Igualdad ultima un plan estatal para combatir la violencia digital contra mujeres y niñas

El 23% de las mujeres europeas ha sufrido violencia digital, un tipo de violencia machista que afecta sobre todo a las más jóvenes, incluso a niñas. Para combatir y prevenir esta forma de violencia machista, Igualdad prepara un plan estatal para combatirla y prevenirla, tal y como publica El Periódico de España.

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha avanzado este martes ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados que el departamento de Irene Montero va a elaborar este plan, pues considera que la violencia digital exige "una respuesta efectiva".

"Lo que está sucediendo con la violencia digital nos tiene que preocupar, además la sufren en su mayor parte las mujeres más jóvenes", ha sostenido Rodríguez, quien ha explicado que el Pacto de Estado no incluye medidas relativas a este fenómeno.

La secretaria de Estado ha recordado que el 51% de las mujeres ha sufrido violencia digital, un 23% en el caso de las europeas: "No es asumible".

Rodríguez ha indicado que son violencia digital el acoso, los insultos, las amenazas, la difusión de la información íntima sin consentimiento, la extorsión, el control de dispositivos, el desprestigio, la trata y la explotación sexual a través de internet.

El plan estatal combatirá esta modalidad de violencia dirigida tanto a las mujeres como a las niñas, si bien la secretaria de Estado no ha detallado más términos del futuro plan.

"Cuanto antes"

La secretaria de Estado de Igualdad ha aprovechado su comparecencia para pedirle a los grupos parlamentarios que "aceleren lo máximo posible" los trabajos para la aprobación del proyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual, la ley del sólo sí es sí, que se está debatiendo en estos momentos en el Congreso de los Diputados: "Es importante que se apruebe cuanto antes, llegamos décadas tarde", ha dicho.

Ante el profundo debate y división existentes con respecto a la inclusión en esta ley orgánica de medidas para luchar contra la explotación sexual, especialmente el tipo penal de la tercería locativa y la ampliación del proxenetismo, Rodríguez ha adelantado que el Ministerio está abierto a que se regule en la futura ley contra la trata. En enero, el PSOE se pronunció en la misma línea.

"Nosotras creemos que probablemente lo mejor para estos tipos penales es que estuviera en una ley de trata. La lucha contra la impunidad proxeneta tiene sentido que esté en una ley contra la trata con fines de explotación sexual. No tendríamos ningún problema en este sentido. Reflexionémoslo conjuntamente, también si estas son las mejores herramientas para luchar penalmente contra la industria proxeneta. Estamos abiertas a ello, pero es un debate urgente", ha subrayado.

Los socios parlamentarios del Gobierno y también Cs han expresado a través de enmiendas su disconformidad con la inclusión de la tercería locativa en la ley del sí es sí. Éste y la definición del consentimiento son los asuntos donde la negociación parlamentaria va a resultar más compleja. Para ayudar a desatascarla, la Comisión de Igualdad escuchará a distintos expertos en la materia.

"Si no hay ese consenso, hagámoslo en la ley de trata, para nosotras lo importante es que se modifique porque hay una impunidad absoluta. (...) Al final, el lugar donde se modifica el Código Penal es lo de menos", ha incidido.

La secretaria de Estado ha avanzado que Igualdad tiene listo un borrador de la ley de trata, que considera "una de las grandes asignaturas pendientes de este país", en el que las víctimas quedan desprotegidas mientras los proxenetas, los tratantes y sus organizaciones criminales tienen una "impunidad absoluta". El texto de Igualdad se cimentará en dejar de exigir que las víctimas de trata tengan que colaborar con la justicia para ser protegidas y reflexionará sobre "cuál es la política de extranjería" de España, pues una grandísima mayoría de las víctimas de la explotación sexual son mujeres en situación administrativa irregular. "Respetaremos escrupulosamente los derechos humanos", ha asegurado.

Sistema público de atención

Durante su comparecencia, Rodríguez ha defendido la necesidad de modificar la ley de 2004 contra la violencia de género para que incluya todos los tipos de violencia contra las mujeres, incluidas la económica, la digital, la vicaria, la política y la institucional. También para hacer permanente la financiación del Pacto de Estado.

Igualdad quiere incluir en la futura reforma de esta ley la creación de un sistema público de atención a las víctimas de la violencia machista. Al igual que la sanidad y la educación públicas están garantizadas, el departamento de Irene Montero pretende que haya un cuerpo funcionarial especializado en la atención a las mujeres que padecen violencia y cuya existencia no dependa del color del Gobierno que esté en el poder.