se cumpla la normativa y que le consta que dos expedientes pudieron acabar en una sanción, aunque la administración catalana no les ha facilitado los datos alegando que es confidencial. En este punto, Frucella ha pedido a la Generalitat que ayude. "Esperemos que colabore en la causa judicial, porque fiscalizó a Tersa y debe tener datos que aportar, espero que defienda a los ciudadanos", ha dicho.

Airenet tiene datos del impacto medioambiental de la supuesta mala praxis de Tersa a través de varios estudios de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, que apuntan que las concentraciones de dioxinas son más elevadas en el entorno de la planta (barrios de Diagonal Mar y Besòs, de Barcelona, más la localidad de Sant Adrià) que en calles de alta circulación de coches -que también emiten estos compuestos- como Urgell. "Esta mala calidad del aire en la zona de la incineradora no se puede atribuir al tráfico, es blanco y en botella", ha expresado el catedrático de Toxicología y Salud Medioambiental de la URV Josep Lluís Domingo.