Las escuelas catalanas flexibilizarán la inmersión según el barrio o municipio

El Departament d’Educació está estos días ultimando los nuevos currículums de infantil, primaria, ESO, bachillerato y FP de grado medio en aplicación de la nueva ley de educación, la Lomloe o ‘ley Celáa’ para el curso 2022-2023. Esos currículums, que quedarán plasmados en tres decretos, además de incluir el nuevo modelo de enseñanza y evaluación por competencias, pueden ser un instrumento del Govern para dar respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a todos los centros educativos de Catalunya a impartir un 25% de materias en castellano.

El 50% de esos currículums viene marcado por el Ministerio de Educación, mientras que el 50% restante compete a las autonomías. En el caso de Catalunya, y concretamente en el decreto de educación básica, que incluye primaria, ESO y FP de grado medio, Educació pretende utilizar ese 50% para dotar de mayor autonomía de gestión a los centros para que puedan desarrollar su proyecto. Es lo que les trasladó la secretaria de Transformación Educativa de la ‘conselleria’, Núria Mora, a los directores de centros en una reciente reunión. "En nuestro 50% daremos el máximo peso a la autonomía de centros para que decidan cómo dar respuesta a las necesidades de aprendizaje de su alumnado", les comunicó.

Asimismo, y en línea con esa filosofía de más autonomía de gestión, el decreto de educación básica contemplará que los centros tendrán un 20% del horario lectivo, esto serán 5 o 6 horas a la semana, para atender especificidades del alumnado según el territorio o entorno o problemáticas curriculares del mismo, según detalló en la misma reunión Ramon Grau, subdirector general de Ordenación Curricular. Ese 20% del tiempo podría ser la vía para que los colegios aumentaran, por ejemplo, las horas de castellano, o de catalán.

Un porcentaje de horas de gestión propia

Concretamente, el borrador del decreto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO recoge que "los centros dispondrán de un porcentaje del horario semanal que gestionarán de forma autónoma. Estas horas las podrán dedicar a vertebrar un proyecto globalizador de carácter transversal o bien centrarlas en la resolución de aquellas problemáticas curriculares que el centro tenga planteadas derivadas de su entorno".

O como más claramente lo expresó Grau: "Si un centro, por su entorno sociocultural, detecta deficiencias, por ejemplo en el ámbito de la lengua, podrá dedicar esas horas a potenciar su proyecto lingüístico. Si el centro opina que el horario da pocas horas a según qué materia, podrá coger estas cinco horas y dedicarlas a lo que crea conveniente".

Y aquí encajaría el cumplimiento de la sentencia del TSJC. Los centros tendrán, por un lado, un horario marco genérico, con unas horas fijas por materia. Y, por otro lado, en virtud de su autonomía y respaldados por el decreto, tendrán 5 horas a la semana que podrán dedicar a dar más catalán o más castellano u otras asignaturas que consideren que ayudarán a reforzar las competencias del alumnado. Este borrador se ha hecho llegar ya a las direcciones de los centros que podrán introducir mejoras antes de que el Govern lo apruebe.

Archivadas las denuncias por la inmersión

Y mientras, en los juzgados, la Fiscalía Superior de Catalunya ha archivado las denuncias contra el 'president', Pere Aragonès, y el 'conseller' de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por anunciar que mantendrán el modelo de inmersión lingüística en las escuelas, al entender que no han realizado "ninguna acción" para desobedecer a la justicia.

En su decreto de archivo, la Fiscalía sostiene que, más allá de las declaraciones públicas, no consta que el Govern haya "dictado orden o instrucción concreta con eficacia en el plano administrativo tendente al desacato" de la sentencia del TSJC. Además, para el ministerio público, solo podrían incurrir en delito los que están llamados a cumplir el mandato del TSJC, es decir "los respectivos directores o directoras de los centros en los que la cuestión pudiera suscitarse", añade el decreto de archivo de las denuncias, presentadas por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y el sindicato ultra Manos Limpias.

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