Mercado de trabajo

La nueva Formación Profesional en cinco claves

La norma, aprobada ayer en el Senado, contempla la FP como una oportunidad laboral para los jóvenes y una manera de reciclar profesionalmente a los adultos

Una joven estudiante de FP

Una joven estudiante de FP / E. P.

Olga Pereda

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La nueva ley de Formación Profesional -aprobada ayer en el Senado con el único voto negativo del PP- es la guinda de la revolución que está viviendo la FP desde 2018, un empeño personal de la exministra Isabel Celaá, que, de hecho, cambió el nombre de la institución para bautizarla como Ministerio de Educación y Formación Profesional. La actual titular, Pilar Alegría, ha recogido el testigo y asegura que la norma supone una puerta abierta a empleos de calidad para los jóvenes y no tan jóvenes. Estas son las principales novedades de un texto, que tiene el clarísimo objetivo de la incorporación al mercado laboral de los graduados.

Situación actual

Actualmente, la FP atrae al 12% de los jóvenes estudiantes frente al 25% de media europea. Tras años de injusto desprestigio académico, estos estudios han vivido un considerable aumento. Desde el curso 2017-2017, el numero de matriculaciones se han aumentado en un 19,5%. El ‘boom’ ha sido de tal calibre que muchos aspirantes se han quedado sin plaza en los centros públicos. Según las previsiones del Gobierno, en 2025, la mitad de las oportunidades de empleo serán para cualificaciones medias: técnicos y técnicos superiores. 

A cualquier edad

La antigua ley -del año 2002- diferenciaba entre la FP del sistema educativo (dirigida a los jóvenes) y la FP para el empleo (dirigida a adultos y en la que ‘mandaba’ el ministerio de Trabajo). La futura norma unifica ambas líneas bajo la órbita de Educación. Ahora solo habrá una FP, un sistema único y sin apellidos para que sea atractivo a cualquier persona, con independencia de su edad y condición. La norma deja de considerar la FP -grado básico, medio y superior- como una opción únicamente para jóvenes estudiantes. A partir de ahora, se establecerán nuevas ofertas que permitirán las microformaciones, cursos de unas 50 horas que serán acumulables y acreditables. El título será oficial, con un empaque superior al de las academias privadas. Este tipo de formación flexible está dirigida para trabajadores de cualquier edad -personas en paro, por ejemplo- que no tengan tanto tiempo como para realizar un grado completo pero que quieran reciclarse profesionalmente.

Acreditación de competencias

La nueva ley tiene tres vértices: formación, orientación profesional (se multiplicarán los puntos de información y orientación no solo académica sino profesional) y acreditación de competencias profesionales. Este último punto -que empezó a llevarse a cabo hace 10 años, aunque de manera muy lenta- atañe a los trabajadores con amplia experiencia en su sector pero sin un título que acredite sus conocimientos. Hablamos, según los datos ministeriales, de la mitad de la población trabajadora: 11 millones de personas. El sistema de acreditación de competencias profesionales permitirá a esos empleados conseguir de manera ágil un título oficial, muy útil en caso de que, en algún momento, se queden en paro y busquen trabajo. El reto del ministerio es acreditar en cuatro años a tres millones de personas en los centros de FP. El trabajador podrá quedarse con ese título o bien cursar algún módulo específico para completar su formación y ampliar su currículo académico. Es decir, la acreditación podrá ser parcial o completa.

Formación en la empresa

Tras las acreditaciones de competencias, el siguiente escalafón serán el grado D (grado medio, básico y superior) y el grado E (cursos de especialización). La nueva ley considera la FP como una formación dual, así que todos los estudiantes que alcancen un certificado o título de grado C y D pasarán por la empresa durante su formación. En el caso de la FP general, no habrá vinculación contractual con la empresa y el periodo de formación práctica será de entre el 25% y el 35%. En el caso de la FP intensiva, sí que habrá vinculación contractual (el salario se tiene que acordar todavía y dependerá de la reforma laboral) y el período de formación práctica será siempre superior al 35%. Cada estudiante contará con un plan de formación. La ley incluye la figura del tutor dual del centro así como de la empresa.

Internacionalización

El plan del Ministerio de Educación es ampliar tanto las titulaciones (se han creado 20 nuevas, la mayoría relacionados con la digitalización) como el número de plazas (200.000 en cuatro años). Otro de los objetivos es que, dentro de tres años, el 10% de la oferta sea bilingüe e incorpore el inglés. Empezará el próximo año académico y afectará a unos 20.700 alumnos. Asimismo, también están contempladas las dobles titulaciones. Ese será el caso de los estudiantes que realizan dos grados y también de aquellos que cursen un grado en España y otro en otro país.