Pacto para regular por ley el alquiler social

Junts y la PAH, claves del acuerdo antidesahucios

  • La formación de Puigdemont logra introducir compensaciones a los pequeños propietarios a la hora de ofrecer alquiler social

  • El acuerdo final es un equilibrio entre las posiciones iniciales de la PAH y la izquierda y las enmiendas que planteó JxCat

El portavoz de JxCat, Albert Batet.

El portavoz de JxCat, Albert Batet. / Laura Batlle

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Fidel Masreal
Fidel Masreal

Periodista

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Victoria parcial de Junts per Catalunya en el Parlament. El desbloqueo de las negociaciones entre partidos para aprobar una nueva ley antidesahucios ha acabado dando a la formación del 'expresident' Puigdemont un papel determinante. Pese a que inicialmente estampó su firma junto a ERC, 'comuns' y CUP en favor de un determinado texto, finalmente Junts ha logrado introducir modificaciones parciales en una dura y larga negociación no sin tensiones con ERC y con la PAH. El resultado final es un equilibrio en el que según admiten también las fuerzas de izquierdas, se ha introducido el concepto que reclamaba JxCat: compensaciones a determinados propietarios.

Finalmente, el redactado del texto que se votará en el pleno definitivamente en unas semanas, incluye estas compensaciones en forma de alquiler social, de las que se hará cargo la Generalitat a través de la Agència d'Habitatge, que pagará los alquileres a través de ayudas o como arrendatario. Esto no incluye a los grandes tenedores bancarios, filiales inmobiliarias de estas entidades, fondos de inversión y entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria. Los grandes tenedores no tendrán acceso a las ayudas de la Generalitat y serán los encargados de ofrecer un alquiler social obligatorio a las familias vulnerables.

Junts planteó batalla en cuanto a estas ayudas compensatorias a los propietarios, aduciendo que en la actuación en materia de vivienda del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos existen estas compensaciones en las moratorias antidesahucios, y argumentado que de lo contrario el Tribunal Constitucional podría anular la regulación del alquiler social forzoso. JxCat también planteó batalla para mantener lo que fijaba el decreto aprobado en el 2019 y que el Constitucional tumbó por motivos de forma.

En la larga negociación de los últimos meses, los partidos de izquierda se mostraba contundente contra estas compensaciones. Finalmente, según admiten, se ha asumido que sin Junts no existía una mayoría suficiente para aprobar la ley, dado que el PSC también estaba en posiciones más moderadas y alejados del nucleo duro de ERC, 'comuns', CUP y la PAH. De hecho, los socialistas, al conocer el pacto final, han mostrado su disposición a votarlo.

Las claves de la ley

Una vez el Parlament ratifique la ley, habrá renovación obligatoria de los alquileres sociales de los grandes tenedores de viviendas, lo cual evitará desahucios de personas con alquileres firmados en el 2015 y se impedirá, según la PAH, "una nueva oleada de desahucios". Se evita el llamado "desahucio invisible" de familias con exclusión residencial que quedan sin vivienda cuando vence su contrato de alquiler con un gran tenedor. También se habilitan alquileres sociales para familias que han ocupado pisos de fondos buitre por falta de alternativas, y que estén viviendo desde antes de junio de 2021. O familias que por una ejecución hipotecaria se han mantenido en el piso.

También se amplia la definición de gran tenedor, que incluirá a personas jurídicas de más de diez viviendas (15 en el caso de las personas físicas); se obliga durante 5 años (siete si es una persona jurídica y 12 si es un banco o fondo buitre) a mantener durante cinco años la oferta de alquiler social. Antes este período era de 3 años. Y, entre otras medidas, se elaborará un registro de grandes tenedores (los que tengan más de diez viviendas) para facilitar el cumplimiento de la ley.

Los grandes tenedores no vinculados a bancos o fondos buitre sí podrán pedir a la Generalitat que les alquile la vivienda a precio de protección oficial quedándose como inquilinas con un alquiler social con la administración. Este es el punto clave de todas las negociaciones y finalmente Junts ha logrado mantener su intención pese al rechazo inicial que despertó entre los firmantes de la nueva ley.

La clave política de este episodio es que a diferencia de la regulación de los alquileres, que generó una fuerte tensión interna en Junts y acabó con diputados del PDECat votando en contra y una negociación in extremis con posiciones contradictorias entre el entonces 'conseller' de Vivienda Damià Calvet y su propio grupo parlamentario, esta vez Junts ha blindado su posición de la mano de sus integrantes en el Govern. Y ha podido exhibir este jueves músculo y capacidad de acuerdo con entidades sociales.

El precedente

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La nueva normativa catalana es un nuevo intento de blindar la ley que surgió en el 2015 fruto de una iniciativa legislativa popular en favor de la vivienda social y contra la pobreza energética. A finales de enero de 2021, el Tribunal Constitucional anuló por unanimidad el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda impulsado en 2019 por la Generalitat, que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupasen ilegalmente una vivienda. Los magistrados justificaban su decisión en que el Ejecutivo catalán debería haber utilizado una ley en lugar de un decreto para formular la norma.

La sentencia se produjo a raíz de un recurso del PP, que impugnó el decreto ley al considerar que vulneraba el derecho a la propiedad privada y no respetaba un derecho fundamental que se aplica en toda España.