Cambio legal inminente

Los antiabortistas se rearman ante la prisión por acoso: "Dios dirá si vamos a la cárcel"

Concentración frente al Congreso contra la reforma penal que castiga el acoso en las clínicas de aborto, el pasado 3 de febrero.

Concentración frente al Congreso contra la reforma penal que castiga el acoso en las clínicas de aborto, el pasado 3 de febrero. / Isabel Infantes / Europa Press

  • La entrada en vigor de la reforma penal coincide con una convocatoria de 40 días de rezos frente a las clínicas

  • Los centros de interrupción del embarazo defienden que la norma debería incorporar un perímetro de seguridad para quienes hostigan a las mujeres

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Juan Ruiz Sierra
Juan Ruiz Sierra

Periodista

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El calendario aparece dominado por los huecos de color rojo. Rojo a las nueve de la mañana, rojo a la una del mediodía, rojo a las ocho de la tarde. El escenario debería ser preocupante para los organizadores, al menos visto desde fuera: quedan menos de dos semanas para que comiencen unas larguísimas jornadas de rezos frente a las clínicas de aborto y faltan voluntarios de la oración por todas partes. Si no hay cambios, será un fracaso. Pero Nayeli Rodríguez, coordinadora de la iniciativa, asegura que no pasa nada. Todo irá bien. Están en buenas manos. “La gente se irá apuntando en nuestra web conforme se acerque la fecha, siempre ocurre lo mismo. Los turnos los lleva Dios –explica-. Es la labor de Dios”.

Del 2 de marzo al 10 de abril, durante 12 horas seguidas, frente a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo de 19 ciudades (de Badajoz a Zaragoza, pasando por Barcelona, Sevilla y Madrid), se desarrollará ‘40 días por la vida’, una iniciativa contra el aborto nacida en EEUU y ya presente en 60 países que consiste en reunirse frente los centros que practican estas intervenciones, mostrar pancartas con frases como “¿y si tuviera tu sonrisa?” o “no estás sola, podemos ayudarte”, llevar rosarios y, sobre todo, rezar sin parar. Ya ha habido varias convocatorias de este tipo en España durante los últimos años. Pero esta vez es diferente.

La nueva ley, en la línea de lo que ya existe en Alemania y Francia, castiga el acoso en clínicas con prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad 

En la segunda mitad del mes que viene, según los planes del Gobierno, entrará en vigor la reforma penal que castiga el acoso en clínicas de interrupción del embarazo con prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Aprobada en el Congreso a principios de febrero con el apoyo de todos los grupos salvo el PP y Vox, la norma, que va en la misma línea de lo que ya existe en Francia, Reino Unido y Alemania, se encuentra ahora en el Senado, donde fuentes socialistas señalan que se aprobará definitivamente, sin enmiendas, dentro de un mes. Después será publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) y al día siguiente entrará en vigor, coincidiendo con el ecuador de ‘40 días por la vida’, que en Madrid se concentrará frente a la clínica Dator y en Barcelona ante las clínicas Dalmases y Anglí.

La advertencia

En principio, si hay denuncia, a los participantes se les debería abrir un proceso penal. “Hay gente que está asustada”, admite Rodríguez, la coordinadora de las jornadas de rezos, en cuya web aparece bien visible una ventana que lleva al siguiente mensaje: “La conocida como ‘ley de criminalización de los provida’ (…) no ha entrado en vigor. (…) Os mantendremos informados en todo momento. Por favor, seguid siempre las indicaciones y protocolos recomendados y no tengáis miedo. ¡Viva Cristo Rey!”.

“Hay gente que está asustada. Comporta un riesgo que asumo porque mi vida está dedicada a esto”, señala la coordinadora de las jornadas ultracristianas

“Es verdad que comporta un riesgo, que yo asumo personalmente porque mi vida está dedicada a esto. Es una lucha que merece la pena. Dios dirá si voy a la cárcel. Pero nosotros no le vamos a pedir lo mismo a todo el mundo”, continúa Rodríguez, que nació en México hace 27 años y lleva 15 en España.

Ecografías en la calle

El antiabortismo radical está formado por diversos grupos, la mayoría relacionados entre sí. Antes de entrar en ‘40 días por la vida’, Rodríguez, por ejemplo, formó parte durante un año y medio de los conocidos como Rescatadores, mucho más agresivos: intentan parar a las mujeres que acuden a los centros, les ofrecen folletos, hacen preguntas para que expliquen su decisión, juzgándolas por el camino, e incluso, en ocasiones, al menos en Madrid, de la mano de un médico llamado Jesús Poveda, llevan una ambulancia móvil para intentar practicarles ecografías. Una de sus fundadoras, Marta Velarde, opta por no anticipar si mantendrá su actividad tras la entrada en vigor de la reforma penal. “Lo siento, no voy a contestar a esa pregunta”, señala primero. Después, dice: “Vamos a seguir igual, ayudando a las mujeres”.

Manifestación contra el aborto en Madrid en 2015.

/ Juan Manuel Prats

Tras décadas hostigando prácticamente a sus anchas, sin apenas denuncias porque quienes interrumpían su embarazo no solían estar por la labor de acudir después a la Policía contra los que las habían acosado, el movimiento intenta rearmarse ante lo que viene. Ahora ya no serán solo ellas quienes puedan denunciar, sino también los trabajadores de las clínicas. Hace un par de semanas, la asociación ultracatólica Abogados Cristianos divulgó una guía sobre el nuevo escenario. “Puedes ir a rezar ante un centro de abortos –explica el texto-. Si te dicen que no puedes, es mentira”.

“Teóricamente, la nueva ley no debería afectarnos –dice Rodríguez-. No van a proponer que se prohíba rezar. Todavía vivimos en un país democrático. Rezar no es ningún delito”.

“Por supuesto que pueden rezar, pero no frente a las clínicas, intentando obstaculizar un derecho”, señalan en la asociación que agrupa a los centros de interrupción del embarazo

Dicho así, en abstracto, no, no lo es. Pero todo puede cambiar cuando la oración tiene lugar a las puertas de una clínica y pretende obstaculizar el ejercicio de un derecho. A falta de conocer cómo aplicarán los tribunales la reforma, y aquí la iniciativa de ‘40 días por la vida’ servirá de termómetro, los impulsores de la ley tienen claro que este tipo de rezos se deberían perseguir. “Los acosadores que se encuentran en las puertas de las clínicas tienen una sola intención, y no es rezar: es coaccionar la libertad de las mujeres”, señaló durante el debate en el Congreso Laura Berja, diputada del PSOE.

Las comparaciones

En la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) acuden a dos ámbitos distintos para argumentar que lo que hacen los antiabortistas centrados en la oración es, sin duda, hostigamiento. “Por supuesto que pueden rezar, pero no frente a las clínicas. Si los testigos de Jehová se concentrasen junto a los autobuses donde se dona sangre, pidiendo que nadie entre, seguro que lo llamaríamos acoso. O si un grupo de ateos se colocara ante una iglesia con carteles que intentasen convencer a los fieles de que no acudan a misa porque aquello es un nido de pederastas, también”, explican fuentes del organismo, que califican la nueva ley de “gran paso”, pero al mismo tiempo defienden que debería haber establecido perímetros de seguridad en torno a los centros, como ocurre en Francia. “Veremos qué ocurre, pero en principio estos colectivos podrán seguir actuando, y nosotros tendremos que denunciar e iniciar el proceso judicial, haciendo todo más largo y complicado”, continúan en ACAI.

El hecho de que la inmensa mayoría de las intervenciones se hagan en centros privados y no en hospitales públicos provoca que el acoso sea mucho más sencillo 

La asociación publicó en 2018 un informe que ayuda a entender la extensión del fenómeno. Tras entrevistar a 300 mujeres que habían abortado en clínicas de toda España, el trabajo concluyó que el 89% se habían sentido acosadas y un 66% amenazadas. “Si la encuesta se llevase a cabo ahora, saldrían los mismos resultados, o incluso superiores. Siempre ha habido acoso, desde la ley de 1985, pero se intensificó con la ley de plazos, en 2010”, explican las mismas fuentes. 

Concentración antiabortista frente a la clínica Dator, en 2007.

/ Samuel Aranda

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Y esto, en el fondo, tiene que ver con una de las singularidades del sistema español. En 2020, el último año con datos, solo el 15,4% de las interrupciones en toda España se llevaron a cabo en centros públicos, donde por un complejo conjunto de factores (argumentos morales, desinterés, miedo a la estigmatización de los compañeros…) continúa imperando la objeción de conciencia de los médicos. Al tener que acudir a centros privados, dedicados únicamente a estas intervenciones, las mujeres que quieren abortar son mucho más fáciles de identificar por quienes buscan impedirlo. 

“La reforma penal es una buena medida, pero supone resolver algo muy puntual, no ir al fondo del asunto –señala Encarna Bodelón, profesora de Filosofía del Derecho en la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) y directora del grupo de investigación Antígona-. El problema básico tiene que ver con el acceso a la interrupción del embarazo, repleto de trabas. Y esto supone una irregularidad, porque debería prestarse en centros públicos al formar parte del derecho a la salud. Si fuera así, las mujeres no podrían ser tan estigmatizadas y señaladas”. Para intentar revertir esta situación, el Ministerio de Igualdad, dirigido por Unidas Podemos, ha anunciado que quiere reformar la ley del aborto, garantizando el derecho en la sanidad pública a través de un registro de objetores, pero no está claro cuando entrará en vigor. La negociación con el PSOE, su socio de coalición, se prevé larga.