La empresa investigada por el 'caso Bombers' admite que facturaban a destiempo

Eduardo Díaz Hervás, gerente de la empresa Iturri, investigada por las presuntas irregularidades en el servicio de mantenimiento del parque móvil de los Bombers de la Generalitat, ha declarado este viernes ante la jueza que la facturación a destiempo de algunas de las reparaciones de los vehículos era una práctica que se realizaba desde hacía años. El motivo, según ha explicado, era porque se acababa el presupuesto anual y debía facturarse posteriormente para poder cobrar el servicio. Esta práctica centra las pesquisas que se están instruyendo en un juzgado de Barcelona a raíz de una denuncia de la fiscalía. El proceso judicial está abierto por los delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y contra la administración pública. 

Díaz Hervás, que ha declarado en calidad de imputado, ha rechazado las imputaciones de los Mossos sobre las presuntas anomalías en la contratación y adjudicación del servicio de mantenimiento de vehículos y ha subrayado ante la jueza que "está en disposición de responder a cada uno de los aspectos que la policía incluye en sus informes", según fuentes jurídicas. Desmintió la existencia de irregularidades económicas y la posibilidad que se falsificaran facturas incrementando el montante económico real o duplicándolas. La falta de presupuesto, incidió, ha sido una constante desde que se otorgó el servicio ahora bajo sospecha, lo que obligaba, en su opinión, a efectuar esta operativa.

La declaración de Días Hervás tuvo que suspenderse al cabo de una hora y cuando tenía la palabra el fiscal. Y es que a los abogados de los imputados han alegado que no se les había entregado por parte del juzgado una documentación incorporada en la causa y de la que versaba algunas de las preguntas dirigidas al gerente de Iturri. El objetivo de la interrupción del interrogatorio es "garantizar el derecho de defensa", según fuentes jurídicas. El representante de la empresa deberá comparecer el próximo viernes 25 para continuar su declaración. También se ha aplazado para ese día y por el mismo motivo la comparecencia de Manel Pardo, exdirector del servicio de extinción de incendios de la Generalitat. El Ejecutivo catalán ha anunciado que se personará en la causa como perjudicada.

Mecánica "falsaria"

La jueza atribuye a altos cargos de la dirección general de Prevenció y Extinció de Incendis y de Bombers de la Generalitat de haber permitido las irregularidades "presupuestarias y contables" en el mantenimiento de los vehículos del cuerpo, una forma de proceder que califica de mecánica "falsaria", según los autos incorporados en la causa.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona que en un principio se hizo cargo del asunto (ahora está la titular) sostuvo en la resolución por la que se citaba a declarar a los investigados que "la gestión del presupuesto y del gasto público" del servicio adjudicado a la empresa Iturri "se revela tan irregular y permanente en el tiempo" que existen "indicios sólidos" que podrá ir "más allá de una mera infracción administrativa". Precisa que en esta operativa "ha exigido que concurra la acción de multitud de funcionarios públicos a quien se tiene y se ha tenido encomendada la tarea de controlar la forma en que se ha de distribuir el caudal público". Esta acción, "al parecer conocida por muchas personas y aceptada quizá por ser reiterada en el tiempo, puede exceder de la mera negligencia", subraya.

Paralización del pago

Esta semana, el secretario general de Interior, Oriol Amorós, anunció en el Parlament que ha paralizado el pago de las facturas de mantenimiento de los vehículos de los Bomberos a la empresa Iturri hasta que no haya concluido una auditoría que han encargado o hasta que se dicte una sentencia, después de que hayan detectado albaranes con "numerosas irregularidades".

Amorós reconoció que "no se hizo bien" la adjudicación del contrato de 2019 a Iturri -que fue prorrogado en 2020- durante la anterior etapa de Interior -cuando estaba en manos de Junts-, por lo que la actual dirección de la conselleria -dirigida por ERC- lo revocó cinco días después de asumir este departamento. Insistió en que no había "ningún sistema de control" ni "se sabía cuánto dinero quedaba" de lo presupuestado. A modo de ejemplo, explicó que había un lapsus de tiempo de tres meses entre el encargo y el pago, de manera que se trabajaba a "ciegas", ya que se encargaban reparaciones sin conocer cuánto presupuesto quedaba, lo que llevaba a reconocimientos de deuda que quedaban pendientes para el próximo año.