La Generalitat denegó el 63% de la rentas garantizadas durante la pandemia

Tras la explosión de la pandemia, el aumento galopante de la tasa de pobreza o las largas colas del hambre mostraron que la otra cara de la moneda del coronavirus era el impacto económico, especialmente entre los colectivos más desfavorecidos que no habían salido de la anterior crisis financiera. Las oenegés llevan tiempo denunciando y exigiendo un cambio en las políticas sociales, porque las ayudas no llegan a los hogares que lo necesitan. Una respuesta parlamentaria al PSC lo vuelve a demostrar este martes: la Generalitat denegó 63% de las peticiones para percibir la renta garantizada en Catalunya durante los años 2020 y 2021.

Hasta la llegada del Ingreso Mínimo Vital, la Generalitat de Catalunya, y el resto de comunidades autónomas, eran las encargadas de dar una ayuda social a las personas sin empleo y sin ninguna prestación a la que poder recurrir. En este caso, la renta garantizada de ciudadanía. En 2020 y en 2021, 56.675 hogares solicitaron esta prestación. Sin embargo, el Govern solo la aceptó tramitar para 20.630 casos. En el 63% de los hogares esta ayuda social fue denegada.

Pero la renta garantizada de ciudadanía también sirve para complementar otras ayudas estatales o subsidios, como por ejemplo la jubilación o ayudas por discapacidad que no lleguen a los 600 euros al mes por afectado. En este caso, la Generalitat facilita un complemento. En estos dos años de crisis pandémica se solicitaron 42.746 complementos pero solo lo han recibido 17.734. Es el 58%.

Un mal generalizado

"No estamos llegando a la gente que lo necesita", insiste el diputado socialista que ha accedido a esta información pública, Raúl Moreno. Una frase que hace meses que también vienen pronunciando las entidades sociales del tercer sector. De hecho, según un informe interno del Govern que desveló EL PERIÓDICO, el 62% de las familias en pobreza severa no perciben esta renta social, y además el Govern ha presupuestado menos dinero para esta ayuda que los años anteriores. "Estos datos vuelven a poner de relieve que las políticas sociales deben ser proactivas, hay que hacer un esfuerzo para llegar a las familias que, por situación de pobreza, tienen enormes dificultades de participación", ha añadido el diputado socialista. Que, además, recuerda que esta situación no difiere mucho de la que ocurre con el Ingreso Mínimo Vital.

Entre las denegaciones se cuentan el hecho de superar el número de ingresos que establece la ley o no aportar suficiente información para acreditar la unidad familiar del núcleo afectado. Y es que no son pocas las entidades sociales que reclaman un cambio en los criterios para percibir la RGC. Por ejemplo, retirar la obligatoriedad del permiso de residencia, la necesidad de tener un contrato de alquiler para justificar el lugar de residencia o permitir que los trabajadores pobres y precarios puedan acceder a ella. Moreno, además, insiste en que el articulo 7.3 de la ley que regula esta prestación social se establece que las personas que no cumplen los requisitos pero están en una situación de pobreza certificada por los Servicios Sociales deben tener acceso a esta ley. "Es evidente que no se cumple", insiste el diputado.

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