Tribunal de Justicia de la UE

Bruselas ve insuficientes las medidas de Madrid y Catalunya para reducir emisiones

España se enfrenta a la Comisión Europea durante un juicio sobre la calidad del aire en el país

Barcelona 3/2/2022 Contaminación en Barcelona vista desde el mirador de Horta Foto Ferran Nadeu

Barcelona 3/2/2022 Contaminación en Barcelona vista desde el mirador de Horta Foto Ferran Nadeu / FERRAN NADEU

EFE

EFE

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Comisión Europea afirmó este jueves que las medidas puestas en práctica durante los últimos años por Madrid, Barcelona, el Vallès Oriental y Occidental y Baix-Llobregat para reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno y cumplir con las directivas comunitarias de calidad del aire no han resultado suficientes, al situarse por debajo de los límites establecidos en el plazo más breve posible.

Durante el juicio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que enfrenta a España con el Ejecutivo comunitario a causa del presunto incumplimiento de estas regiones de las directivas europeas de calidad del aire, un caso abierto entre Bruselas y España desde los primeros avisos al país en el año 2015, la letrada de la Comisión, Eulalia Sanfrutos, aseguró que la denuncia ante la justicia comunitaria es pertinente porque la violación de las directivas europeas de calidad del aire en España se ha dado de manera "sistemática y generalizada". La abogada recordó que para impedir el incumplimiento sistemático "no basta con que los límites no se hayan superado algunos años", ni tampoco pueden tomar como referencia los valores medios de todas las estaciones de muestreo. El exceso en un punto aislado, continuó, es suficiente para considerarse que se ha infringido la norma.

España, por su parte, señaló que "en ningún momento ha habido un incumplimiento sistemático y generalizado" de la norma. A su juicio, "hay que analizar la tendencia completa, y esta dice que vamos hacia el cumplimiento", dijo su abogada, María José Ruiz Sánchez. "Hay que considerar la clara tendencia al cumplimiento que ha supuesto que tanto el número de estaciones como el margen de superación haya disminuido de manera continua como resultado de las medidas adoptadas", explicó Ruiz. Según sus datos, la zona que comprende las comarcas del Vallès Oriental y Occidental y Baix-Llobregat no supera los límites comunitarios desde 2018, y Barcelona no lo hace desde 2020, por lo que la letrada española ve "incuestionable que en estas zonas la tendencia es total hacia el cumplimiento". En el caso de Madrid, desde 2020 no se supera el valor límite horario y únicamente hay una desviación en cuanto al valor anual de cerca de 0,1 microgramos por metro cúbico, añadió.

La falta de recursos

La Comisión, no obstante, sostuvo que los datos de Madrid y Barcelona en 2020 "deben valorarse con cautela" por el contexto especial debido a la pandemia, que redujo fuertemente la movilidad y actividad económica. La abogada de la Comisión subrayó que, en el caso de la zona de bajas emisiones de Madrid, "tal y como está planteada no es una medida suficiente", cubre un área reducida, excluye muchos vehículos e incluye demasiadas excepciones, con muchas medidas "diferidas en el tiempo" y un horizonte de cumplimiento "bastante lejano". Sobre Madrid 360, aseguró que no se trata de un "plan de calidad del aire", sino solo de una "estrategia", y que no aporta un calendario preciso para su implementación. En el caso de las regiones en Catalunya, Sanfrutos ha afirmado que las medidas "no son suficientemente precisas" y consideró que no se han puesto a disposición "recursos para ejecutarlas".

Ante estas acusaciones, España pidió más tiempo. En los casos de Madrid y el área metropolitana de Barcelona, zonas densamente pobladas y con elevado tráfico, la principal causa de superación de los límites obedece precisamente a los vehículos de motor de combustión, una fuente de contaminación que ha de combatirse con "medidas estructurales" que "tardan tiempo en implementarse", defendió Ruiz. "El problema es que España se ha puesto en marcha demasiado tarde", contestó la letrada de la Comisión.

Según datos de Bruselas, casi 9.000 muertes prematuras en España son atribuibles cada año al NO2.