Caso Serveis Socials: Un exgerente admite irregularidades pero evita dar explicaciones

"No les voy a responder las cuestiones que me han planteado, porque cuando dejé de ser gestor del consorcio decidí pasar página, olvidarme de esa etapa y desde entonces vivo en una desconexión total". Con esta frase Josep Pera, gerente del Consorci de Serveis Socials de Barcelona desde 2012 hasta 2017, ventiló la comisión de Drets Socials del Parlament de Catalunya de este miércoles que investiga las irregularidades destapadas por este diario durante su mandato. Sí admitió que se cometieron "irregularidades técnicas", que justificó por falta de recursos y de personal. La comparecencia causó un tremendo estupor por parte de todos los diputados presentes en la comisión, por la que también pasó su antecesor en el cargo, Ramon Lamiel. El sindicato CGT considera "vergonzoso" el papel que han hecho los dos exgerentes de esta institución que atiende a las personas más necesitadas, como menores tutelados y víctimas de violencia machista.

Mesas de contratación fantasma, contratos a dedo que no estaban justificados por valor superior a los 20 millones de euros, complementos salariales que no habían sido avalados por nadie y un enorme vacío de documentos de los que nadie sabe su paradero. Estas son las principales irregularidades que detectaron primero la Sindicatura de Cuentas en 2014 y luego las sucesivas auditorías de la Intervenció General de la Generalitat hasta 2019, desveladas por EL PERIÓDICO. A raíz de ello, el PSC propuso la apertura de sucesivas comparecencias en la comisión de Drets Socials del Parlament de Catalunya. Este miércoles tuvo lugar la comparecencia de dos de los principales exgerentes del ente social, Ramon Lamiel (2008-2012) vinculado a ERC y Josep Pera (2012-2017), a CiU.

Pera se limitó a decir que "desconectó" y "pasó página" del consorcio en cuando los diputados de la oposición, pero también de los partidos del Govern, que le pidieron que detallara el motivo por el que permitió todos los errores detectados. "En cuanto leí la noticia cerré la carpeta y me olvidé del asunto; son todo son irregularidades técnicas", espetó el exalto cargo. El exgerente también se quejó de que solo ha tenido tres meses para preparar su ponencia. A parte de las irregularidades, los diputados del PSC, la CUP, los Comuns y Ciudadanos le preguntaron de forma insistente por los contratos fraudulentos que llegaron hasta entidades que estaban dirigidas o participadas por miembros de CiU, Junts per Catalunya y ERC. "No busquen por aquí porque nunca recibí ninguna consigna de nadie", insistió Pera.

Bochorno y faltas de respeto

Las nulas explicaciones del exgerente abochornaron a los partidos políticos, incluso Junts y Esquerra. "Usted ha faltado al respeto del Parlament y la ciudadanía y no se puede tolerar", aseguró el diputado del PSC, Raúl Moreno, que se comprometió a volverle a citarle de nuevo en la misma comisión para que responda las graves acusaciones. "Quizás haya que abrir una comisión de investigación que escrute su trabajo", sostuvo la diputada de la CUP, Basha Changue. Una petición a la que se sumó Joan García de Ciudadanos. "No puede venir aquí a decirnos que su perro se ha comido su tarea", subrayó Jessica González, de los 'Comuns'. También David Saldoni, de Junts, requirió a Pera que vuelva a una reválida. "Quizás así tiene más tiempo para preguntar a sus equipos y traernos estas respuestas", dijo.

Infrafinanciación crónica

La única explicación que exgerente quiso facilitar a los parlamentarios fueron los datos sobre la expansión en competencias del consorcio en los largo años, y a su vez, la falta de fondos para gestionar correctamente los centros de menores, pisos para mujeres maltratadas o personas con discapacidad. "El consorcio no ha estado nunca dotado como correspondía y no ha tenido los recursos humanos que necesitaba", argumentó. También se extendió en esta tesis su predecesor al cargo, Ramon Lamiel. "Tuvimos que impulsar nuevos servicios bajo la orden de máxima austeridad", incidió Lamiel, que recalcó la "infrafinanciación estructural" del ente público participado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Según Lamiel, actual director del Servei Català de Trànsit del Govern, le obligaron a bajar sueldos y prescindir de personal para ahorrar casi un millón de euros.

Papeles que han desaparecido

A pesar de las preguntas de la oposición, Lamiel negó que contratara personal sin pasar el proceso de selección que correspondía y fue taxativo sobre la contratación irregular: "fuimos impecables, no hay ni un contrato sin pasar el procedimiento pertinente", afirmó. El problema es que no existe documentación que así lo demuestre y hay quien intuye que los complementos salariales injustificados se arrastran desde su mandato. "La documentación estaba perfectamente ordenada, no sé lo que pasó después", dijo Lamiel. "Yo no hice desaparecer nada", insistió en su posterior intervención Pera, que fue su sucesor en el cargo.

"Nos ha parecido kafkiano. Lamiel ha tirado pelotas fuera, negando el enchufismo y las irregularidades que tienen que ver con él. Las nulas explicaciones de Pera nos parecen fuera de lugar, infantiles... Los dos son culpables de corrupción, nepotismo, puertas giratorias y de no estar a la altura de lo que un cargo público debe asumir", lamentó el delegado de la CGT, Robert Morral, sindicato que ya ha llevado el caso a la Oficina de Antifrau de Catalunya. "No pueden poner políticos a dedo a gestionar recursos públicos tan importantes, porque se privatizan y aparece la corrupción", ha añadido Morral.

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