La Unión Europea da forma a la ley que regulará las plataformas digitales

“Es momento de poner orden en el salvaje oeste digital”. Así es como el comisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton, ha dado la bienvenida a la Ley de Servicios Digitales (DSA), la esperada regulación del mercado digital que impulsa la Unión Europea (UE) y que puede transformar internet tal y como lo conocemos. Este jueves el Parlamento Europeo ha aprobado su posición sobre una medida que deberá negociarse con el Consejo Europeo y la Comisión Europea (CE) y cuya aprobación final podría llegar en abril o mayo.

Casi dos años después de que se pusiese sobre la mesa, este mastodóntico proyecto legislativo establece una serie de nuevas reglas para las compañías tecnológicas que afectarán a redes sociales, servicios de mensajería y tiendas de aplicaciones. Esas normas van desde eliminar el contenido ilegal publicado en esos espacios a limitar la extracción de datos de los usuarios para la publicidad personalizada, pasando por nuevas obligaciones y mecanismos de transparencia sobre los algoritmos.

El texto aprobado por la Eurocámara y anunciado por su nueva presidenta, Roberta Metsola, impone importantes restricciones a la publicidad digital que se alimenta de la recopilación de datos privados de los ciudadanos y prohíbe el uso específico de datos sensibles como el origen racial o étnico, la orientación sexual o las creencias religiosas y el uso de datos de menores. La enmienda multipartidista que pedía una prohibición total de esa publicidad no ha prosperado. Aún así, supone un importante revés al modelo económico de vigilancia masiva que copa el duopolio formado por Google y Facebook. El año 2020, Google facturó 147.000 millones de dólares en publicidad, lo que supone hasta un 80% de sus ingresos. En el caso de Facebook ese porcentaje crece hasta el 85%, acumulando 84.200 millones.

Adaptarse a los tiempos

En los últimos años, la UE se ha visto superada por el meteórico ascenso de plataformas digitales que han transformado la economía y la sociedad. La consolidación de poder de empresas como Google, Amazon o Facebook ha ido a menudo de la mano de prácticas abusivas. Bruselas ha tratado de contenerlas investigando caso por caso y aplicando sanciones basándose en la Directiva sobre el Comercio Electrónico, aprobada el año 2000 y que aún sigue vigente. La DSA permitirá adaptar la ley a los tiempos que corren e ir más allá de los casos individuales para regular las plataformas digitales.

Con esta directiva, la UE busca reafirmar su liderazgo mundial en la protección de datos y agilizar la fiscalización de las grandes tecnológicas, pilares que pueden marcar el internet de la próxima década. Bruselas ha reiterado que su voluntad es crear un espacio digital más seguro y privado para los usuarios. Las obligaciones de la DSA afectarán a las más de 10.000 plataformas digitales que operan en territorio europeo, pero incidirán de forma especial en la actividad de gigantes de la industria. Cuanto mayor sea la empresa mayores serán los requisitos a cumplir. Aunque sean extranjeras, todas deberán contar con representantes legales en Europa.

Coto a la desinformación y al odio

Uno de los principales objetivos de esta medida es hacer que todo lo que es ilegal 'en la calle' también lo sea en el mundo digital. Así, se incentiva a las plataformas a limitar los mensajes de odio y la proliferación de desinformación –que no es ilegal—, pero a hacerlo de una forma “diligente, proporcionada y no discriminatoria”. La directiva vigente hasta ahora, sellada antes de que Facebook, Twitter o Youtube existiesen, señala que esos proveedores de servicios en línea no son responsables de los contenidos ilegales que se comparten y solo deben eliminarlos cuando un juez así lo establece. La DSA mantiene ese principio.

Sin embargo, la normativa pide a las plataformas moderar su contenido para mitigar riesgos sociales y será la CE quien evalúe si han hecho lo suficiente. "¿Podrán las autoridades presionar a esas empresas para que eliminen desinformación? Eso crea una inseguridad jurídica importante", explica a EL PERIÓDICO Joan Barata, investigador del Cyber Policy Center de la Universidad de Stanford, que advierte que eso llevará a que multitud de casos queden en las manos de los jueces de cada estado miembro.

Ese punto también ha despertado las críticas de organizaciones en defensa de los derechos digitales como Xnet, que han alertado de que la normativa puede llevar a las plataformas a una “retirada desmesurada de contenido legítimo” que afecte a los derechos fundamentales. Eso es, que la obligación de frenar la desinformación y los mensajes de odio bajo amenaza de sanción degenere en una censura de la libertad de expresión. Un temor que Barata también comparte.

Por otro lado, la DSA afectará al comercio electrónico y, aunque no las hace responsables de la posible venta de productos ilegales, sí obligará a plataformas comerciales como Amazon o eBay a verificar la identidad real de los vendedores. Esa obligación también se ampliará a proveedores de servicios como los registros de nombres de dominio o las redes de distribución de contenido. Eso significa que para crear una web, por ejemplo, antes deberá verificarse la identidad de su impulsor.

Más transparencia

El texto aprobado este jueves establece que esas compañías deberán ser mucho más transparentes. Así, entre otras cosas, deberán informar a las autoridades sobre qué medidas toman para identificar y eliminar la publicación de contenido ilegal, sobre quién patrocina los anuncios que ven los usuarios y sobre el funcionamiento de sus algortimos de recomendación, que deberán ser sometidos periódicamente a auditorías externas. El mundo académico deberá tener acceso a esos datos para poder estudiar el impacto social de esas tecnologías.

La DSA tendrá ventajas visibles para los usuarios. La norma obligará a las plataformas a informarles de la eliminación de contenido y darles instrumentos para que puedan impugnar esa decisión. También deberán ser más transparentes con las condiciones de uso y las políticas de privacidad y facilitar a los usuarios rechazar el uso de sus datos personales. Hasta ahora las plataformas han informado de sus términos con kilométricos textos legales de difícil comprensión y han usado técnicas de diseño ('Dark Patterns') que llevan a los usuarios a aceptar su rastreo, como sucede con las cookies. Esa medida quería ser frenada por los eurodiputados conservadores pero ha terminado prosperando.

Además, el paquete de la nueva regulación europea incluye la Norma de Mercados Digitales (DMA), dirigida a las grandes empresas y que prohibirá impedir que los usuarios se desinstalen aplicaciones instaladas por defecto. En caso de incumplimiento, la DMA establece sanciones de hasta el 10% del volumen de negocio mundial de esas compañías.

Sin excepción para los medios

En los últimos días, el Europarlamento ha debatido una enmienda que pedía eximir a los medios de comunicación de la normativa, lo que habría supuesto negar a las plataformas la impugnación de contenidos publicados por esos editores. Sin embargo, esa excepción ha sido finalmente rechazada. La Federación Europea de Periodistas se había opuesto a esa medida y María Ressa, periodista filipina y premio Nobel de la Paz, la había descrito como un "cheque en blanco" para "permitir la desinformación a escala industrial". "Era una gran amenaza y ha logrado evitarse", apunta Barata.

Otras organizaciones en defensa de los derechos digitales, como Access Now, han celebrado el acuerdo parlamentario: "Es una victoria que lanza un claro mensaje a las plataformas digitales: vuestro reinado de privilegio ha acabado". Aunque aún queda batalla por delante, la DSA es un gran paso en esa dirección.