Ocupan durante dos horas la sede del distrito de Ciutat Vella para frenar dos macrodesahucios

Una cuarentena de personas, agrupadas por la asociación Resistim al Gòtic, han ocupado esta mañana la sede del distrito de Ciutat Vella de Barcelona durante al menos dos horas. Los activistas piden una solución para más de 40 personas en situación de vulnerabilidad que han ocupado dos edificios del barrio. El ayuntamiento pide a los dos propietarios, el Centro de Estudios de Turismo adscrito a la Universidad de Barcelona y el Arzobispado de Barcelona, que paralicen el desahucio y busquen una vivienda alternativa a los ocupantes. El arzobispado señala que debe ser la Administración quien asuma esta responsabilidad.

Raúl tiene 74 años, un estado frágil de salud y vive con su hijo en un piso ocupado porque no tiene dinero para pagarse una vivienda en la ciudad. Los servicios sociales han reconocido la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Ellos son solo dos de las casi 20 personas que ocupan un edificio ubicado en el número 20 de la calle Nou de Sant Francesc. Raúl vive en el único piso con cédula de habitabilidad, y el resto de integrantes, la mayoría personas migrantes sin papeles ni permiso de residencia, lo hacen en pisos similares del edificio que no están suficientemente acondicionados pero que les salvan del frío y la lluvia.

La finca pertenece al Arzobispado de Barcelona, que hace meses inició un procedimiento judicial para desahuciar a los habitantes. El día 4 de noviembre el desahucio se suspendió. "El ayuntamiento nos pidió tiempo para encontrar espacios dónde realojarlos", dicen desde el arzobispado. De hecho, en aquel momento, los propietarios, los ocupantes y el consistorio se dieron cuatro meses de margen para intentar encontrar una solución. "Han pasado tres meses y no sabemos nada de ninguna negociación", se quejaban los activistas, que temen que el 28 de febrero todos los que viven en este edificio terminen en la calle.

Diferencias entre ayuntamiento y arzobispado

El ayuntamiento señala al propietario, en este caso el arzobispado. Fuentes del distrito de Ciutat Vella apuntan que deben ser los propietarios quien les encuentren una vivienda alternativa a Raúl y al resto de habitantes. Y de hecho, reclaman que retiren la denuncia del desahucio. De lo segundo, la institución religiosa no quiere dar detalles. Y sobre el realojo, aseguran que es una función del consistorio garantizar el derecho a la vivienda de sus ciudadanos, aunque asumen que en muchas ocasiones las entidades religiosas ayudan a ello. Se están planteando hacerle un alquiler social a Raúl y a su hijo, y señalan que el resto de plantas no son habitables. "Nosotros no queremos desahuciar a nadie y vamos a esperar el tiempo que haga falta hasta que el ayuntamiento encuentre viviendas dignas para estas familias", insisten desde el arzobispado.

Pero este lunes también han asistido a la protesta los más de 20 integrantes de la Casa África, una finca que se encuentra en una situación idéntica. Pendientes de la negociación con el ayuntamiento, una familia con niños a cargo y casi dos decenas de jóvenes migrantes sin papeles ni recursos pueden acabar a la calle en menos de un mes. El consistorio, que asume que los integrantes son personas en riesgo de exclusión social, vuelve a señalar a los propietarios, en este caso la escuela de turismo CETT adscrita a la Universitat de Barcelona. Sin embargo, la escuela no quiere hacer declaraciones de este caso ni comentar el futuro que les espera a los ocupantes.

Suscríbete para seguir leyendo