El Gobierno permitirá a Barcelona y Madrid cobrar a los vehículos por entrar en el casco urbano

Las ciudades españolas con mayores problemas de congestión y contaminación en sus centros urbanos, como Barcelona y Madrid, tendrán en breve un instrumento más para luchar contra este fenómeno. Según el anteproyecto de ley de movilidad sostenible, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, los ayuntamientos podrán cobrar gracias a la futura norma una tasa a los vehículos que entren en las denominadas zonas de bajas emisiones. 

La ley, que para entrar en vigor todavía debe pasar por el trámite de audiencia pública, someterse al dictamen del Consejo de Estado, volver a ser aprobada por el Ejecutivo y después apoyada por la mayoría del Congreso y el Senado, simplemente contempla la posibilidad de que los municipios adopten una medida de este tipo. No concreta ni precios, ni qué vehículos podrían ser objeto de esta tasa. El anteproyecto de la norma se limita a señalar que la circulación por las zonas de bajas emisiones se considerará un “aprovechamiento especial del dominio público”, y que como tal “podrá ser gravado”. Según el Ministerio de Transportes, las “condiciones básicas” de este modelo serán iguales en todo el Estado, pero cada ayuntamiento decidirá si aplica o no la tasa. 

El Gobierno regulará el sistema de telepeajes para hacerlo compatible en toda Europa

Una medida de este tipo no es extraña en el ámbito europeo. Las grandes urbes nórdicas, como Estocolmo y Oslo, ya la aplican, y también lo hacen Londres y Milán. Allí los vehículos deben pagar para entrar en el centro, salvo en el caso de los residentes en las zonas de bajas emisiones o los repartidores de mercancías a los comercios del perímetro. 

Las zonas de bajas emisiones (ZBE) son de momento una excepción en España. Solo existen en Madrid y en Barcelona, cuyo consistorio ha llegado a barajar el cobro del peaje como el que posibilita la nueva ley, aunque no hay ninguna decisión tomada. En cualquier caso, las ZBE pasarán a ser la norma en todo el Estado dentro de poco. La ley de cambio climático, que entró en vigor el pasado mayo, obliga a las 149 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes a crear perímetros de este tipo antes del fin de 2022. 

La financiación de las carreteras

“Con esta ley se busca dar una nueva visión a las ciudades que priorice la movilidad activa (caminar, ir en bici) por ser la opción más saludable y exenta de emisiones, y al transporte público colectivo de manera que sea una solución accesible y asequible para toda la ciudadanía –señalan en Transportes sobre la futura norma-. La ley trata de dar alternativas atractivas al vehículo privado tanto en el ámbito urbano como en el conjunto del territorio, y facilita la provisión de soluciones de movilidad flexibles, que podrán consistir tanto en los servicios de transporte tradicionales como en nuevos servicios de movilidad, como sistemas de transporte público a la demanda, sistemas privados de movilidad colaborativa o servicios de movilidad compartida”.

Pero lo que no hace la norma es definir un modelo de peaje por el uso de autovías. El pasado octubre, la titular de Transportes, Raquel Sánchez, anunció que el Gobierno tendría lista su propuesta “en pocos meses”. Pero la posibilidad ha levantado una enorme polémica, así que el Ejecutivo ha decidido tomarse este asunto con más calma. "La ley no establece ningún modelo definido ni un plazo para su entrada en vigor, sino que faculta al Gobierno para que realice los estudios de alternativas que permitan establecer ese mecanismo de financiación. Pero es una cuestión compleja y el consenso de las administraciones y agentes del sector es una condición 'sine qua non' para definir ese modelo", dijo Sánchez este martes, tras el Consejo de Ministros. 

El anteproyecto se limita a abrir la puerta a este tipo de cobro. “El mecanismo de financiación procurará basarse en un sistema de pago por uso de, al menos, las carreteras de altas prestaciones de la Red de Carreteras del Estado, que tenga en cuenta criterios de equidad territorial, seguridad vial, y sostenibilidad ambiental –señala la norma-. Las medidas que puedan implantarse como consecuencia del estudio presentado estarán siempre amparadas en un amplio consenso social y político y se ajustarán a las circunstancias económicas concurrentes”.