El 'major' Trapero reaparece en el juicio por el 'caso Macedonia'

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, ha reaparecido este miércoles tras haber sido distituído como máximo responsable de la policía de la Generalitat. Ha sido en un juicio que se está celebrando en la Audiencia de Barcelona por el llamado 'caso Macedonia" de presunto narcotráfico. Una de las unidades de Trapero es la que investigó este asunto en el que figura un confidente de los cuerpos policiales el imputado, Manuel C., hasta que el juez instructor, Joaquín Aguirre, les retiró la competencia para seguir con las pesquisas. El testigo ha explicado que el togado quería que interviniera los teléfonos de toda una unidad de la Guardia Civil y que registrase sus dependencias, a lo que él se negó y pidió una orden por escrito, que, al final, no se cursó.

Trapero ha asegurado en la vista que con el 'caso Macedonia' se intentó desacreditar la labor de un fiscal, de un confidente y de los mossos que se estaban encargando de las pesquisas, hasta tal punto que el juez mantuvo como imputado a un jefe policial bajo sus ordenes durante meses. La sombra del excomisiario José Manuel Villarejo planea sobre esta supuesta operación. La defensa del principal acusado y confidente, Manuel C., le acusó de fabricar el caso contra él con el último objetivo de "desprestigiar" al mayor de los Mossos. Trapero ha asegurado que "desconocía" si este este exjefe policial tuvo un papel o no en esta maniobra, pero se ha refirmado en que se intentó desacreditar a los agentes que investigaban el asunto.

Diez años después

El juicio se celebra once años después de que estallar la investigación sobre una presunta trama de trafico de drogas y corrupción policial, bautizado como ‘caso Macedonia’, que llenó páginas y páginas en la prensa. En la Audiencia de Barcelona se sientan en el banquillo 17 imputados, entre ellos un mosso, José R., destinado en la comisaría de Vilanova. La fiscalía reclama para los imputados penas de entre los cuatro y los 11 años de prisión, aunque cinco de ellos se han conformado con penas menores.

La acusación pública sostiene que en el “entramado criminal” creado para la distribución de droga era destacable la facilidad de los acusados “para relacionarse con miembros de las fuerzas y cuerpos policiales”, que añadían a su conducta delictiva un “plus de peligrosidad” al poder desarrollarla con mayor eficacia, “sin temor a ser descubiertos”, y con impunidad, “al ser dificultosa su identificación y detención”. La red, a su entender, presuntamente estaba encabezaba por el confidente Manuel G. C. Precisamente el abogado de este empresario solicitó, aunque se rechazó, la declaración del excomisario José Manuel Villarejo, un expolicía y un exjefe de la UDEF por un audio en el que se planeaba desacreditar a este imputado.