En Barcelona

El desamparo del barcelonés que quedó tetrapléjico tras una paliza callejera

  • El cocinero Leo Higa Allende reclama el derecho a una pensión de invalidez después de que un juez se la haya retirado al descartar que la agresión al salir de trabajar pueda considerarse accidente laboral

Leo Higa, postrado en la cama, es atendido por su madre, Elena Allende.

Leo Higa, postrado en la cama, es atendido por su madre, Elena Allende. / Jordi Otix

5
Se lee en minutos
J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

Escribe desde Barcelona

ver +

Vive postrado en una silla de ruedas y necesita ayuda las 24 horas. Sus manos no le responden y tiene dificultad para hablar. Un 'sí' lo expresa alzando el dedo pulgar. “Respira, respira antes”, le aconseja su madre, Elena Allende. Entonces balbucea. A Leo Higa Allende le cambió la vida en la madrugada de 25 de febrero de 2018. Tenía 37 años y era padre desde hacía poco. Tras salir del restaurante donde trabajaba, recibió una brutal paliza en la avenida del Paral.lel, en Barcelona. Se quedo tetrapléjico. Él explica que uno de los cinco atacantes le propinó un golpe en la cabeza con una barra y le hundió una parte del cráneo, lo que le produjo severas secuelas neurológicas. Un juez descartó que la agresión fuera un accidente laboral y la mutua que debía hacerse cargo de la pensión de invalidez dejó de pagar.

La familia de Higa acondicionó una habitación en la agencia de viajes que administra su madre. Una cama y una televisión. “Le gusta seguir por internet los cursos de idiomas, como el japonés y el francés”, asegura Elena. Allí vive durante el día el que fuera cocinero de un restaurante de la Barceloneta. En un patio interior, todavía guarda, cubierto con un plástico, el saco de boxeo. “Era muy deportista”, recuerda la mujer. Su vida se fue al traste tras la paliza recibida. Médicos, operaciones, hospitales, riesgo de muerte. Un constante sufrir para él y sus parientes cercanos. Su día a día es monótono: por la mañana, rehabilitación; por la tarde, su hermano le lleva a pasear.

Leo Higa, con el soporte de su madre y con suma dificultad, relata lo que le ocurrió ese 25 de febrero. Las palabras le salen a cuentagotas. Es un sonido profundo. Cuesta entenderle. Elena pregunta y él responde. Pasaban unos minutos de las 12 de la noche cuando, según su versión, un grupo de cinco personas de origien "dominicano" se le acercaron cuando iba montado en su bicicleta. “Me pegaron; me querían robar. Yo me defendí. Uno me pegó con una barra de hierro”, relata con frases cortas. Perdió el conocimiento. Los atacantes nunca fueron detenidos . A partir de ahí, Higa libró una dura batalla para salvar su vida. Pasó cuatro meses en el Hospital Clínic, donde estuvo en coma profundo y le practicaron varias operaciones. Después, pasó por otros centros sanitarios y de rehabilitación. Todavía lleva una sonda y pañales.

Serias dificultades económicas

La madre, reconoce, mendigó por la calle ("por sitios de turistas") para recabar fondos e, incluso, se entrevistó con la alcaldesa, Ada Colau, para pedirle ayuda. Gracias a una campaña de recolecta a través de internet reunió unos 8.000 euros en tres días, que aliviaron un poco su maltrecha economía, que la pandemia acabó de rematar. La agencia de viajes de su propiedad se resiente desde la irrupción del coronavirus. Hasta noviembre del 2019, a Leo no se le reconoció la pensión de gran invalidez que ahora se le han retirado. "El día que no tenemos dinero, no comemos el resto de la familia, pero a mi hijo no le falta de nada", insiste Elena.

Leo Higa, con su madre, antes de recibir la brutal paliza.

/ El Periódico

El caso de Leo es peculiar. A las 23.30 horas, una hora antes de su agresión, había finalizado su jornada laboral en el restaurante de la Barceloneta donde era cocinero. Era su último día en esa empresa. Le había salido un nuevo trabajo en Eivissa y quería cambiar de aires con su mujer y su hija pequeña. Iba a una casa de una familia adinerada. Esa noche del 25 de febrero, fue a tomar una cerveza con un compañero. Luego emprendió el camino hacia su casa en su bicicleta. A las 0.29 horas, frente al número 127 de la avenida del Paralelo, le atacaron. Elena, su madre, concreta: “Le intentaron robar, pero se zafó de ellos. Cuando se alejaba, le llamaron maricón. Entonces se bajó de la bicicleta y le golpearon”. “Me defendí”, puntualiza él.

¿Accidente de trabajo?

El atestado policial no juega a su favor. La sentencia que provoca que Leo dejara de cobrar declara probado que “se inició un pelea” entre este y “diversas personas”. Con una de ellas, indica el fallo judicial, se encaró. Al final, fue una batalla campal. Uno de los atacantes, asevera la resolución, propinó una patada a Leo en la espalda, “cayéndose en el suelo” y “golpeándose en la cabeza”. El herido, sin embargo, dice que le golpearon con una barra. Al cabo de un tiempo, su mujer le abandonó y se fue a vivir con su hija a otra ciudad.

El titular del Juzgado de lo Social número 20 de Barcelona sostiene que las lesiones que sufrió Leo, a pesar de haber sido causadas en un incidente en el trayecto a su domicilio, fueron “por razones ajenas al trabajo” y por “circunstancias propias de su participación consentida en una pelea”. “Las lesiones no guardan relación alguna con el trabajo de Higa, sufriendo la agresión de un tercero por razones personales” y “al margen de toda conexión laboral", a la vez que le acusa de haber “incitado” la pelea. La resolución precisa: “Podía haber fácilmente evitado marchando del lugar” y no haber "continuado la discusión hasta en dos ocasiones".

El magistrado, por lo tanto, estima la demanda de la mutua. Argumenta que la agresión no fue un accidente laboral ‘in itinere’ (ocurrió en el trayecto del trabajo al domicilio), a pesar de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se lo reconoció a Leo en noviembre del 2019 y, a raíz de ello, tenía derecho a cobrar una pensión de gran invalidez.

Noticias relacionadas

El abogado de Leo, Ignasi Colomer, del despacho Vosseler, ha presentado recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el que reclama la nulidad de la sentencia. Su escrito destaca que en el juicio laboral no se practicó prueba alguna, ni la declaración de los instructores del atestado policial, ni la de los testigos, por lo que se ha producido, a su entender, “indefensión”.

El letrado destaca que, según la jurisprudencia, el atestado debe ser considerado una “mera denuncia” y no “prueba documental”, salvo en los datos objetivos. En su opinión, las testificales recogidas en el atestado no son pruebas si no se ratifican en el juicio, lo que no ocurrió durante el proceso. La fundamentación del juez, indica, “se justifica exclusivamente en las conclusiones del atestado policial” . "Llegaré hasta donde haga falta", insiste la madre de Leo. Con insistencia, pide que alguien le lleve de paseo, como cada día, por los alrededores de la Estación de Sants.