Tráfico

La Fiscalía quiere intensificar la vía penal para combatir los puntos negros en carreteras

  • El 30% de los accidentes son consecuencia del mal estado de algunos tramos

Accidente tráfico en el término municipal de Aldehuela de la Bóveda (Salamanca).

Accidente tráfico en el término municipal de Aldehuela de la Bóveda (Salamanca). / EFE/ J.M. García

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Juan Ruiz Sierra
Juan Ruiz Sierra

Periodista

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El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, considera que todavía queda mucho por hacer frente a los puntos negros en las carreteras españolas. “El 30% de los accidentes son consecuencia del mal estado de las vías”, dijo este lunes, durante una comparecencia en la que abogó por intensificar la vía penal para combatir la situación en la que se encuentran algunas carreteras de nuestro país. 

Mientras la sociedad lleva interiorizando desde hace años la necesidad de extremar el cuidado a la hora de conducir, la atención a las vías públicas, explicó Vargas, continúa ocupando un segundo plano, tanto para las instituciones como para los que se sitúan al volante. Para paliar esta situación, la Fiscalía recuerda que hay un delito específico. El artículo 385.2 del Código Penal castiga con prisión de seis meses a dos años o multas de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días a quienes provoquen un “grave riesgo” para la circulación “no restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo”.

Concretar la responsabilidad 

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El precepto, explicó Vargas, afecta tanto a las administraciones (estatal, autonómica y local) como a las empresas contratadas para la construcción y mantenimiento de las carreteras. Pero aplicarlo supone una tarea "compleja". Sobre todo, porque no contempla la responsabilidad de la persona jurídica, así que no cabe la imputación a las entidades públicas o privadas. Hay que determinar los funcionarios o empleados concretos que han intervenido en la construcción, inspección o conservación de la carretera en mal estado. La norma también exige que el riesgo para el conductor sea imprevisible, un requisito que implica que no esté señalizado como tramo peligroso. 

“Cuando, pese a detectarse los graves riesgos o accidentes en las vías públicas urbanas o interurbanas y de modo reiterado ser advertidos con soluciones fácilmente asequibles, se insiste en no ponerlas en marcha sin razón o justificación alguna, es cuando puede plantearse la aplicación de la norma penal”, considera la Fiscalía. Pero lo más importante, concluyó Bargas, es la “prevención”, por lo que el organismo que dirige quiere impulsar la colaboración con las administraciones y con las empresas del sector para detectar los tramos de concentración de accidentes y tratar de erradicarlos.