Investigación
'Caso Serveis Socials': El gerente que puso orden niega corrupción pero ve "fallos de gestión"
Joan Uribe afirma que tardó "más de un año" para hacer una diagnosis de las irregularidades administrativas halladas en el Consorci de Serveis Socials en una comparecencia en el Parlament de Catalunya
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Elisenda Colell
Redactora
Periodista de desigualdades y exclusión social crecida en la redacción de informativos de la Cadena SER en Catalunya. Nací en Viu Comunicació y Cugat.cat.
Joan Uribe, que fue gerente del Consorci de Serveis Socials de Barcelona entre mayo de 2017 y noviembre de 2021, ha asegurado este miércoles que los contratos a dedo y los sobresueldos sin justificar que se hallaron antes de su mandato "no constituían un delito de corrupción", más bien, "fallos de procedimiento". "Si no, lo hubiera denunciado yo mismo", ha aseverado. Lo ha dicho en la comisión de Derechos Sociales del Parlament de Catalunya, donde ha expuesto de forma detallada los problemas que encontró en el ente a su llegada. La base del problema, ha expuesto, fueron la falta de recursos y de personal.
Uribe fue la primera persona que leyó el informe de la Sindicatura de Comptes en 2017 y las posteriores auditorías de la Intervención de la Generalitat que apuntaban contratos a dedo y sobresueldos sin justificar en este consorcio que se dedica a la atención de los más vulnerables en la ciudad de Barcelona. "No creo que se haya cometido ningún delito de corrupción, pero sí que hubo incidencias de gestión debidas al procedimiento y a la falta de personal capacitado", ha sostenido el exgerente de la institución.
Un año para recabar información
Nombrado en mayo del 2017 por la 'consellera' Dolors Bassa y la concejala Laia Ortiz, presidenta y vicepresidenta del consorcio, Uribe tuvo que afrontar dos objetivos: finalizar todos los traspasos de competencias que tenía que hacer esta institución y "mejorar la capacidad de gestión", cuya necesidad se evidenció en las auditorías posteriores. Pero en cuanto llegó al despacho, ha dicho, se encontró una falta de personal abrumadora. "En la segunda institución más grande de servicios sociales de Catalunya había solo tres personas que llevaban la gestión. Y una de ellas, dedicada a la contabilidad, falleció de forma súbita en 2017", ha detallado Uribe, que ha expuesto, solo empezar, que no se pudo dedicar a los primeros cambios "ni de lejos". "Tardé un año para tener una diagnosis de lo ocurrido", ha expuesto.
Sin medios suficientes
Durante su mandato, ha comentado, las competencias que asumió en consorcio en gestión de centros de menores, residencias para personas con discapacidad o atención a las personas dependientes y sus valoraciones de grado se triplicaron. "Y todo ello con una estructura muy delgada de personal", ha dicho. Un problema, ha contado, que se vio agravado con la 'ley Montoro' de reducción de déficit, y los presupuestos prorrogados de la Generalitat. "No podíamos contratar más personal y solo el Ayuntamiento de Barcelona invirtió en más recursos", ha comentado. Además, ha criticado que la falta de personal y de medios se arrastra hasta el día de hoy. Y todo ello, ha dicho, con una llegada masiva de menores migrantes en 2017 y 2018 y posteriormente gestionando la pandemia del coronavirus. "Teníamos que priorizar las urgencias", ha contado.
En relación a los sobresueldos, que según los informes de las auditorías se elevan a casi un millón de euros, Uribe ha detallado que lideró la negociación sindical para poner orden en la contratación del personal. Creó una bolsa de trabajo que no existía y cambió los modelos de contratación para ajustar todos los contratos de personal en el mismo convenio. "Lo que se hizo antes de mi mandato y como se hizo, yo no lo sé", ha dicho. También ha recordado que ahora las investigaciones de oficio iniciadas por la 'conselleria' deberán esclarecer lo ocurrido. En otros casos, como son unas pagas extras abonadas en momentos indebidos, se investigaron por el Tribunal de Cuentas pero terminaron archivándose.
Sobre las contrataciones a dedo, Uribe ha admitido que, antes de su llegada se hicieron contratos sin publicidad sin estar debidamente justificados. "Se suele hacer para no mover a los menores que viven en un centro a otro lugar, lo mismo con las personas con discapacidad ya que su edificio está adaptado", ha justificado. Una dinámica que cambió durante su mandato. "Me parece significativo que intervención no llevara el asunto al Tribunal de Cuentas como sí que hizo en otros", ha añadido.
Agradecimiento de los diputados
Los partidos de la oposición han agradecido sus explicaciones y su gestión. "Estaría bien que encontrar un buen contable que ponga orden no dependa de la lotería de que usted llegue a la institución", ha señalado la diputada de los 'comuns', Jéssica González. Raúl Moreno, del PSC, ha agradecido también el tono y la actitud aclarativa, y le ha agradecido las labores que desarrolló en el ente. "A diferencia de otros, usted ha dado explicaciones y actuó", ha dicho el socialista, refiriéndose a las nulas explicaciones aportadas la semana anterior por el exgerente Pera.
Este miércoles también ha comparecido en la misma comisión Josep Farrés, el primer gerente que tuvo el consorcio. Estuvo dos años en el cargo, desde julio de 2006 hasta julio de 2008. Farré ha explicado que los altos cargos de la institución fueron elegidos a través de una comisión técnica. Esta decidió sus remuneraciones teniendo en cuenta las que se tenían en el Consorci Sanitari de Barcelona y el Consorci d'Educació de Barcelona, además de los salarios previos y sus derechos laborales adquiridos en la Generalitat o el Ayuntamiento ya que se trataba de "cargos de responsabilidad". Para el resto de empleados, ha dicho, se abrieron procesos de selección públicos. En relación a la contratación de servicios, Farrés ha sido claro. "No hicimos ninguna contratación porque todos los servicios nos llegaron traspasados", ha dicho.
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