'Caso Serveis Socials': Antifrau pide explicaciones a la Generalitat de las medidas tomadas

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha requerido a la Conselleria de Drets Socials para que le informe sobre las actuaciones que se han llevado a cabo a raíz de los informes de la Sindicatura de Comptes y de la Intervenció General de la Generalitat que detectaron irregularidades en el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, un ente público creado en 2006 y que se encarga de la gestión de centros donde viven menores tutelados, pisos para mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos, residencias de personas con discapacidad y centros de terapia ocupacional. Su presidente es el titular de la Conselleria de Drets Socials y su vicepresidente, el responsable del área en el Ayuntamiento de Barcelona, por lo tanto las medidas correctoras exigidas señalan directamente a los mandatos de la consellera Dolors Bassa (ERC) y Chakir El Homrani (ERC). El sindicato CGT denunció el caso ante la OAC.

Antifrau, según ha podido saber EL PERIÓDICO, ha remitido una comunicación a Drets Socials en la que pide datos sobre dos de los asuntos que se recogen en las auditorías de la Sindicatura y de la Intervención General. En concreto, sobre la "responsabilidad contable" del 2017 que desvelan esos dictámenes y sobre "el abono indebido" de unos complementos percibidos por personal laboral hasta el 2019. Este requerimientos se han realizado en el marco de un trámite que la OAC denomina "comunicación con archivo provisional", según las fuentes consultadas. El escrito precisa que se archiva sin perjuicio que se pueda reabrir si hay nuevos datos. Fuentes de la consellería, actualmente en manos de Violant Cervera (JuntsxCat), muestran "máxima colaboración para facilitar toda la información" y señalan que su determinación es la de "mejorar el funcionamiento" del ente y "fortalecer la gestión".

Contrataciones a dedo

La oficina pretende aclarar que medidas se han tomado para paliar las irregularidades detectadas. Contrataciones a dedo de 20 millones en un solo año, sobresueldos y desbarajuste en la contabilidad. Este es el panorama que detectaron entre los años 2014 y 2019 la Sindicatura de Comptes y la Intervenció General en el Consorci de Serveis Social de Barcelona. Las principales anomalías se detectaron entre 2014 y 2015, época en la que el consorcio estaba controlado por miembros de CiU y cuyo gerente era Josep Pera, que firmó convenios cuando no le correspondía. Otra de las malas prácticas detectadas por la Sindicatura en el 2014 es la contratación de servicios para la gestión de determinadas labores que se realizaron sin publicidad, transparencia ni concurrencia pública.  Lo hicieron usando una categoría aplicable cuando el adjudicatario es el único que puede hacer esa labor. De los 22 expedientes analizados, un total de 20, por valor de 22 millones de euros, se tramitaron mediante este sistema, sin que se incluyera la justificación de esa exclusividad.

Las auditorías precisan también que, al menos, en 2015, 2017 y 2019, el consorcio pagó casi un millón de euros en sobresueldos por encima de convenio y sin justificar, principalmente a los jefes de área o departamentos. Estos sobresueldos se concretan con dos conceptos retributivos (“mejora voluntaria” y “a cuenta del convenio”), que ni constan en la tablas salariales, ni están avalados por la dirección general de Pressupostos ni la de la Funció Pública.

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