La escuela de Canet batallará la sentencia del TSJC del 25% para sentar jurisprudencia

La escuela Turó del Drac de Canet de Mar, afectada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que le obliga a impartir un 25% de clases en castellano en un aula de P5 del centro, plantará batalla judicial en defensa de la escuela en catalán y del modelo de inmersión lingüística. Y para ello tendrá el apoyo de Òmnium Cultural, que ha anunciado este martes su implicación para lograr que este caso, "un caso de país" en palabras de Xavier Antich, siente jurisprudencia que sea de aplicación en todas las escuelas catalanas afectadas por sentencias similares. En total, en estos momentos, hay en Catalunya 35 aulas donde se están aplicando las sentencias del TSJC relativas a cada centro. Estas sentencias son diferentes a la sentencia global del TSJC que obliga al conjunto del sistema educativo catalán a impartir un 25% de clases en castellano y que está pendiente de aplicación. Precisamente este martes, el Govern ha anunciado el despliegue de un decreto con el que pretende blindar el catalán en la escuela y dar respuesta a la sentencia del TSJC.

"Damos un paso adelante en la defensa de las familias organizadas", ha explicado el presidente de Òmnium en una rueda de prensa junto a los representantes de 28 familias de P-5 de la escuela de Canet y el abogado Benet Salellas. "Abrimos la vía judicial en el caso de Canet, que no es único pero sí paradigmático", ha dicho. El objetivo es "desmontar la doctrina del 25%", que consideran que es "ideológica" y que no respeta las leyes vigentes ("ni la europea, ni la española ni la catalana") e "invalidar el resto de sentencias similares".

Inmersión lingüística: 15 años de consenso y 24 de politización del catalán

Así, las familias, representadas por Salellas, han presentado un escrito de oposición a la demanda inicial presentada por una familia de la escuela que reclamaba su derecho a que su hijo recibiera clases en castellano. De esta iniciativa subrayan varias novedades; por un lado la participación de las familias, dado que en la sentencia del TSJC solo había dos partes, la familia demandante y el Departament d'Educació. Y por otro lado, un argumentario basado en criterios jurídicos y sociolingüísticos.

Salellas ha destacado que hasta ahora las familias que defienden la inmersión no han estado representadas en estos procesos y ello hacía, ha señalado, que no se tuvieran en cuenta sus derechos respeto al de la familia que reclamaba el castellano.

Respecto a los argumentos, el escrito recoge que "ni la Constitución, ni el Estatut, ni la Lomce ni la Ley de Educación de Catalunya cuestionan la inmersión y el catalán como lengua vehicular en la escuela". Tampoco la legislación europea. Y respecto a los criterios sociolingüísticos, aporta recientes informes que subrayan el retroceso en el uso social del catalán. Asimismo, incluye como pruebas periciales informes de los expertos en socialingüística Nacho Sorolla, Avel.lí Flors y Maria Corominas que "explican al tribunal que si el catalán no tiene espacios de cierta preminencia irá en retroceso". Salellas ha advertido de que los más perjudicados por la sentencia del TSJC serán los hijos de los castellanohablantes. "La inmersión garantiza a todos el pleno conocimiento de las dos lenguas", ha insistido. A juicio de Salellas, "el TSJC ha hecho una construcción ideológica para proteger la cooficialidad y ha perdido de vista la realidad sociolingüística de Catalunya".

"Las leyes vigentes a nivel internacional, español y catalán protegen el catalán como lengua vehicular única", ha recordado Salellas. "No puede ser que el TSJC vulnere acuerdos internacionales en materia de lenguas. La decisión de los jueces no tiene cobertura legal", ha asegurado.

La demanda cuenta con el apoyo de 28 familias que representan a 30 alumnos de P5 (de dos aulas, la A y la B). Han quedado al margen otras 18 familias aunque no se descarta que se puedan sumar más adelante.

Las familias ya habían presentado ante el TSJC una petición para que retirara las medidas cautelares hasta que la sentencia fuera firme. El tribunal ha rechazado esa petición, argumentando que el fallo que afecta al conjunto del sistema educativo sí es firme.

No será una batalla fácil. En el otro lado, las entidades defensoras del bilingüismo como AEB, que ya ha avanzado que pedirá al TSJC que dé instrucciones "directas" a todos los centros para que cumplan la sentencia.