Bruselas propone criminalizar en toda la UE el sexo no consentido

La Comisión Europea propone legislar para armonizar la definición y las penas sobre la violación no consentida, la mutilación genital femenina o el ciberacoso

Una niña pasa por una instalación compuesta por zapatos rojos de mujer en una escalera, como símbolo para denunciar la violencia contra las mujeres, en Tirana (Albania). / REUTERS / FLORION GOGA

Aunque existe un marco intergubernamental para luchar contra la violencia doméstica y la violencia contra la mujer -el Convenio de Estambul del Consejo de Europa- no todos los Estados miembros lo han ratificado así que la Comisión Europea ha decidido no esperar más tiempo y presentar una propuesta legislativa que aboga por tipificar como delito en toda la Unión Europea el sexo no consentido, la mutilación genital femenina, la ciberviolencia, el ciberacoso, la difusión sin permiso de fotografías íntimas o la incitación al odio. “Demasiadas mujeres y niñas sufren violaciones, acoso o abusos y no hay cabida para estas situaciones en la Europa moderna”, justifica la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová, sobre una propuesta de directiva que aspira a armonizar definiciones y castigos a nivel comunitario.

Actualmente todos los países de la UE consideran delito la violación. Sin embargo, en 18 de los 27 Estados miembros se requiere que haya habido uso de la fuerza o amenazas previas por parte del agresor para que sea condenado. “Tiene que haber una definición de violación. Tiene que reconocerse por lo que es, un acto sexual de penetración sin consentimiento”, ha exigido la comisaria de igualdad, Helena Dalli. La propuesta castigará cualquier “acto no consentido de penetración vaginal, anal u oral de naturaleza sexual, con cualquier parte del cuerpo u objeto” así como “hacer que una mujer participe con otra persona” en los citados actos. La pena: 8 años de cárcel o 10 en caso de agravantes.

Según Bruselas, un acto no consentido es el que se realiza sin el consentimiento voluntario de la mujer, incluso si es incapaz de darlo debido a su estado físico o mental, porque está inconsciente, drogada, dormida, lesionada o sufre una discapacidad. La propuesta también menciona que la mujer puede retirar su consentimiento en cualquier momento del acto y que la ausencia de consentimiento no puede ser refutada exclusivamente por el silencio, la no resistencia verbal o física o la conducta sexual anterior.

El Ejecutivo también propone castigar la mutilación genital femenina -con una pena de 5 años- que ya penalizan 18 de los 27 Estados miembros pero sigue siendo una ofensa menor en el resto. Además, propone criminalizar el ciberacoso con dos años de cárcel, algo que solo contemplan 4 países en la UE, y la difusión sin permiso de fotografías íntimas, con 1 año, algo castigado explícitamente en 11 de los 27 Estados miembros.

Protección a las víctimas

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El plan contempla procesos de denuncia más seguros y accesibles y adoptados a los niños. Por ejemplo, los trabajadores sanitarios o psiquiatras ya no estarían vinculados por la confidencialidad para notificar cualquier sospecha razonable de un riesgo inminente de daño físico grave. Las autoridades estarán obligadas a llevar a cabo evaluaciones de riesgo individuales cuando la víctima se ponga en contacto por primera vez para calibrar el riesgo planteado por el autor del delito. Partiendo de esto, las autoridades tendrán que proporcionar amparo inmediato, mediante órdenes de alejamiento o de protección urgentes, y crear centros de atención urgente. Las víctimas también tendrán derecho a reclamar indemnización por daños y perjuicios, incluidos los costes de la asistencia sanitaria, los servicios de apoyo, la pérdida de ingresos y los daños físicos y psicológicos.

Las nuevas reglas tiene como objetivo combatir la violencia contra la mujer, y la violencia doméstica que, según ha alertado Jourová, ha aumentado durante la pandemia de covid-19 y que afecta a una de cada tres mujeres en la UE. Además, una de cada dos han experimentado acoso sexual (un tercio en el trabajo) y una de cada 20 han denunciado ser violadas a lo que se suma la impunidad en internet. “Tenemos que actualizar nuestro códigos éticos e incluir todo esto en la ley de servicios digitales aclarando lo que es ilegal en línea. Espero que sea un acicate para que las plataformas digitales atajen la violencia contra las mujeres”, ha indicado la vicepresidenta de la Comisión.